El tercer paso en la investigación ha consistido en calcular el patrimonio neto de cada sociedad y de cada persona. Además, se ha conseguido averiguar quién controla las empresas, un elemento indispensable para corregir el fraude o el delito cometido.
El censo de la Agencia Tributaria en el 2018 fue de 71,06 millones de contribuyentes, de los cuales, 62,67 millones eran personas físicas y 7 millones, personas jurídicas. Existen más personas físicas que habitantes en España (46,5 millones en el 2017) debido a que en el censo se incluyen, también, los no residentes (más de 9 millones) y los fallecidos, cuyos impuestos no han prescrito.
En el año 2017, de los 46,53 millones de habitantes censados, 202.437 (un 0,43% del total) declararon bienes en el impuesto sobre el patrimonio por un valor de 669.062 millones de euros. Ahora bien, esta cifra no representa el total de la riqueza. Corresponde a los bienes de los contribuyentes que tienen más de 2 millones de euros y que, por lo tanto, están obligados a declarar este tipo de impuesto.
A partir del resto de información a disposición de la Agencia Tributaria, y gracias a algoritmos y técnicas de big data (‘macrodatos’), se ha conseguido obtener una cifra más exacta. De esta forma, se ha detectado que unos 37 millones de ciudadanos son propietarios de algún activo, como la cuenta bancaria donde ingresan la nómina. Esta cifra corresponde al 79,5% de los habitantes, con un patrimonio neto positivo medio de 141.000 euros por cada contribuyente. Por otro lado, también se ha constatado que 15,3 millones de personas físicas censadas, de las cuales 9,23 millones eran ciudadanos españoles vivos, no poseían patrimonio alguno en el 2017.
Por primera vez se ha incluido en el cálculo de la distribución de la riqueza aquella que se posee en empresas no cotizadas en bolsa, tanto si el contribuyente es directamente socio de estas empresas como si participa indirectamente en ellas a través de otras empresas. Esto representa el 11,37% del total de la riqueza en España. Hasta ahora no se disponía de estos datos y, sin ellos, el cálculo de la distribución de la riqueza era impreciso, ya que este no permitía apreciar la capacidad económica real de los más ricos. El conocimiento de estos datos implica que, en la práctica, se pueda observar la distribución del patrimonio neto total. En este sentido, cabe destacar, además, que la fortuna personal, a medida que aumenta, se va acumulando en las empresas que no cotizan en bolsa, un mecanismo difícilmente observable por la Agencia Tributaria y que, por lo tanto, propicia la evasión de impuestos y la comisión de fraudes.
