Las consecuencias no deseadas de las actividades humanas sobre el medio ambiente crecen a una velocidad alarmante. Los impactos de la contaminación y del cambio climático están en primera página de la actualidad y se tiende a pensar que son consecuencia de la actividad económica y de un progreso mal entendido. Es por ello por lo que, especialmente en las últimas décadas, se ha incrementado la presión para que las empresas incluyan, dentro de su estrategia, la consecución de beneficios medioambientales, además de económicos. Entre estos beneficios cabe citar la reducción de las emisiones a la atmósfera, la utilización de materiales reciclados o que puedan llegar a serlo, la minimización del uso de energías y materiales contaminantes.
Así, muchas empresas han puesto en marcha iniciativas que se podrían calificar de «verdes», porque obtienen un producto y desarrollan un servicio que no perjudica el medio ambiente. A efectos de este artículo, se hablará de empresas ecoinnovadoras para referirse a las que, con independencia del sector al que pertenezcan, estén haciendo esfuerzos innovadores destinados a reducir su impacto en el medio ambiente.
Dentro de estas iniciativas, mientras que unas empresas han incorporado sistemas de gestión medioambiental, otras actúan de forma más estratégica, es decir, en función de los objetivos, introduciendo medidas económicas que favorecen el desarrollo de tecnologías e innovaciones verdes. Las motivaciones pueden ser diversas: desde el escrutinio público hasta presiones de los grupos de interés, pasando por incentivos públicos o regulación de las emisiones. Según el Laboratorio de EcoInnovación (2017), algunas empresas consideradas positivas para el clima (climate positive) están asumiendo su corresponsabilidad en esta cuestión, utilizando únicamente energías renovables en sus operaciones, persiguiendo un balance neutro en las emisiones de carbono derivadas de sus operaciones o comprometiéndose al completo reciclaje de las materias primas utilizadas. Con dichas metas se pretende absorber no solo el impacto medioambiental propio, sino también parte del generado por el resto de la economía. Según el mismo estudio, en términos económicos las empresas que gestionan activamente su contribución al cambio climático muestran, además, retornos de la inversión un 18% mayores que el resto.
Los esfuerzos ecoinnovadores también están presentes en nuestro país, aunque quizá no en la misma medida que en otros de nuestro entorno. Las cinco principales áreas que definen la ecoinnovación, de acuerdo con el Índice Europeo de Ecoinnovación (gráfico 1), son las siguientes:
- Recursos (gastos en personal en I+D, valor de las inversiones medioambientales...).
- Actividades (certificaciones medioambientales conseguidas gracias a la puesta en marcha de ciertas actividades, porcentajes de empresas que han introducido una innovación con resultados medioambientales positivos).
- Productos o servicios finales (número de patentes, publicaciones académicas).
- Eficiencia en el uso de los recursos (productividad en material, agua, energía).
- Resultados socioeconómicos (exportaciones medioambientales, empleo en ecoindustria y economía circular).

Con este índice se pretende medir todos los aspectos que reúne una actividad productiva orientada a la minimización del impacto sobre el medio ambiente. España está en el puesto 14, un poco por debajo de la media europea y a una distancia no despreciable de los líderes (Alemania, Finlandia y Luxemburgo). Si comparamos este dato con el conseguido en 2015, España ha empeorado, dado que en ese año se situó en el puesto 11, por encima de la media de la UE.
Además del efecto directo en el medio ambiente, las medidas ecoinnovadoras pueden tener otros efectos indirectos. En este sentido, es particularmente interesante examinar los efectos de la ecoinnovación en el empleo, un ámbito de especial importancia en nuestro país. Aportar indicios que determinen el posible efecto de la ecoinnovación en el empleo es precisamente el principal objetivo del presente estudio.