La vivienda es un activo fundamental para los hogares y ha supuesto tradicionalmente un mecanismo de protec­ción frente al descenso de los ingresos. En este informe se analiza la cobertura de las necesidades sociales en es­te ámbito articulando la discusión en torno a tres subdi­mensiones o retos básicos:

• En primer lugar, poder acceder a una vivienda sin reali­zar un esfuerzo financiero excesivo;

• En segundo lugar, que las viviendas existentes ofrezcana sus moradores unas condiciones dignas y adecuadas;

• Y por último, conseguir evitar situaciones de pobreza energética que afectan a la salud y la integración social.

La información obtenida muestra que los problemas más graves (como los retrasos en el pago del alquiler o la hipo­teca, que pueden desembocar, si se repiten, en procesos de desahucio) afectan solo a una pequeña proporción de la población española, aunque su frecuencia aumentó du­rante la etapa de crisis. Asimismo, el coste de la vivienda sigue siendo un problema importante para algunos gru­pos sociales, que tienen que dedicar a este capítulo una parte muy importante de lo que ganan. En el caso de los jóvenes, el alto precio de la vivienda, tanto en propiedad como de alquiler, contribuye a retrasar los procesos de emancipación del hogar familiar.

El esfuerzo que tuvieron que hacer los hogares para comprar una vivienda en 2017 es menor que el realiza­do en los años de fuerte presión de precios en el mer­cado inmobiliario, cuando los precios alcanzaron los niveles máximos. Sin embargo, una familia media (con ingresos medianos) seguiría necesitando como míni­mo casi seis años para poder comprar una vivienda tipo a los precios vigentes, suponiendo que dedicase a ello el total de su renta disponible anual (nadie puede hacer eso, pero se utiliza este supuesto para construir el indicador). Son dos años más de los cuatro que los expertos consideran que representarían un esfuerzo financiero prudente. La dificultad de acceso es mucho mayor en los hogares que se encuentran en la parte baja de la distribución de la renta (primer quintil): es­tas familias de ingresos modestos necesitarían más de 16 años para poder comprar la vivienda, incluso desti­nando a ello toda su renta disponible.

El mercado del alquiler ofrece una alternativa a la com­pra y muchas familias optaron por él tras el inicio de la crisis, cuando se hizo más difícil obtener préstamos. Pero los precios de la vivienda en alquiler han experi­mentado en los últimos años subidas muy acusadas, lo que dificulta todavía más el acceso a la vivienda. Si atendemos a los datos que publican algunos portales inmobiliarios, como Idealista, los precios han experi­mentado una subida del 18,4% en 2017.

En realidad, los expertos aconsejan dedicar como máximo un 30% de los ingresos mensuales a la compra o el alquiler de la vivienda. Pero los datos indican que los gastos de vivienda absorben de hecho una parte mayor de la renta disponible de muchas familias: más de una quinta parte de la población española vive en hogares sobrecargados por el coste de la vivienda, al superar estos gastos el 30% de su renta. Y casi la mitad de la población declara que afrontar los pagos asocia­dos a la vivienda supone una carga económica pesada.

Además de poder acceder a una vivienda, una necesi­dad fundamental es que esta sea digna; es decir, que reúna las mínimas condiciones para poder vivir en ella de manera adecuada. Las instalaciones sanitarias básicas de la vivienda, bañera o ducha e inodoro, son prácticamente universales en los hogares españoles, constituyendo en lo esencial una necesidad básica cu­bierta.

Otros problemas de la vivienda relacionados con defi­ciencias estructurales o con un mantenimiento inade­cuado (como las humedades y las goteras, o la escasez de luz natural) afectan, en cambio, a mucha más gente. Aunque menos extendidos, también son reseñables los problemas de hacinamiento de aproximadamente un 5% de la población: son viviendas que no disponen del número de habitaciones requeridas para proporcionar el espacio vital y la intimidad suficientes a los miem­bros del hogar. En un tercio de los casos, esta situación de hacinamiento se combina con algún otro problema de la vivienda, lo que supone, aplicando la definición europea, sufrir «privación severa» en este ámbito.

Si bien los indicadores relacionados con las condicio­nes de la vivienda mejoraron antes de la crisis (e inclu­so en algunos casos durante la primera parte de la mis­ma), no se observan progresos notables en los últimos años. Una posible razón es que algunos de los proble­mas comentados requieren inversiones cuyos efectos solo pueden apreciarse a medio plazo.

La pobreza energética implica que los hogares carecen de recursos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas domésticas (como electricidad, gas o ca­lefacción) debido al bajo nivel de recursos, al coste de los suministros o a la baja eficiencia energética de la vivienda. En España el problema se ha agravado desde el inicio de la crisis, ya que los precios de la energía au­mentaron con intensidad al mismo tiempo que muchas personas perdían su empleo y caían los ingresos fami­liares. Aunque en los últimos años la situación ha mejo­rado, los retrasos en el pago de los recibos, el gasto ener­gético desproporcionado o tener una renta insuficiente (inferior al IPREM) tras el pago de las facturas de luz o gas de la vivienda siguen siendo problemas más fre­cuentes hoy que en los años previos al inicio de la crisis.

Los retrasos en el pago de los recibos son particular­mente graves porque pueden acarrear el corte de su­ministro en la vivienda, una situación poco deseable desde el punto de vista social. Las medidas contra la pobreza energética puestas en marcha en los últimos años no han evitado que, según los datos de la Encues­ta de Condiciones de Vida, un 2% de la población haya dejado de disponer, por problemas económicos, de al­guna fuente de energía durante el año 2016.