Entre las dimensiones que suelen tenerse en cuenta al valorar el proceso de integración europea, el bienestar económico y material de los hogares no son las que mayor atención han recibido, ni en el debate político ni en los análisis de la realidad social. Aunque ha habido diferentes iniciativas impulsadas por las instituciones comunitarias, las políticas que pueden suponer una mejora de los indicadores revisados en este informe quedan fuera de los márgenes de actuación de los órganos de gobierno de la Unión Europea.

Esto explica que, todavía hoy, sean notables las diferencias existentes en este ámbito entre los Estados miembros. Desde 2004 se dispone de una fuente de información común de gran riqueza y que permite explorar estas diferencias, la Encuesta Europea de Renta y Condiciones de Vida (European Survey of Income and Living Conditions, EU-SILC).

Tanto el alcance de esta heterogeneidad, como la posición de España en el contexto comparado, pueden calibrarse seleccionando algunos de los indicadores más representativos de cada sub-dimensión para los que hay información comparable para los países de la Unión Europea. Una de las primeras conclusiones que podemos extraer es que España ocupa, en las comparativas europeas de indicadores de condiciones materiales de vida, un lugar muy inferior al que ocupa en la comparativa por PIB. En una escala que normaliza la media de PIB de UE a un valor de 100, España ocupaba en 2008 el puesto 14 de 28, con un PIB normalizado de 101 y en 2016 seguía ocupando el puesto 14, pero con un PIB normalizado de 91. Como se puede ver a continuación, el puesto que ocupa en las comparativas aquí consideradas está siempre por debajo del que cabría esperar por su capacidad económica.

La posición de España en el ranking de países ordenados según la vulnerabilidad económica –es decir: personas con ingresos inferiores al 75% del ingreso mediano– es mucho peor de la que le correspondería según su nivel de renta per cápita. Solo hay tres países en los que el porcentaje de personas que viven en hogares económicamente vulnerables es superior al de España.

La tendencia es, además, negativa, al haber ido retrocediendo posiciones durante la última década. Es especialmente preocupante, por otra parte, que España se mantenga de forma consistente en el último cuartil.

En general, los países ricos del centro y norte de Europa tienen una incidencia del problema de la vulnerabilidad económica inferior al promedio europeo, y lo contrario ocurre en los países más pobres, aunque hay excepciones.

España es uno de los países de renta media con mayor porcentaje de población económicamente vulnerable. Este dato hay que considerarlo, además, teniendo en cuenta que el umbral que define la vulnerabilidad económica es una medida relativa; es decir, que este umbral depende de cómo se distribuyen los ingresos entre la población.

Debido a la profundidad de la crisis económica,  España es uno de los cinco países en los que el valor de los ingresos que definen el umbral de vulnerabilidad económica era, en 2016, igual o inferior al que se aplicaba en 2008. Ello se debe al fuerte impacto de la prolongada recesión en el nivel de renta (los otros cuatro casos son Grecia, Irlanda, Chipre y Reino Unido).

En síntesis: España tiene una posición desfavorable dentro del contexto europeo en el indicador básico de vulnerabilidad económica. Esta posición no se debe solo a la crisis, puesto que la situación de España ya era desfavorable antes del año 2008. En cualquier caso, esta situación ha empeorado a partir de entonces, y no se ha corregido desde el inicio de la recuperación.

Las dificultades para llegar a fin de mes son un indicador representativo de la capacidad de los hogares para mantener un cierto equilibrio económico-financiero. En la mayoría de los países de la Unión Europea, este indicador no ha empeorado desde el comienzo de la crisis económica hasta la fecha más reciente. España, sin embargo, es uno de los nueve países donde sí se ha registrado un incremento en el valor de esta magnitud.

Existe, en cualquier caso, una dispersión muy notable en la incidencia de las «dificultades para llegar a fin de mes» en los países miembros de la UE. España ocupa el vigésimo lugar entre los 28 países de la Unión Europea, con un claro empeoramiento desde 2008. Aunque sigue ubicada dentro del tercer cuartil, ahora ocupa la penúltima posición del grupo, cuando antes de la crisis estaba situada en el segundo puesto.

Cabe destacar que la ordenación de países según este segundo indicador es diferente en relación con la vulnerabilidad. Los países con sistemas de bienestar continentales (Alemania, Austria) y nórdicos (Finlandia, Suecia) ocupan las primeras posiciones del ranking. La clasificación de los países según las dificultades de sus ciudadanos para llegar a fin de mes concuerda mejor con la clasificación según rentas.

De nuevo, España se desmarca de esa relación, al ocupar una posición muy inferior a la que le correspondería según su nivel medio de riqueza, y se sitúa por debajo de países con una renta por habitante sensiblemente inferior a la española. La diferencia de España respecto a la media de la UE-28 es de más de 10 puntos (35,6% de personas en hogares con dificultades para llegar a fin de mes, frente al 24,1%), mientras que antes de la crisis no llegaba a 7 puntos.

El tercer indicador seleccionado es la incidencia de la pobreza consistente. Es un dato importante para situar la realidad de España en el contexto de los países de la UE, dado que combina dos de las variables que utiliza la Comisión Europea para el seguimiento de los avances en las condiciones de vida de los hogares europeos: el riesgo de pobreza monetaria y la privación material. Este dato es especialmente negativo para España, que se sitúa en el último cuartil de la UE-28, y además retrocede posiciones desde 2008.

El empeoramiento del indicador de pobreza consistente en España destaca dentro del marco de los países comunitarios. Entre 2009 y 2016, España fue uno de los tres países en los que más aumentó el porcentaje de personas que sufrían simultáneamente baja renta y privación material. La magnitud del desempleo y el deterioro general de las rentas de los hogares en España nos hizo perder posiciones, tanto en el caso de la pobreza monetaria como de la privación material.

Antes de la crisis, la extensión del problema en España era inferior a la del promedio de la UE-28, pero ahora (en 2016) la situación es la contraria (10,4% de personas viviendo en situaciones de pobreza consistente frente al 7,3%, respectivamente).