Las personas nacidas en el extranjero constituyen un grupo de población importante desde que España pasó a ser un país de acogida a mediados de los años noventa. A nivel global, los flujos de inmigración permitieron aumentar y rejuvenecer la población, mejorar su estado de salud, incrementar la producción y nivelar las finanzas públicas. En términos sociales, los nuevos residentes son un colectivo heterogéneo que se enfrenta, sin embargo, a problemas a veces comunes tras su llegada a España. Educación, empleo, vivienda y acceso a servicios básicos como los sanitarios son ámbitos esenciales para garantizar su inclusión social, como también lo son el reconocimiento y la participación.

Esta sección recoge un conjunto de indicadores útiles para evaluar la cobertura de las necesidades sociales de los inmigrantes en las principales áreas, en comparación con la población autóctona. A los efectos de este análisis, se considera inmigrante a la persona que vive en un hogar cuya persona de referencia nació fuera de España, salvo en los indicadores procedentes de la Encuesta de Población Activa, en los que se tiene en cuenta directamente el lugar de nacimiento de la persona entrevistada. 

Las familias con una persona inmigrante al frente tienen un riesgo de pobreza 2,5 veces mayor que las nacidas en España, y la brecha se amplió durante la crisis. El dato del año 2014, basado en los ingresos de 2013, fue el más desfavorable para la población inmigrante: en ese momento, casi una de cada dos personas vivía en hogares que ingresaban menos de lo establecido para eludir el riesgo de pobreza. El desequilibrio en el riesgo de pobreza se corrobora, e incluso se acentúa, si se examinan indicadores de pobreza más extremos, como los basados en el nivel de consumo o en la privación material (no incluidos en la tabla).

El empleo juega un papel clave para las familias inmigrantes, no solo por la posibilidad de obtener ingresos con los cuales mantenerse y enviar remesas a los países de origen, sino porque de él depende, en las primeras fases del proyecto migratorio, la renovación de los permisos requeridos para permanecer en el país. Antes de la crisis, muy pocas personas, tanto inmigrantes como nativas (menos del 3%, en torno a 1 millón de personas) vivían en hogares en los que todos sus miembros estuvieran desempleados. En 2013, en cambio, se rozó ya el 11% de la población, unos 5 millones de personas. La caída del empleo a partir de 2009 afectó a todas las familias, pero singularmente a las familias inmigrantes, que llegaron a tener un indicador del 16% durante los años centrales de la recesión. Con ello se abrió una brecha que todavía no se ha cerrado en la actualidad, tras años de mejora de los niveles de ocupación. De hecho, aunque los indicadores han mejorado para los inmigrantes, si se compara su evolución con la de los nativos se puede observar cómo la brecha entre unos y otros se ha incrementado notoriamente.

La precariedad laboral es un problema muy presente en el mercado laboral español, pero que no afecta por igual a todos los trabajadores. Las familias inmigrantes dependen en mayor medida de empleos temporales y, por tanto, más inseguros e inestables: en 2006, antes del inicio de la crisis, la proporción de inmigrantes en cuyas familias todos los contratos eran temporales casi triplicaba a la de los nativos. Con la crisis, los valores descendieron, ya que muchos contratos temporales se transformaron en situaciones de desempleo, y la brecha se atenuó un poco, pero no desapareció.

Aparte de ser más precarios, los trabajos que realizan los inmigrantes están en muchos casos mal pagados y tienen peores condiciones en cuanto a horarios, turnos o posibilidades de promoción. La hostelería, la agricultura intensiva, el trabajo doméstico o los servicios personales, como el cuidado de personas dependientes, son algunos de los nichos laborales que más recurren a mano de obra inmigrante, ante la dificultad de cubrir esos puestos con trabajadores españoles. Una consecuencia de esta mayor concentración en los sectores y puestos menos atractivos son las elevadas tasas de pobreza laboral observadas: más de un tercio de los trabajadores inmigrantes vive, pese a su empleo, en familias cuya renta disponible no supera el umbral de riesgo de pobreza y la situación empeoró durante la crisis. Entre la población autóctona el problema también existe, pero tiene menor magnitud y es más estable en el tiempo. Atajar la pobreza laboral es importante, entre otras razones, por su especial vinculación con la desigualdad de oportunidades de los niños y la pobreza infantil, que presenta en España altos valores en el contexto europeo.

El acceso a una vivienda digna es otro aspecto fundamental para garantizar una buena acogida a la población inmigrante y uno de los mayores escollos que encuentran las familias que deciden instalarse en nuestro país. La burbuja inmobiliaria vivida en España durante el período de mayor flujo inmigratorio (la década expansiva previa al inicio de la crisis) no facilitó las cosas a los hogares de economía modesta, muchos de las cuales se endeudaron fuertemente para poder adquirir un piso o tuvieron que dedicar una parte importante del sueldo a pagar el alquiler. Sea cual sea el año considerado, el coste de la vivienda supone una sobrecarga para más de la mitad de los inmigrantes, al absorber más del 30% de sus ingresos. Entre la población autóctona, el dato es tres veces inferior.

En este contexto, no es de extrañar que en los años más duros de la crisis hasta un 25% de la población inmigrante haya pagado con retraso alguna mensualidad del alquiler o la hipoteca, situación que no llegó nunca a superar el 5% en el resto de las familias. Estos retrasos son importantes porque revelan situaciones de enorme dificultad financiera (la vivienda es, casi siempre, el último gasto que se desatiende cuando disminuyen los ingresos) y pueden suponer la antesala de procesos de desahucio que generan exclusión residencial.

Una forma de abaratar el coste de acceso a la vivienda es optar por viviendas más pequeñas, muchas veces demasiado en relación a las personas que van a utilizarla. Los problemas de hacinamiento, medidos conforme al estándar establecido por Eurostat, son raros entre las familias autóctonas (entre 3% y 5%, según los años), pero afectan a una parte significativa de la población de origen foráneo (entre 13% y 20%). La falta de espacio en la vivienda puede afectar negativamente al desarrollo de la vida cotidiana, en aspectos como la comodidad, la intimidad o la disposición de lugares adecuados para comer, estudiar o descansar. 

En materia de salud, España optó desde el principio por un modelo integrador, al ligar la concesión de la tarjeta sanitaria a la residencia de hecho (empadronamiento), con independencia de la situación legal. Tras el paréntesis que supuso la aplicación (desigual según regiones) de los recortes introducidos por el RD 16/2012, la universalidad volvió a recuperarse con el RD 7/2018. Pese a todo, la atención sanitaria pública no cubre más que parcialmente áreas como la atención dental y exige copagos en otras, como la adquisición de medicamentos. Aunque la accesibilidad del sistema sanitario es buena en España, también para los inmigrantes, la crisis aumentó el porcentaje de personas que no podían permitirse ciertos gastos relacionados con la salud. En el caso de los tratamientos dentales, los porcentajes de inaccesibilidad se multiplicaron por dos en pocos años, llegando a rondar el 14% en 2014 entre los inmigrantes, el, doble que entre la población autóctona. En 2017 se aprecia una importante mejora en los dos grupos, aunque la brecha se mantiene.

El acceso a la educación ha estado guiado, igualmente, por el principio de universalidad, de forma que ningún niño se ha visto privado del derecho legal a educarse, con independencia de la situación administrativa de los padres. Esto, con ser importante, no garantiza en sí mismo la igualdad de oportunidades formativas, ya que el origen socioeconómico y la propia condición de inmigrante pueden condicionar el acceso a los niveles post-obligatorios y los resultados académicos obtenidos. Con datos de 2017, las cifras de abandono escolar temprano entre los jóvenes de 18-24 años y el nivel educativo insuficiente entre los adultos de 25-64 años alcanzan, entre las personas de origen extranjero, valores dobles a los que presentan los nacidos en España. Además, aunque los dos indicadores han mejorado desde 2006, la reducción ha sido muy superior entre la población autóctona, agrandando la brecha educativa ligada al origen. Dada la importancia de la formación en la empleabilidad, resulta preocupante el dato de que casi un tercio de los jóvenes inmigrantes abandonen el sistema educativo una vez terminados los estudios obligatorios.