El análisis de las necesidades sociales ligadas al mer­cado de trabajo a través de un sistema de indicadores básicos, atendiendo a los criterios que se definen en el apéndice metodológico, plantea tres subdimensiones distintas (o retos) que cubren los aspectos esenciales de lo que se quiere medir: en primer lugar, si se tiene acceso a algún empleo; en segundo lugar, si los em­pleos a los que se accede tienen unas condiciones de trabajo adecuadas; y en tercer lugar, si el salario/hora que proporciona el empleo es suficiente para alcanzar un nivel de vida digno.

La información recogida a través de los indicadores propuestos deja pocas dudas sobre los grandes proble­mas existentes en España en cada una de las dimensio­nes del mercado de trabajo. Prácticamente, todos los indicadores han empeorado desde la recesión, sin que los avances logrados en el poco tiempo que ha pasado desde el final de la crisis hayan conseguido recortar sus­tancialmente las pérdidas registradas en ese período.

Este reto se mide con los indicadores que se muestran aquí. El significado de los datos se explica en el resto de la sección.

El bienestar laboral de la población está estrechamen­te relacionado con el acceso al empleo de los miembros del hogar. La facilidad o dificultad para acceder al mer­cado laboral se suele evaluar a través de la tasa de des­empleo (OIT, 2017), cuya definición más habitual es la que contabiliza el número de desempleados sobre el total de activos de la población (los que buscan empleo y están disponibles para trabajar). Esta tasa también se puede calcular considerando un grupo más amplio de individuos que incluya a todos los que están en edad de trabajar (16-64 años) y que tendría en cuenta, en­tre otros rasgos diferenciales respecto a la definición tradicional, a los desanimados por las dificultades para encontrar un empleo en períodos recesivos.

La necesidad de acceso al empleo de los hogares es un concepto mucho más amplio que lo que puede reflejar la tasa tradicional de desempleo. En primer lugar, en las últimas décadas se ha venido produciendo en los países desarrollados un lento proceso de concentra­ción del desempleo en determinados hogares. Por eso se mide el acceso al empleo considerando el porcenta­je de personas que viven en hogares en los que todos los activos están desempleados. La crisis triplicó el nú­mero de personas que están en esta situación en Es­paña, y aunque la recuperación ha permitido que este indicador mejore, en 2018 todavía más del 6% de los hogares con personas que pueden y quieren trabajar viven completamente excluidos del mercado laboral.

En segundo lugar, sabiendo que acceder al empleo es, sin duda, una necesidad para cualquier persona activa en edad de trabajar, lo es especialmente para los más jóvenes que han finalizado su período de formación y que, sin esta primera oportunidad de empleo, queda­rán lastrados en su progresión profesional y económi­ca en el mercado laboral. La tasa de desempleo de los jóvenes entre 20 y 29 años constituye un buen indica­dor de la cobertura de esta necesidad en un período clave de la vida laboral. Entre 2005 y 2013 esta tasa se triplicó, si bien la recuperación económica ha tenido un efecto positivo: de un 41% ha pasado a un 24%. En todo caso, en 2018 todavía casi 1 de cada 4 jóvenes ac­tivos entre 20 y 29 años estaba desempleado.
 

Otro aspecto clave de la precarización del mercado de trabajo que no se refleja en la tasa de desempleo tradi­cional es la reducción persistente de la intensidad la­boral de los miembros activos de muchos hogares, pri­vados del nivel de empleo que desearían. Este aspecto se denomina a menudo «empleo vulnerable» o, inclu­so, «subempleo». Es habitual que este tipo de empleo esté ligado tanto a la parcialidad involuntaria como a contratos de trabajo de un número de horas menor que las realmente deseadas.

Se ha utilizado la información de la Encuesta de Po­blación Activa (EPA) sobre horas efectivas de trabajo y horas deseadas para calcular el número de personas de la población que viven en hogares en los que los activos trabajan, en promedio, menos del 20% de su potencial de empleo. Esta necesidad social de que los que convi­ven en un hogar alcancen un mínimo número de horas de empleo remunerado aumentó considerablemente con la crisis. Entre 2005 y 2013 se triplicó el número de personas que vivían en un hogar con baja intensidad laboral. Sin embargo, como en el caso del resto de los indicadores de acceso al empleo, la recuperación del crecimiento económico desde 2012 hasta 2018 ha re­bajado la incidencia de esta necesidad social, que ha pasado del 11,8% al 6,8%.

El empleo vulnerable se puede relacionar también, se­gún la OIT (2017), con el empleo que no incluye coti­zaciones sociales o lo hace de forma limitada, además de con el empleo mal remunerado que paga salarios por debajo del salario mínimo legal correspondiente. Estos aspectos de la vulnerabilidad en el empleo se­rán tratados en el reto 3 de esta dimensión, cuando se aborde el reto de tener un salario suficiente.

El gran aumento de la tasa de desempleo durante la recesión supuso también que un importante número de personas transitaran desde la actividad a la inac­tividad, debido al «efecto desánimo» que produjo la persistente falta de éxito en la búsqueda de empleo. A pesar de que estas personas desearían trabajar, no están incluidas ni entre las que la tasa tradicional de desempleo considera como desempleadas ni entre los activos con una baja intensidad laboral.

Para superar esos límites, se ha construido un indi­cador de personas inactivas que, estando disponibles para trabajar, aducen que el motivo por el que no bus­can empleo es porque creen que no lo van a encontrar. La evolución de este indicador está claramente rela­cionada con el ciclo económico, con un fuerte aumen­to de este colectivo entre 2008 y 2012. Los datos para 2018 muestran que este indicador se ha vuelto a redu­cir aunque aún no ha recuperado los niveles de 2005.

Otros dos aspectos relevantes que cualifican la evolu­ción de las necesidades de acceso al empleo de la po­blación son la duración de los períodos de desempleo y la inestabilidad del empleo. Para medir su relevancia social se ha calculado, por un lado, el número de per­sonas que viven en hogares en los que la mitad o más de sus miembros desempleados llevan más de un año buscando empleo y, por otro, el número de personas que viven en hogares en los que todos los empleados tienen un contrato temporal.

La crisis ha aumentado significativamente la pobla­ción que vive en hogares en los que la duración del des­empleo es larga. En 2012, uno de cada cinco españoles convivía con una persona sin trabajo que llevaba más de un año buscando empleo. Este porcentaje se redu­jo entre 2012 y 2018, pero sigue manteniendo un nivel alto en comparación con la situación previa a la crisis.

En el caso de la inestabilidad, medida considerando que todos los integrantes del hogar que trabajen ten­gan un contrato temporal, la recesión tuvo un impor­tante efecto de expulsión de este tipo de contratos hacia el desempleo, como ya han constatado varios informes específicos sobre el mercado laboral español (Observatorio Laboral, FEDEA), lo que también hizo que se atenuara la concentración de trabajadores con contrato temporal en determinados hogares. En 2012 solo un 9% de los trabajadores vivían en hogares en los que todos los empleados tienen un contrato tempo­ra. Con la recuperación de la actividad económica se ha vuelto a generalizar el uso de contratos de duración definida, por lo que el indicador aumentó, de un 6,3% en 2013 a un 10,1% en 2018.
 

Este reto se mide con los indicadores que mostramos aquí. El significado de los datos se explica en el resto de la sección.

Un segundo aspecto clave en las necesidades relacio­nadas con el mercado de trabajo de la población es la calidad del empleo al que los trabajadores han conse­guido acceder. Se trata de medir si los empleos a los que se accede están acompañados de unas condicio­nes de trabajo adecuadas. Medir la calidad del empleo no es una tarea sencilla por las múltiples dimensiones que tiene un determinado puesto de trabajo. En gene­ral, los estudios sobre este tema consideran tanto el sa­lario como la calidad intrínseca del trabajo en función de la autonomía o la valoración social, la calidad del contrato en cuanto a la estabilidad y las posibilidades de desarrollo profesional, además de sus riesgos físi­cos y en qué grado permite conciliar la vida personal con la familiar (Muñoz de Bustillo et al., 2011).

Los indicadores de este reto se centran en varios as­pectos claves de la calidad del empleo (a excepción de los riesgos físicos) e incluyen la adecuación de las capacidades del trabajador al puesto que desempeña, aspecto fundamental que se ha de considerar para el diseño y mejora de las políticas de formación de ca­pital humano en el caso de la sobrecualificación y de impulso al desarrollo profesional en el caso contrario. Los resultados sobre las condiciones laborales del em­pleo al que accede la población indican que la recesión provocó el aumento de la inadecuación de los trabaja­dores al puesto de trabajo que ocupan. Casi la mitad de los trabajadores (un 43% en 2015) declaran ocupar un puesto para el que o les sobra o les falta formación. El porcentaje aumentó en cuatro puntos porcentuales durante la primera fase de la crisis, entre 2005 y 2010. Más de tres cuartas partes de estos trabajadores están sobrecualificados, mientras que a una cuarta parte le sucede lo contrario.

La crisis también contribuyó a que aumentara el nú­mero de personas ocupadas que sufren incertidumbre respecto al tiempo de trabajo. El indicador correspon­diente aumentó progresivamente entre 2000 y 2010 desde un 9 a un 16 %, pero se ha reducido al 11,8 % en 2015, por debajo de su valor en 2005. La asiduidad del trabajo en horario nocturno o en festivo sigue más bien la evolución del ciclo económico, aumentando cuando la economía crece y con la tendencia contraria cuando la actividad económica se contrae. Pese a ello, este in­dicador se redujo entre 2000 y 2005, a pesar del creci­miento económico.

Finalmente, el último indicador de este segundo reto se centra en la percepción subjetiva del trabajador so­bre las condiciones laborales en su puesto de trabajo. Este indicador está claramente afectado por cómo las personas que tienen empleo perciben su bienestar cuando el desempleo aumenta de forma tan importan­te como lo hizo en España. Se aprecia bien que, aunque alrededor de un 20 % de los empleados están poco o muy poco satisfechos de las condiciones laborales de su trabajo, este porcentaje bajó a un 17% en 2010 cuan­do el desempleo subió hasta niveles muy altos y volvió a subir en 2015 cuando la recesión comenzó a amainar.

Este reto se mide con los indicadores que mostramos aquí. El significado de los datos se explica en el resto de la sección.

El tercer reto en las necesidades de la población rela­cionadas con el mercado de trabajo es que el salario que proporciona el puesto de trabajo sea suficiente para al­canzar un nivel de vida digno en la sociedad de referen­cia, de modo que permita evitar la pobreza a todos los miembros del hogar y al mismo tiempo reduzca la in­certidumbre que provoca la inestabilidad de ingresos.

Este reto incluye tres aspectos distintos que operan dentro de cualquier concepto de ingresos del hogar por empleo y que es necesario diferenciar: el salario por hora, el número de horas de trabajo y la concen­tración de los empleados con salario-hora bajo y pocas horas de trabajo en determinados hogares.

Para identificar el primero de esos aspectos (el salario por hora) calculamos el número de personas activas empleadas cuyo salario por hora es inferior a 2/3 del salario mediano. Se trata, por tanto, de un umbral rela­tivo que se construye a partir de la distribución salarial y que cambiará con los aumentos o disminuciones de la tasa de desempleo que afectan más a la parte baja de la distribución.

Los resultados de las condiciones salariales nos indi­can que, en cualquier fase del ciclo económico, apro­ximadamente una de cada ocho personas ocupadas en España tiene un salario por hora bajo (inferior a 2/3 del salario mediano). En la fase alta del ciclo, cuando la tasa de desempleo se reducía (entre 2002 y 2006 ), el número de trabajadores con salarios bajos también se redujo de un 16,7 a un 12,3 %. Durante la recesión, en cambio, la incidencia de los salarios bajos se mantuvo prácticamente constante entre un 12,3 y un 12,9 % de los empleados, lo que indica que el ajuste se produjo por la vía de la reducción de la cantidad de trabajado­res empleados y del número de horas de trabajo de los ocupados. Es decir, a pesar de que entre 2006 y 2010 el salario por hora mediano aumentó un 13% (de 8,4 a 9,5 euros), el número de ocupados con salarios por hora bajos se mantuvo en uno de cada ocho en ese período.

Para identificar mejor la relevancia del número de ho­ras de trabajo en el reto de tener un salario suficien­te, hemos construido otro indicador con la misma fi­losofía que el anterior pero ahora utilizando salarios mensuales y no por hora. Este indicador está estrecha­mente relacionado con otro que en el primer reto de este capítulo y que medía el peso del subempleo por insuficiencia de horas. Este indicador registraba un importante incremento en número de ocupados que estaban subempleados entre el 2005 y 2013 y una lige­ra recuperación entre 2013 y 2018. En esa misma línea comprobamos ahora que el porcentaje de personas ac­tivas empleadas cuyo salario mensual bruto es inferior a 2/3 del salario mediano aumentó de forma importan­te entre 2006 y 2014 (pasando de 19 a un 22,3 %), lo que confirma que el aumento del número de trabajadores con dificultades en el empleo durante la recesión está más relacionado con una disminución del número de horas de trabajo que con una reducción de su salario por hora. Es importante señalar también que la inci­dencia de este fenómeno es mayor en 2014 de lo que lo había sido en toda la década anterior.
 

Finalmente, para valorar de manera global el reto de tener un salario suficiente es necesario tener en cuenta también cómo se distribuyen por hogares las personas ocupadas con bajos salarios o pocas horas de trabajo. Si se concentran en determinados hogares, los ingresos del trabajo no les permitirán escapar de la pobreza (particularmente si en el hogar no conviven personas que reciban otras transferencias monetarias complemen­tarias, como prestaciones por desempleo o pensiones).

El indicador de pobreza laboral tiene en cuenta tanto los ingresos por empleo como la distribución de los ocupados en hogares y contabiliza el número de perso­nas ocupadas que viven en hogares cuya renta familiar está por debajo del umbral de la pobreza. Sus resulta­dos indican que en España, en 2016, algo más de una de cada siete personas ocupadas vive en hogares po­bres, un porcentaje que aumentó dos puntos durante la recesión: de un 13,7% en 2006 a un 15,7% en 2014.

Otra dimensión relevante en el bienestar laboral es hasta qué punto la persona ocupada puede tener ex­pectativas de que su trabajo o sus ingresos sean esta­bles en el futuro. Una posible aproximación a esa ne­cesidad de estabilidad salarial futura es analizar los cambios salariales recientes experimentados por los empleados, lo que se puede hacer midiendo el número de personas que, estando empleadas durante dos años consecutivos, han experimentado una reducción de al menos un 20% en su salario salario anual neto.

Los resultados indican que en 2010 y 2014 uno de cada seis empleados experimentó una caída salarial de más de un 20 % en el último año, aunque este porcentaje cayó a algo menos de uno de cada siete entre 2014 y 2016, lo que muestra una acusada sensibilidad respec­to al ritmo de crecimiento de la economía.
 

En el mercado de trabajo español las diferencias en­tre hombres y mujeres se han manifestado tradicional­mente en una persistente brecha en tasas de empleo y desempleo a favor de los hombres, en un mayor peso del trabajo a tiempo parcial (a menudo no deseado) y de los contratos de carácter temporal en el empleo fe­menino, además de en la discriminación salarial de las mujeres y una importante segregación de éstas en ocu­paciones de menor remuneración (Cebrián y Moreno, 2008; Gradín et al., 2010; Bárcena-Martín y Moro-Egi­do, 2013; Del Río y Alonso-Villar, 2014).

En la figura "Brecha de género en empleo: diferencia entre el porcentajede hombres y el porcentaje de mujeres con empleo" se puede apreciar cómo las diferen­cias en las tasas de empleo entre hombres y mujeres en España se han ido reduciendo paulatinamente en­tre 2005 y 2013. Desde entonces, la brecha de empleo por género se ha mantenido por debajo del 13 por cien­to. Se trata de un nivel similar a la media europea y sig­nificativamente inferior al de otros países mediterrá­neos como Italia o Grecia, similar al del Reino Unido e Irlanda, aunque por encima de los países nórdicos co­mo Suecia y Dinamarca, que se sitúan en los niveles más bajos con una brecha de empleo por género cerca­na al 5 por ciento.

En la figura "Brecha salarial no ajustada: diferencia entre salarios medios de hombres y mujeres, expresada como porcentaje del salario de los hombres" se compara la brecha salarial por ho­ra entre hombres y mujeres. Hay que tener en cuen­ta que los datos no se han ajustado para tener en cuen­ta otras características de los trabajadores además del sexo, por lo que incluyen también las diferencias entre los niveles educativos o la edad media. Calculado así, en España en 2014 las mujeres cobraban un 15% me­nos que los hombres,  situándose en la media de la UE­ 28. Es una buena posición respecto al resto de países europeos y con tendencia a mejorar.

Como señalan Cantó et al. (2016), cuando se analiza la evolución del riesgo de las mujeres españolas de vivir en hogares pobres, en familias sin ingresos (pobreza ex­trema) y en aquellos hogares más excluidos del empleo (donde todos los activos están desempleados), las ten­dencias de las brechas de género en todas estas dimen­siones no son homogéneas por grupos de edad. Así, por ejemplo, la reducción de la brecha de género entre las personas que están en riesgo de pobreza está muy con­dicionada por una mejora relativa de la situación econó­mica de las mujeres mayores de 65 años que perciben pensiones, es decir, rentas ajenas al ciclo económico. En cambio, la distancia entre el riesgo de pobreza de las mu­jeres más jóvenes y la de los hombres con características socioeconómicas similares no se ha reducido.

Así, los cambios que produjo la crisis sobre el riesgo de pobreza por género están muy ligados a los cambios en la distribución de la renta de las mujeres mayores de 65 años. En contraste, los cambios en el bienestar económi­co de las mujeres en activo o en edad de trabajar en Espa­ña por efecto de la crisis han consistido más bien en una igualación (a la baja) en el nivel de renta equivalente de mujeres y hombres, mientras que la recesión ha tenido un efecto muy pequeño sobre las diferencias en la brecha de riesgo de pobreza de las mujeres más jóvenes.