El presente artículo destaca que los vínculos ciencia-empresa en España y Portugal son más débiles que en otras economías más avanzadas de la Unión Europea (UE), a pesar de que en los últimos años se han apreciado progresos en este ámbito. La comparación se ha efectuado a partir de la media de la Europa de los Veintisiete (EU-27) y de cuatro Estados miembros en concreto: dos países más grandes (Francia y Alemania) y dos más pequeños (Austria y Finlandia).

Una forma de medir el impacto previsto de la investigación académica en la innovación consiste en analizar las patentes generadas por universidades y organismos públicos de investigación. Según se indica en el gráfico 1, a principios de la década del 2000, tanto España como Portugal presentaron menos de cincuenta solicitudes por billón de euros de producto interior bruto ante la Oficina Europea de Patentes (OEP); no obstante, en la segunda mitad de la década del 2010, dicha cifra aumentó hasta situarse en torno a las doscientas solicitudes. Además, la brecha relativa de España y Portugal con respecto a Francia y, en especial, a Alemania, ha ido disminuyendo desde principios de la década del 2000, aunque en el último decenio Portugal ha experimentado un incremento más acentuado que España. Austria y Finlandia han seguido tendencias similares y en los últimos años se han acercado a la media europea. 

El gráfico 2 subraya la importancia de la proporción de patentes académicas (superior a la media europea) con relación a la cifra total de solicitudes ante la OEP. Este elevado porcentaje es una consecuencia natural del bajo número de patentes generadas por el sector empresarial, tanto en España como, sobre todo, en Portugal, pero refleja también la considerable mejora del potencial científico y tecnológico de las universidades y organismos públicos de investigación a lo largo de las dos últimas décadas. Desde principios de la década del 2000, como mínimo, las instituciones académicas de España y Portugal han ido creando oficinas de transferencia de tecnología y otras estructuras similares que han contribuido a promover el potencial comercial de sus tecnologías y a explotar sus carteras de patentes. Dado que presentar una solicitud de protección mediante patente ante la OEP es un proceso relativamente complejo y costoso, las instituciones académicas europeas suelen solicitar primero la protección en sus respectivas oficinas nacionales de patentes; luego, si están convencidas del potencial económico de sus inventos, presentan la solicitud de protección mediante patente ante la OEP. 

Además de las patentes, otro indicador que puede emplearse para medir los vínculos ciencia-empresa es el número de artículos científicos publicados por coautores de instituciones públicas y privadas. En este indicador, tanto España como Portugal se sitúan significativamente por debajo de la media de la EU-27 (gráfico 3). En el 2018, se registraron 44 copublicaciones público-privadas por millón de habitantes en Portugal y 53 en España, mientras que la media de la EU-27 fue de 91, y la cifra aumentó hasta 149 en el caso de Alemania. No obstante, se observa una tendencia positiva en ambos países, con un aumento, entre el 2012 y el 2018, del 30% en Portugal y del 14% en España, frente a un incremento medio del 13% en el conjunto de la EU-27. A diferencia del indicador de patentes, el indicador de copublicaciones resulta muy útil para comprender la cooperación ciencia-empresa en el ámbito de la investigación académica; con todo, dadas sus limitaciones, conviene utilizarlo con precaución. Las copublicaciones son colaboraciones cuyos resultados se comparten con la comunidad académica en revistas científicas, mientras que los vínculos ciencia-empresa suelen traducirse en conocimientos de acceso restringido, protegidos por patentes, contratos y acuerdos de confidencialidad. Aunque la tendencia hacia una ciencia más abierta también se está manifestando en el campo de los vínculos ciencia-empresa, las copublicaciones público-privadas siguen siendo limitadas.

Las instituciones académicas también contribuyen a la investigación e innovación empresarial mediante la formación de investigadores que posteriormente pueden ser contratados por empresas. Los datos del 2017 revelan que el 0,7% de la población portuguesa de edades comprendidas entre los 25 y 64 años y el 0,75% de la española estaban en posesión de un doctorado (gráfico 4). Estos porcentajes equivalen aproximadamente a la mitad del de Alemania, situándose también muy por debajo de las cifras de países como Austria, Finlandia y Francia. Además, un desafío al que deben enfrentarse tanto España como Portugal es la limitada movilidad de los doctorados hacia el sector privado.

Según las últimas cifras de la base de datos de la OCDE sobre la evolución de la carrera profesional de los doctorados, en España y Portugal únicamente cerca del 6% de los doctorados trabajan en empresas privadas. Para afrontar este desafío, ambos países han implantado recientemente nuevos instrumentos de política pública con miras a promover la movilidad de los doctorados hacia el sector privado.

Durante los últimos años, los gobiernos de España y de Portugal han impulsado nuevos instrumentos de política para aumentar el número de doctorados que se incorporan a empresas privadas. 

ESPAÑA
En España, el programa Torres Quevedo ofrece, desde el 2001, incentivos a las empresas privadas que contratan a doctorados. Las empresas seleccionadas reciben subvenciones para pagar sus salarios y las contribuciones a la Seguridad Social durante un periodo máximo de tres años, con algunas variaciones según el tipo de empresa y la clase de proyecto (investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad). En el 2020, el programa Torres Quevedo contaba con un presupuesto anual de 15 millones de euros, similar al del año anterior, cuando se adjudicaron 176 contratos. 

En España, las recientes iniciativas políticas se centran en la etapa predoctoral, de modo que se conceden subvenciones destinadas al desarrollo de los «doctorados industriales». En el 2014, se implantó un programa de ámbito estatal, pero, además, muchos gobiernos autonómicos, como los de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Madrid, Navarra, Murcia y la Comunidad Valenciana, también cuentan con sus propios programas. Su finalidad es cofinanciar la contratación de estudiantes de doctorado por parte de las empresas y su inscripción en estudios doctorales, así como las becas para las estancias de investigación durante la realización de la tesis, que debe estar codirigida por tutores del ámbito empresarial y académico. El presupuesto anual del programa estatal fue de 4 millones de euros en el 2020, y en el año 2019 se adjudicaron 61 contratos.
 

PORTUGAL
En lugar de ofrecer ayudas para pagar los salarios de los doctorados, el país luso ha optado por conceder beneficios fiscales. Los incentivos fiscales para promover iniciativas de I+D en las empresas fomentan explícitamente la contratación de doctorados en el ámbito de la investigación y el desarrollo mediante la concesión de créditos equivalentes al 120% de su salario. Desde el 2015, las empresas se han beneficiado de estas ventajas a un ritmo cada vez mayor, con un incremento del 30% en la cifra de doctorados contratados por empresas entre los años 2016 y 2018. 

Portugal también ha hecho hincapié en la etapa predoctoral, aunque con un enfoque diferente. Las Colaboraciones Internacionales en Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que se iniciaron en el 2006, ponen en contacto a diversas universidades portuguesas con universidades internacionales de prestigio —como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Texas en Austin— con miras a desarrollar programas de estudios avanzados y de doctorado en sectores clave y así mejorar la empleabilidad y la orientación empresarial de quienes obtienen el título de doctor. Las empresas portuguesas se implican cada vez más en estos programas de doctorado mediante un programa de «afiliación industrial» que les permite participar en actividades de investigación y en la formación de graduados especializados. Ello ha facilitado la creación de redes temáticas eficaces mediante proyectos orientados a promover nuevos conocimientos y a explotar nuevas ideas en colaboración con las empresas. El programa MIT-Portugal, por ejemplo, se centra en el ámbito de los «sistemas de ingeniería» y hace hincapié en los complejos procesos asociados a la producción industrial, la energía sostenible, la bioingeniería y los sistemas de transporte, y desarrolla iniciativas de I+D en estrecha colaboración con sus socios empresariales. 

Además de potenciar las colaboraciones con instituciones extranjeras, se podría explotar en mayor medida tanto la movilidad del profesorado como las dobles afiliaciones con empresas, lo que permitiría aprovechar el potencial de los investigadores españoles y portugueses que residen en el extranjero y de sus redes internacionales.  

Para fomentar la cooperación entre ciencia y empresa en materia de I+D, los programas de financiación competitiva suelen centrarse en proyectos de colaboración entre socios del ámbito académico y las empresas. Este tipo de subvenciones para la cooperación en I+D ya hace bastantes años que está presente en España y Portugal, y constituye uno de los instrumentos políticos en materia de innovación más relevantes en toda la UE. Más recientemente, ambos países han puesto en marcha ambiciosos programas de políticas públicas destinados a crear consorcios ciencia-empresa y laboratorios conjuntos, centrados en campos de investigación estratégicos. 

Los responsables políticos de España y Portugal también deberían considerar la adopción de nuevas reformas normativas y de ventajas fiscales como incentivo para que las empresas privadas financien más investigación universitaria. Según se desprende del gráfico 5, el porcentaje de iniciativas universitarias de investigación y desarrollo financiadas por el sector empresarial es considerablemente más alto en España (5,5%) que en Portugal (2%). Pese a que ambas cifras se sitúan muy por debajo de la media de la UE, y a una distancia incluso superior con respecto a Alemania, es importante destacar que el porcentaje de España es superior al de Francia y al de Finlandia. Si se analiza la tendencia desde el 2007, se constata que en España, a diferencia de lo ocurrido en Portugal, este porcentaje ha disminuido de forma muy significativa. 

España y Portugal han implantado recientemente nuevos programas de políticas destinados a la creación de consorcios de I+D entre instituciones científicas y empresas mediante asociaciones público-privadas. Estos consorcios se han establecido en determinados ámbitos de investigación estratégica en consonancia con las necesidades de la industria y los desafíos de la sociedad. 

En el 2014, en España se puso en marcha el programa Retos Colaboración para apoyar proyectos de desarrollo experimental realizados conjuntamente por empresas y organismos de investigación, durante un periodo de entre dos y cuatro años, que aborden desafíos de la sociedad mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios. De un modo similar, en el 2020, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) publicó la primera convocatoria del programa Misiones Ciencia e Innovación, con la consiguiente selección de 24 grandes proyectos estratégicos de I+D que serán desarrollados por consorcios empresariales en un periodo de entre dos y cuatro años y cuyo objetivo es aportar soluciones a importantes desafíos en ámbitos específicos. Este programa exige que al menos el 20% del presupuesto se subcontrate a universidades y organismos públicos de investigación.

Más recientemente, en el 2021, la Agencia Estatal de Investigación implementó un nuevo programa, denominado Proyectos en Líneas Estratégicas, cuya finalidad es prestar apoyo, durante un periodo de tres años, a proyectos de colaboración público-privada e interdisciplinaria en áreas estratégicas específicas, financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE. La nueva convocatoria Líneas permite que los organismos públicos de investigación lideren estos proyectos, en lugar de que se limiten a actuar como subcontratistas de proyectos gestionados por empresas, tal y como sucede con el programa Misiones Ciencia e Innovación, o como participantes en proyectos liderados por la industria, como es el caso del programa Retos Colaboración. 

En Portugal, en el 2018 se puso en marcha el programa Laboratorios Colaborativos (CoLAB) para impulsar una colaboración más intensa entre ciencia y empresa a través de asociaciones público-privadas y contribuir a la creación de empleos de perfil científico. Los CoLAB pueden constituirse como organizaciones sin fines de lucro o bien como empresas lucrativas. Los socios de los CoLAB abarcan unidades de investigación de instituciones de educación superior, laboratorios de investigación públicos, organizaciones intermediarias, empresas y asociaciones empresariales. Cuentan con un alto porcentaje de financiación privada y se dedican, principalmente, a llevar a cabo investigación aplicada para prestar servicios profesionales de I+D a las empresas y dar respuesta a los desafíos sociales. Está previsto que estos centros funcionen con arreglo a una estructura en la que un tercio de la financiación sea pública, un tercio sea privada y otro tercio sea competitiva. Hasta la fecha se han constituido un total de 35 CoLAB, que movilizan en torno a ciento veinte empresas privadas. 

Los programas impulsados en España y Portugal se inscriben en iniciativas similares adoptadas en otros países europeos. Representan un cambio de orientación importante, dado que dejan de prestar un apoyo puntual a transferencias lineales de tecnología entre partes separadas para pasar a impulsar una colaboración ciencia-empresa mucho más ambiciosa, con el propósito de promover conjuntamente iniciativas de I+D con arreglo a una misión específica. En España, la combinación de políticas aplicadas a acuerdos de colaboración comprende más instrumentos políticos que en Portugal, lo que provoca algunos solapamientos y complejidades. A diferencia de los programas españoles, que pivotan en torno a los proyectos, la estrategia portuguesa promueve la creación de laboratorios conjuntos como nuevas entidades sostenibles a largo plazo, con la voluntad de que ello se traduzca en colaboraciones público-privadas más intensas y abiertas.  

En los próximos años, la colaboración ciencia-empresa y las asociaciones público-privadas serán cruciales para que España y Portugal puedan absorber de forma eficiente los nuevos flujos de financiación europeos que estarán disponibles en el marco del plan de recuperación Nueva Generación UE de la Comisión Europea.

Teniendo en cuenta las distintas políticas que ambos países han adoptado en los últimos años, sería muy interesante intercambiar información sobre tales experiencias y fomentar el aprendizaje mutuo. Así, por ejemplo, España podría aprender de las iniciativas impulsadas recientemente en Portugal para desarrollar laboratorios conjuntos con socios académicos y empresariales y crear programas de doctorado en colaboración con prestigiosas instituciones internacionales, con miras a mejorar la armonización entre la investigación académica y las necesidades empresariales. Por otro lado, tras evaluar minuciosamente la experiencia española, Portugal, en lugar de limitarse a introducir nuevos incentivos fiscales a la I+D, podría estudiar la posibilidad de ofrecer medidas de financiación parcial para la contratación de investigadores doctorales y postdoctorales por parte de las empresas.

La promoción de los vínculos ciencia-empresa requiere un amplio abanico de instrumentos políticos complementarios dirigidos tanto al ámbito académico como al empresarial, de modo que se ofrezcan incentivos para que ambos puedan colaborar. La combinación de políticas también deberá tener en cuenta los distintos canales formales e informales que permiten el intercambio de conocimientos científicos y empresariales, además de evitar el tradicional sesgo exclusivamente a favor de patentes, publicaciones y nuevas empresas. En ocasiones, es posible que este sesgo obedezca más a la necesidad de obtener una buena posición en clasificaciones y evaluaciones basadas en indicadores cuantitativos que a la voluntad de que la transferencia de conocimientos constituya realmente una prioridad en los objetivos y presupuestos de las universidades y organismos de investigación. En concreto, las políticas adoptadas en España y Portugal deberán centrarse más claramente en las personas y redes de personas y deberán promover tanto la movilidad intersectorial como las oportunidades de diálogo y comunicación, puesto que, en última instancia, son las personas, y no solamente las instituciones, las que impulsan la colaboración. 

Otra premisa clave consiste en simplificar las normativas y reducir las barreras a la colaboración público-privada, a la movilidad intersectorial del capital humano y al emprendimiento académico, de modo que, con el tiempo, puedan forjarse sólidos vínculos ciencia-empresa basados en la confianza y en la igualdad de condiciones. Lamentablemente, para lograr estas transformaciones no basta con cambiar la legislación, con garantizar la coordinación entre ministerios y entre distintos niveles de políticas, con reforzar los incentivos individuales e institucionales para la transferencia de conocimientos, ni con «importar» las mejores prácticas internacionales. En ambos países también será preciso renovar a fondo el tejido industrial. Habrá que fomentar políticas que aborden con rigor los cambios estructurales y se traduzcan en nuevas prácticas empresariales y en nuevas empresas que aumenten la eficacia de las interacciones ciencia-empresa. Estos cambios requieren una combinación de distintas políticas públicas que fortalezcan las instituciones intermediarias, así como el crecimiento de las empresas basadas en la tecnología y el de las asociaciones tecnológicas a escala global, de forma que pueda desplegarse el potencial técnico e industrial necesario para aprovechar las nuevas oportunidades que surjan en los mercados.
 

Autores
 

• Manuel Mira Godinho, ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Universidad de Lisboa.

• José Guimón, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid.

• Catalina Martínez, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC).

• Joana Mendonça, IN+ Centre for Innovation, Technology and Policy Research, IST, Universidad de Lisboa.

CARTAXO, R., y M. GODINHO (2017): «How institutional nature and available resources determine the performance of technology transfer offices». Industry and Innovation, 24(7), 713-734.

GUIMÓN, J. (2019): «Policy initiatives to enhance the impact of public research. Promoting excellence, transfer and co-creation». OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 81.

MARTÍNEZ, C., y L. BARES (2018): «The link between technology transfer and international extension of university patents: Evidence from Spain». Science and Public Policy, 45(6), 827-842.

MENDONÇA, J., y M. HEITOR (2016): «The changing patterns of industrial production: How does it play for the Iberian Peninsula?». Technological Forecasting and Social Change, 113, 293-307. 

OCDE (2019): Benchmarking Higher Education System Performance. OCDE Publishing.