Las personas mayores conforman uno de los grupos de edad que tradicionalmente más han sido asociados con problemas de vulnerabilidad económica y social. En las descripciones de los perfiles socioeconómicos de la pobreza, por ejemplo, ha sido habitual hasta fechas relativamente recientes la caracterización de este colectivo con, históricamente, un riesgo de pobreza mayor que la media de la población española. En las dos últimas décadas, sin embargo, se han dado distintos procesos que han modificado las condiciones de bienestar de las personas mayores, como la extensión de los sistemas de protección social y una mayor estabilidad en sus rentas, el menor impacto, en este mismo sentido, de la crisis económica por el carácter menos fluctuante de las pensiones contributivas, y el propio proceso de envejecimiento, que ha hecho que dentro de la definición estadística de la categoría de personas mayores –mayores de 65 años– estén incluidas de manera creciente personas con altos niveles de actividad económica.

De las distintas dimensiones que conforman el mapa de necesidades sociales, probablemente aquella donde se han registrado los cambios más relevantes en el caso de las personas mayores es la relacionada con el bienestar económico y material. Los datos que cubren la última década y media revelan una inversión del retrato tradicional en el que las personas mayores tenían un mayor riesgo de pobreza que el resto de la población. Este mayor riesgo, todavía presente al comienzo de la crisis, fue reduciéndose hasta pasar al signo contrario y con una brecha mayor (a favor) en el momento actual. La razón de ese cambio tan drástico en el riesgo diferencial de pobreza hay que atribuirla a la estabilidad de las rentas del colectivo, muy dependiente del sistema de pensiones públicas, frente a la pronunciada caída de las del resto de la población, debida al alto desempleo en los momentos más álgidos de la crisis y a la reducción general de la actividad económica.

La forma tradicional de medición de la pobreza, con criterios relativos -fijando el umbral como un porcentaje de la renta media de la población- ha contribuido también a una mayor visualización de la disminución de la pobreza en las personas mayores. Sus rentas, de hecho, han crecido casi al mismo nivel que los precios, dada la ausencia de grandes cambios en el sistema de actualización de las pensiones. Sin embargo, cabe destacar un aumento continuado de la pensión media, como consecuencia de la progresiva entrada en el sistema de trabajadores con historiales laborales más completos y con la pensión máxima, compatible con la presencia de pensiones muy bajas. En el período más reciente, sin embargo, esa misma estabilidad de las rentas ha hecho que aumentara el riesgo relativo de pobreza de las personas mayores, dada una evolución mucho más pausada que la de las rentas del resto de la población, que fueron aumentando a medida que se recuperaba el crecimiento económico y el empleo.

En una línea muy similar, tampoco hay grandes variaciones en uno de los grandes rasgos de la vulnerabilidad de los hogares españoles, como son las dificultades declaradas para llegar a fin de mes. En el caso de las personas mayores, a diferencia de la media de la sociedad, este problema no registró grandes cambios durante la crisis y se ha reducido notablemente con la recuperación, aunque no a un ritmo tan acelerado como en el resto de población.  

A los menores riesgos de pobreza y de dificultades económicas generales se une también una menor incidencia de las formas más severas de la primera, como son las relacionadas con la pobreza consistente o simultaneidad en un mismo hogar de los problemas de pobreza monetaria y privación material. En la fase de mayor deterioro de la economía (2013), el porcentaje de personas mayores afectadas por tal realidad (3,9%) llegó a ser una tercera parte del correspondiente al total de población (9,7%). No obstante, el aumento de la pobreza monetaria en las personas mayores en la etapa más reciente por las razones señaladas y la mejora del resto de grupos ha hecho que el diferencial vuelva a reducirse, introduciendo dudas sobre la capacidad real del sistema de aseguramiento de rentas en la vejez para dar cobertura a este tipo de riesgo.

Más positivos son los resultados en términos de la cronicidad de la pobreza, que es uno de los indicadores que reflejan con mayor severidad la falta de cobertura de las necesidades sociales ligadas a la suficiencia de los ingresos del hogar. A diferencia de la sociedad española, el riesgo de pobreza crónica entre las personas mayores es hoy inferior al que había a mediados de la década pasada, aunque se advierte, de nuevo, un cierto repunte en la etapa de recuperación económica, vinculado a las citadas dificultades para que las rentas de este grupo demográfico puedan seguir un ritmo similar a las del resto de los perceptores de ingresos en las etapas expansivas.

EL BIENESTAR ECONÓMICO Y MATERIAL DE LAS  PERSONAS MAYORES EN LA «ESPAÑA VACIADA»

Uno de los estereotipos más habituales en la interpretación de las necesidades sociales de las personas mayores es que las que viven en el ámbito rural ven compensada la mayor incidencia de la pobreza monetaria respecto a las personas mayores que viven en las zonas urbanas con el disfrute de mejores condiciones de vida. Los datos de privación material desdicen, sin embargo, tal valoración, al mostrar que los problemas de privación material de este colectivo son también mayores en el ámbito rural que en las zonas muy pobladas e intermedias, si bien las diferencias  son menores que cuando el indicador de bienestar se ciñe al nivel relativo de ingresos.

Uno de los factores más determinantes para explicar las diferencias en la intensidad de las necesidades sociales de las personas mayores es el acceso a la vivienda. En la cobertura de estas se cruzan dos realidades determinantes, como son un mayor acceso a la tenencia en propiedad que en otros grupos de edad y países, pero también un problema tradicional de mayores dificultades para su mantenimiento en condiciones adecuadas. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida reflejan una menor extensión de los problemas de sobrecarga de los gastos de vivienda, con menos de una de cada diez personas mayores sufriendo ese tipo de problemática. Los datos muestran, sin embargo, que, a diferencia de lo sucedido con el resto de población, en el período más reciente los problemas de sobrecarga han ido aumentando entre la población mayor.

No ha sucedido lo mismo con el problema de malas condiciones de la vivienda, que, con alguna interrupción, ha mostrado en la última década una clara tendencia de mejora, afectando a aproximadamente una de cada diez personas mayores. Un dato positivo es que los problemas para mantener la vivienda caliente durante los meses de invierno, cuyas consecuencias en términos de salud tienen mayor gravedad en el caso de las personas mayores, son menores que en el resto de población y, además, se han ido reduciendo.

En relación con los problemas de salud destaca que a la vez que la esperanza de vida de las personas mayores ha ido aumentando durante las dos últimas décadas: España es el segundo país de la UE, tras Francia, con mayor esperanza de vida en este colectivo, con 19,1 años para los hombres con 65 años y 23,1 para las mujeres con esa misma edad, según el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, al mismo tiempo también se ha incrementado el porcentaje de las que tienen una enfermedad crónica diagnosticada. Esta es la realidad de cerca de un 70% de los mayores de 65 años, que contrasta con la del total de población, donde los problemas crónicos de salud, relativamente estables, afectan a menos de una de cada tres personas.

La elevada incidencia de las enfermedades crónicas en las personas mayores en España no significa, sin embargo, en la mayoría de los casos que derive en situaciones incapacitantes. El porcentaje de personas de esa edad gravemente limitadas es un 10% del total, cifra que es prácticamente la mitad de la que había hace una década. Tal como quedó recogido en el Informe sobre Necesidades sociales en España: Salud del Observatorio Social de “la Caixa”, sigue habiendo un porcentaje elevado de personas mayores con necesidades de cuidados no atendidos por el sistema de atención a la dependencia. Aunque la cobertura ha aumentado considerablemente en la última década, una de cada dos personas mayores dependientes -en torno al 15% de las personas mayores tendría limitaciones en grado suficiente para requerir la atención del sistema y un 33% entre las personas que superan los 80- no recibe estos cuidados. En muchos casos son personas que no han solicitado ser evaluadas como dependientes, pero en otros sí lo han hecho y su expediente de valoración no se ha resuelto aún.

Un último dato positivo es la reducida proporción de personas que han tenido que renunciar a tomar fármacos por razones económicas. No obstante, en un segmento de personas mayores los gastos sanitarios condicionan severamente su capacidad de consumo. Cerca del 13% de las personas mayores ubicadas en el primer quintil de ingresos tienen que dedicar más de un 40% de su renta a este tipo de gastos.