El análisis contenido en este informe plantea tres diferentes subdimensiones o retos que cubren los aspectos esenciales de lo que se quiere medir: en primer lugar, si se cuenta con fuentes de ingresos suficientes y estables; en segundo lugar, si se mantiene el equilibrio económico financiero y se impide el sobreendeudamiento; y en tercer lugar, si se evita la pobreza severa.

La información recogida deja pocas dudas de los problemas existentes en España en cada una de estas dimensiones. Prácticamente todos los indicadores han empeorado desde mediados de la década pasada, sin que los avances logrados en el corto período desde el final de la crisis hayan conseguido recortar sustancialmente las pérdidas registradas en los años de la crisis.

Este reto se mide con los indicadores que mostramos a continuación. El significado de los datos se explica en resto de la sección. 

El bienestar económico de la población depende no solo del nivel de producción o renta, sino también de cómo esta se distribuye entre las familias. Uno de los posibles efectos adversos de la desigualdad es que muchos hogares viven con rentas claramente inferiores a las que recibe una familia estándar. Estos hogares, incluso si tienen cubiertas sus necesidades básicas, se hallan en una situación de vulnerabilidad económica que a menudo implica estrecheces y renuncias. Además, el colchón de ingresos del que disponen para hacer frente a nuevas necesidades o a situaciones imprevistas es exiguo, lo que genera inseguridad.

Muchas de esas familias ingresan, además, menos de lo suficiente para eludir el riesgo de pobreza. El riesgo de caer en la pobreza aumenta cuando la renta familiar no supera el nivel del 60% del ingreso mediano, según el estándar acordado en la Unión Europea. En España, más de una quinta parte de la población está en esa situación, un valor superior al de casi todos los demás países europeos. Aunque el tamaño de la población con riesgo de pobreza era ya elevado hace diez años, la crisis económica ha empeorado aún más la situación, debido sobre todo a las pérdidas sufridas por los hogares afectados por el desempleo.

Para reducir este indicador de riesgo de pobreza no solo es necesaria la creación de empleo, sino también que el empleo creado permita obtener salarios suficientes a los trabajadores. Además, es importante mejorar la eficacia de las políticas redistributivas, aumentando la cobertura y suficiencia de las prestaciones dirigidas a grupos actualmente poco protegidos, como los hogares de bajos ingresos con niños a su cargo.

UMBRAL DE VULNERABILIDAD Y GASTOS MENSUALES
El umbral de vulnerabilidad (75% de la mediana) en 2016 para una familia compuesta por una pareja con dos hijos menores de 14 años supone unos ingresos mensuales de unos 1.800 € (12 pagas). Esta cifra es el 65% de los         2.800 € que ingresa un hogar estándar de este tipo en nuestro país.

 

La crisis ha aumentado también el porcentaje de las familias que carecen de fuentes regulares de ingresos, bien sea derivados del trabajo (asalariado o autónomo), bien de una pensión o del subsidio de desempleo. En este agotamiento de las fuentes normalizadas de ingresos ha influido, como es natural, la extensión del paro, pero también la debilidad de la conocida como «última malla» de protección social, encaminada a garantizar un mínimo de ingresos cuando se extinguen los derechos a prestaciones de tipo contributivo.

Junto a la posibilidad de contar con fuentes suficientes de ingresos, las personas valoran la estabilidad temporal de los mismos. Una renta modesta pero segura puede proporcionar mayor bienestar económico que un ingreso más elevado pero incierto. La precariedad laboral y el desempleo, comparativamente altos en España, pueden afectar negativamente a esta necesidad social. Aunque los datos más recientes indican una cierta mejoría de este indicador respecto a los años centrales de la crisis, todavía muchas personas viven en hogares cuyos ingresos se han reducido significativamente a lo largo del último año.

La independencia económica personal es también un valor perseguido por la mayoría de los adultos. Si bien la capacidad de consumo y el nivel de vida de los miembros del hogar dependen sobre todo de la renta conjunta de la unidad familiar, disponer de ingresos propios mejora la autonomía individual, proporciona libertad y aumenta el poder de negociación dentro de la familia.

Este indicador también ha empeorado en cierta medida con la crisis, debido al menor número de perceptores de rentas del trabajo, pero el aspecto más significativo es la persistencia de una amplia brecha de género. Reducir esa brecha requiere adoptar medidas que eliminen los obstáculos que reducen la participación laboral de las mujeres y limitan su progreso profesional.

FALTA DE AUTONOMÍA ECONÓMICA: MUCHAS MÁS MUJERES QUE HOMBRES

Sea cual sea la franja de edad considera, muchas más mujeres que hombres carecen de ingresos propios o ganan menos del IPREM (unos 535 euros al mes). En esta diferencia pesa la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres, así como el desigual reparto de las tareas domésticas y de cuidados. El desequilibrio de género en la autonomía económica se da también en otros países europeos, aunque en distinta medida: en Dinamarca, Suecia y Finlandia apenas se registran diferencias entre hombres y mujeres, mientras que estas son notables en, por ejemplo, Bélgica, Alemania o los Países Bajos.

Este reto se mide con los indicadores que mostramos en la siguiente figura. El significado de los datos se explica en el resto de la sección. 

Al examinar el grado en que las personas y familias consiguen mantener el equilibrio entre ingresos y gastos, un primer indicador relevante es el grado de insatisfacción económica de la población. Las personas que viven en hogares cuyos ingresos son menos de un 90% de sus necesidades subjetivas para llegar a fin de mes constituyen prácticamente un tercio del total. Este desajuste no solo crea tensiones financieras dentro del hogar, sino también situaciones de estrés y ansiedad, que pueden desembocar en problemas de salud mental.

El porcentaje de los hogares que declaran dificultad para llegar a fin de mes aumentó sensiblemente durante la crisis. Dado que este indicador se puede interpretar como medida de la presión financiera que experimentan los hogares en diferentes situaciones, el dato de que más de un cuarto de la población esté en esta situación obliga a reflexionar sobre la insuficiencia de un porcentaje alto de las remuneraciones recibidas. El flujo de ingresos, mayoritariamente del mercado de trabajo, resulta insuficiente para financiar los gastos en una de cada tres personas.

Como resultado, casi un 30% de la población vive en hogares que desahorran regularmente, es decir, que para hacer frente a sus gastos emplean los ahorros que tenían hasta entonces o deben pedir dinero prestado. Aunque el desahorro puede permitir a las familias sostener transitoriamente su consumo en períodos de ingresos bajos, gastar más de lo ingresado supone reducir la riqueza o contraer deudas, por lo que la tasa de desahorro indica que un segmento significativo de la población está empeorando su balance económico y puede tener en el futuro dificultades para garantizar su situación económica.

Ese desahorro, si se acumula, da lugar a problemas de sobreendeudamiento. Este proceso no depende únicamente del nivel de renta, ya que varía dependiendo del momento del ciclo vital de cada persona y de la dinámica de ingresos y gastos de los hogares. Los datos muestran que en la etapa expansiva anterior a la crisis, en un fenómeno ligado a la burbuja inmobiliaria y gracias a la facilidad de acceso al crédito, los hogares españoles se endeudaron a niveles muy altos, al creerse capaces de poder afrontar el pago de esas cargas en el largo plazo. Hay que señalar que un endeudamiento excesivo puede reducir el bienestar y ocasionar serios problemas de inseguridad y estrés económico.

Este reto se mide con los indicadores que mostramos a continuación. El significado de los datos se explica en el resto de la sección. 

Evitar las situaciones de pobreza severa constituye un reto fundamental para mejorar las condiciones materiales de vida y satisfacer las necesidades sociales más básicas. Las carencias materiales constituyen, sin embargo, una realidad cotidiana para un amplio sector de la sociedad española. Claramente, las condiciones materiales de vida mejoraron en los años inmediatamente anteriores a la crisis, y empeoraron mientras ésta se desplegó. A menudo se piensa que los indicadores de privación material cambian más lentamente que los de pobreza monetaria. Pero la reciente crisis tuvo un impacto temprano sobre estos indicadores.

Entre otros efectos de la crisis, destaca el aumento de las dificultades para renovar el vestuario, disponer de una pequeña cantidad de dinero para gastar en uno mismo, así como el empeoramiento de los indicadores relacionados con la vida social. Este aumento refleja las dificultades de un número creciente de personas para mantener sus niveles de participación social.

En cambio, indicadores como no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, ligado a situaciones de menor severidad, o no poder sustituir los muebles estropeados o viejos por otros nuevos, registraron aumentos relativamente menores entre 2009 y 2013, aunque siguieron siendo las carencias más generalizadas entre la población (40%). En todos los países europeos, y España no es una excepción, este fue el tipo de gasto que primero se recortó tras el inicio de la crisis.

Es preocupante constatar que durante la crisis, además de aumentar la pobreza monetaria y las carencias materiales de las familias, la cronicidad de estas situaciones se acrecentó hasta duplicarse. El porcentaje de individuos que viven en riesgo de pobreza durante tres o más años consecutivos pasa del 6,5 al 13,5 % de la población entre 2008 y 2016.

Las personas que perciben ingresos bajos durante un período de tiempo prolongado sufren situaciones de carencia más graves a largo plazo en ámbitos muy diversos (empleo, salarios, salud o relaciones sociales), algo que debe tenerse en cuenta para diseñar adecuadamente los programas de lucha contra la pobreza.

 

RIESGO DE POBREZA CRÓNICA

Los individuos que viven durante 3 años consecutivos o más en hogares con ingresos mensuales por debajo del umbral de pobreza experimentan muchas más dificultades para abandonar su difícil situación económica. De hecho, varios estudios indican que en muchos países ricos la probabilidad de ser pobre hoy es prácticamente el doble si se ha sido pobre el año anterior. El propio paso del tiempo en esa situación aumenta la probabilidad de persistir en ella. Las consecuencias de la pobreza crónica o persistente son mucho más importantes que las de la pobreza transitoria, particularmente para los más jóvenes, pues se ha demostrado que está relacionada con dificultades de aprendizaje, conductas antisociales, bajo nivel de salud y dificultades para encontrar empleo en la madurez.

 

También ha aumentado el porcentaje de personas que no pueden acceder a un nivel de consumo suficiente. Dentro de las necesidades básicas del hogar, probablemente la de no poder hacer frente a los consumos básicos (comer carne o pescado con regularidad o mantener la vivienda a una temperatura adecuada) sea una de las más graves. La incidencia de este problema aumentó durante la crisis y, más preocupante si cabe, es que prácticamente no ha disminuido en el posterior período de recuperación económica.

Por último, otro rasgo destacado de la evolución de la pobreza es un aumento muy significativo del porcentaje de población que sufre pobreza consistente, es decir, padece simultáneamente pobreza monetaria y privación material, una situación que trae consigo una especial fragilidad. En España, este grupo creció durante la crisis hasta llegar a a situarse en casi un 10% en 2016 y un 8,8 % en 2017.

Probablemente todos estos resultados de privación y pobreza crónica están ligados al aumento del desempleo de larga duración, que ha provocado más situaciones de falta prolongada de ingresos en los hogares. También, la propia reducción del umbral de pobreza durante la crisis puede explicar que las situaciones de pobreza relativa de los últimos años vayan asociadas a peores condiciones de vida y a dificultades económicas más agudas que antes del inicio de la crisis.