La situación comparada de España en los distintos ám­bitos descritos en el apartado anterior está claramente vinculada con la dotación de recursos dedicados al siste­ma educativo y al tipo de diseño escogido para las polí­ticas educativas. De la misma manera que la educación en cualquier sociedad puede actuar como reproductor o reductor de las desigualdades de origen, la ambición de los decisores públicos en cuanto al compromiso presu­puestario en este ámbito determina el impacto final de la educación en la sociedad y el grado en que se produce la cobertura de las necesidades educativas de los hogares.

En ese contexto comparado, la experiencia española es bastante singular, al tratarse de uno de los pocos países europeos donde las administraciones públicas financian a través de distintas vías la enseñanza privada. En la ma­yoría de los países europeos, la forma más habitual de organización del sistema educativo es un sistema muy generalizado de enseñanza pública, con un acceso más limitado a través de instituciones privadas. En la práctica, después del Reino Unido y Bélgica, España es el país don­de mayor peso tiene la enseñanza concertada en cuanto al número de estudiantes. Dado que diversos estudios han mostrado que los centros concertados aco­gen a una alta proporción de estudiantes de familias de nivel socioeconómico alto, este tipo de gasto en concier­tos educativos tiene carácter regresivo, es decir favorece más a los más ricos.

Como en el resto de los informes sobre Necesidades So­ciales en España del Observatorio Social de “la Caixa” se presentan a continuación indicadores referidos tanto al volumen de recursos invertidos como a la intensidad de la protección ofrecida, además de indicadores de políti­cas destinadas específicamente a la cobertura de necesi­dades sociales.

Uno de los rasgos que mejor definen las características de las restricciones a las que se enfrentan las políticas educativas en España es la asignación de un menor volumen relativo de recursos (4,2% sobre el PIB) que la media de los países europeos (más del 5%). Desde 2009, ese gasto ha ido reduciéndose de manera pau­latina y en la actualidad España se caracteriza junto a otros países mediterráneos, aunque con mayor gasto relativo que Italia y Grecia, por dedicar una menor do­tación presupuestaria al sistema educativo.

La progresiva caída de la natalidad y el estrechamien­to de la base de la pirámide de población española, no compensada por los flujos migratorios, hacen que los in­dicadores de volumen de gasto puedan no reflejar bien su intensidad protectora. Un indicador más directo de ésta es el gasto público por alumno. Su cálculo para los distintos países de la UE confirma el retrato anterior, al presentar España un nivel de nuevo inferior a la media de la UE (un 10% menos que el promedio europeo).

Esa menor intensidad relativa del conjunto del gasto no se manifiesta de la misma manera en los distintos niveles educativos. Está ligeramente por encima de la media de la Unión Europea en educación primaria y el segundo ciclo de secundaria y en torno a la media en el primer ciclo de secundaria. En los dos primeros niveles citados, España representa justo la mediana de los 27 países para los que hay datos. Destaca en senti­do negativo la brecha que todavía existe en la inversión de recursos por cada estudiante universitario (un 14% inferior al promedio de la UE). En este nivel educativo, España gasta menos que todos los países que tienen una renta media mayor, con la excepción de Italia, y el esfuerzo es también inferior al de algunos países con menor renta. La cifra es casi una cuarta parte inferior al promedio de la UE y, además, la tendencia desde co­mienzos de la década ha sido decreciente.

Un indicador habitual de la intensidad relativa del gasto en educación que complementa el anterior es el gasto por alumno expresado como proporción del PIB per cá­pita. Este indicador ofrece una medida de la intensidad del esfuerzo que hace una sociedad en educación res­pecto a su nivel de desarrollo económico y permite re­bajar el efecto de las diferencias de riqueza y población en las comparaciones entre países. El cálculo de este indicador para los países de la Unión Europea con in­formación disponible ofrece un peor resultado que los anteriores. España se ubica en el último cuartil a una distancia del promedio europeo mayor que en los indi­cadores previos. Un dato relevante es que no parece ha­ber una relación estadística clara entre el nivel de renta de los países y este esfuerzo relativo, aunque en general es inferior a la media en los países con menor riqueza.

Dos indicadores relevantes para medir la consecución del primer reto propuesto -tener acceso a una educa­ción de calidad- eran el porcentaje de alumnos que accedían a los distintos niveles educativos y la inciden­cia del problema del abandono escolar. En todos los países, un factor de mejora de ambos indicadores es la extensión del sistema de becas y ayudas. Una política de becas suficientemente generosa y bien focalizada en los hogares con mayores problemas para acceder al sistema educativo reduce los costes de acceso a las dis­tintas etapas del sistema educativo y eleva los costes de oportunidad de abandonarlo. Estas razones hacen que normalmente se hayan considerado las becas como un instrumento crucial para la igualdad de oportunidades.

Como han precisado distintos autores, las becas y las ayudas y los gastos correspondientes a este concepto que anualmente publica el Ministerio de Educación se refieren a distintos conceptos que exigen una cierta di­ferenciación conceptual (Tiana, 2015). En las etapas en las que el acceso es gratuito en centros públicos y con­certados (segundo ciclo de educación infantil, educa­ción primaria y ESO) no hay gastos de matrícula y las becas contribuyen a compensar o moderar diversos gastos de los hogares relacionados con la educación (material, comedor, etc...). En las siguientes etapas (Bachillerato y FP de grado medio) la matrícula sólo es gratuita en los centros públicos. Una parte importante de las becas, por tanto, se destinan a los estudios de educación universitaria o equivalente, donde las tasas que pagan los estudiantes sólo cubren, además, una pequeña parte del coste real de los estudios.

Los datos disponibles sobre la evolución del número de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas gene­rales al estudio para las dos últimas décadas revelan la sucesión de tres etapas claramente diferenciadas. En el período anterior a la crisis económica el número de personas beneficiarias se mantuvo relativamente esta­ble, aunque con una cierta tendencia a la baja. A par­tir del ecuador de la pasada década comenzó a crecer considerablemente el número de becas y ayudas, con un ritmo de aumento muy pronunciado.

Ese crecimiento se truncó drásticamente en el curso 2011/12. En 2013, además, el Real Decreto 609/2013 endureció los requisitos para obtener una beca univer­sitaria. Paralelamente, se produjo un importante au­mento de las tasas universitarias en la mayoría de las Comunidades Autónomas. La simultaneidad de ambos procesos en un contexto de drástico aumento de las ne­cesidades de los hogares supuso un freno importante en la contribución de las políticas públicas en España al acceso a la educación universitaria. Aunque creció el número de becas, ese aumento fue insuficiente para atender el crecimiento de la demanda resultante de la caída de ingresos de los hogares.  Se añaden, además, dos hechos que obligan a reflexionar sobre la adecua­ción del sistema de becas y ayudas. En primer lugar, desde la citada reforma el importe medio de las cuan­tías ha ido descendiendo en términos reales hasta el momento presente. En segundo lugar, tal como mues­tran diversos estudios, una parte importante del gasto no va a los hogares con mayores necesidades , limitan­do su contribución potencial a la igualdad de oportuni­dades, lo que se une a que el gasto destinado a la edu­cación superior es recibido, mayoritariamente, por los hogares de las decilas de renta más alta (Calero, 2015).

El conjunto de actuaciones que promueven el acceso a la educación puede considerarse una inversión en cre­cimiento económico futuro y una apuesta por la mejora de la igualdad de oportunidades. Además de los argu­mentos habituales de equidad y justicia social, la inver­sión en educación desde edades muy tempranas puede considerarse un medio para impulsar la capitalización de los recursos humanos, con efectos positivos en el lar­go plazo sobre el crecimiento económico. Desde la pers­pectiva de las oportunidades individuales, la educación temprana promueve el desarrollo de habilidades tanto cognitivas como no-cognitivas que pueden ser impor­tantes para el desarrollo individual en el ciclo vital.

Como ha enfatizado la OCDE en diversos informes (Starting Strong), los programas de educación tem­prana pueden mejorar las habilidades citadas, ayudan a sentar las bases para el aprendizaje continuo, hacen más equitativos los resultados del aprendizaje, reducen la pobreza y mejoran la movilidad intergeneracional. En la mayoría de los países, a través de distintas fórmulas, los gobiernos han ido aumentando los recursos destina­dos a la educación temprana. No obstante, no en todos los países existe un acceso universal a estos programas y los recursos invertidos difieren considerablemente.

Los datos de Eurostat permiten situar a España, de nue­vo, en una posición inferior al promedio de los países de la Unión Europea y muy lejos de los países que más recursos públicos invierten en este tipo de educación, como los nórdicos. En ellos, existe una mayor tradición de sistemas que desde la infancia integran la educación y los cuidados infantiles. En cualquier caso, los datos de gasto por estudiante en España se sitúan por debajo de los de todos los países que tienen mayor renta, salvo Reino Unido, lo que obliga a definir estrategias claras y coherentes para una asignación eficiente de los recur­sos públicos destinados a esta área prioritaria.