En España, las políticas públicas de carácter monetario dirigidas a los jóvenes tienen poco peso en el total del gasto público (Villar, 2014) y son pocas las prestaciones que van dirigidas a mejorar las condiciones de vida de ese grupo de edad. La mayoría de los programas relacionados con la juventud se llevan a cabo por parte de las Comunidades Autónomas y los Entes locales, aunque a nivel nacional existen algunas entidades implicadas en la toma de decisiones con respecto a este colectivo, como el Instituto de la Juventud (INJUVE) o el Consejo de la Juventud. Asimismo, el Gobierno ha elaborado la Estrategia Juventud 2020, con el objetivo de establecer un marco de referencia para las políticas de juventud en España, favorecer la coordinación entre entidades públicas en este sentido y llevar a cabo acciones y programas para jóvenes entre 16 y 29 años en diversas áreas, como educación, empleo, vivienda, salud, participación en la sociedad y cooperación internacional. Hay que destacar que alrededor del 90% del presupuesto destinado a esta Estrategia Juventud 2020 está dedicado a políticas de empleo y emprendimiento, mientras que otras áreas en las que los jóvenes tienen amplias necesidades sociales, como el acceso a la vivienda y la emancipación, no son suficientemente atendidas (Comisión Europea, 2018a).

A pesar de que las políticas de empleo para jóvenes son las que más financiación reciben, en general, no son suficientes para mitigar su mala situación en el mercado laboral. Concretamente, existen algunos programas dirigidos a combatir el desempleo juvenil, la contratación temporal y el abandono de la formación. Así, el contrato para la formación y el aprendizaje tiene como objetivos la inserción laboral y la cualificación profesional de trabajadores entre 16 y 25 años con falta de experiencia. Este contrato incluye un programa de formación para el trabajador y conlleva una serie de bonificaciones fiscales para las empresas. En esta línea, todos los Estados miembros de la Unión Europea han implementado los contratos de Garantía Juvenil, dirigidos a jóvenes menores de 25 años que hayan estado desempleados o hayan abandonado la educación formal durante al menos cuatro meses. Se plantea como un programa para que los jóvenes puedan acceder a empleos de calidad con una educación y formación continua, con el principal objetivo de reducir el número de personas entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan (más conocidos como ninis). Como puede apreciarse en la Figura 9, España se sitúa por encima de la media europea en cuanto al porcentaje de ninis: en 2018, un 12,4% de los jóvenes que no trabajaban no recibían ningún tipo de educación frente al 10,5% de la población joven europea, aunque este porcentaje se había reducido en dos puntos porcentuales desde 2008.

La implantación de la Garantía Juvenil en los diferentes países de la Unión Europea se ha realizado de diferentes formas, mostrando un desempeño distinto en cuanto a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. En la figura se recoge el porcentaje de jóvenes que no trabajan ni estudian, pero que estaban cubiertos por la Garantía Juvenil en 2016. En España, este porcentaje es el 34%, por debajo de la media europea y situándonos cerca de países como Estonia y Lituania. En la parte alta del ranking se encuentran países como Austria, Finlandia o Bélgica, con tasas de cobertura superiores al 70%. Aunque nuestro país ha experimentado mejoras en el empleo de los jóvenes en los últimos años, estos resultados demuestran que se tiene que mejorar la calidad de los empleos ofrecidos a través de este programa e incrementar la tasa de cobertura, así como sostener la integración laboral de sus beneficiarios al término de esta Garantía Juvenil (Comisión Europea, 2018b).

Por otra parte, no hay en la actualidad un plan general para mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes. La falta de acceso imposibilita la emancipación e incrementa la edad media a la que este grupo abandona el hogar de sus padres. Existe un programa general de ayudas al alquiler de vivienda para ciudadanos con escasos medios económicos: los ingresos del beneficiario no pueden ser superiores a tres veces el IPREM y el importe del alquiler no puede ser superior a los 600 euros mensuales. No obstante, el gran incremento de los precios del alquiler en nuestro país hace que solo un número limitado de jóvenes puedan acceder a esta ayuda, siendo prácticamente inaplicable en las grandes ciudades.

También existen, a nivel autonómico, beneficios fiscales al arrendamiento de vivienda por parte de jóvenes y deducciones por la compra de vivienda habitual, además de ciertas ayudas municipales, pero las cuantías de estas políticas son muy limitadas y sus requisitos hacen que gran parte de la población joven quede fuera de su ámbito de alcance.

Por último, el sistema de impuestos y prestaciones español redistribuye menos las rentas de los más jóvenes que en el caso de otros grupos demográficos, lo que unido a los bajos salarios, la precariedad laboral y la inestabilidad en el mercado de trabajo, sitúa a este grupo de población en una peor posición relativa. Como señala Cantó (2019), mientras que el sistema reduce casi un 60% la desigualdad de los individuos que viven en hogares donde todos sus miembros son mayores de 40 años, solo lo hace un 15% en los hogares jóvenes. Ello se debe principalmente al gran peso que tienen las pensiones contributivas en nuestro país.