La riqueza está distribuida de manera muy desigual y tiende a concentrarse en pocos hogares. Aunque España no es uno de los países con mayor desigualdad en la riqueza, la Gran Recesión ha ocasionado un incremento considerable: entre 2005 y 2014, la riqueza en manos del 1% de los hogares más ricos aumentó en 6,7 puntos porcentuales, y la del 10%, en 11,3 puntos porcentuales. En este contexto, resulta interesante estudiar el impuesto sobre el patrimonio español, a fin de analizar su efecto redistributivo y cómo inciden en el mismo los diferentes elementos que lo configuran. La recaudación obtenida en toda España en 2016 se aproxima a los 1.250 millones de euros.

Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias nos han permitido desarrollar un simulador del impuesto sobre el patrimonio, con el fin de analizar su efecto redistributivo y ver cómo inciden en él los diferentes elementos que lo componen. Nuestras estimaciones indican que la recaudación real del impuesto representa únicamente un 44,60% de la recaudación potencial, esto es, de la recaudación que se obtendría si todos los bienes se valoraran a precios de mercado, lo que no sucede con activos tan importantes como los bienes inmuebles y las acciones no cotizadas, y si no hubiera incumplimiento. En otras palabras, la recaudación potencial del impuesto es, aproximadamente, 2,5 veces mayor que la real. Si así fuera, su efecto redistributivo a largo plazo sería considerable, pues disminuiría la riqueza en manos del 1% de los hogares más ricos en 1,3 puntos porcentuales en 25 años y en 4,3 puntos porcentuales después de 85 años.

El actual impuesto español debería recaer únicamente en los hogares con mayor riqueza, en concreto sobre el 7% de los hogares más ricos, como consecuencia del mínimo exento y de las exenciones. No obstante, se observa que no todos los hogares más ricos pagan el impuesto, debido principalmente al efecto de las exenciones de la vivienda habitual y de la empresa familiar. Incluso un 11,69% de los hogares del percentil más rico no llegan a pagar el impuesto. Estas exenciones y el límite conjunto de renta y patrimonio son regresivas y alteran sensiblemente el efecto final del impuesto.

El límite conjunto de renta y patrimonio está previsto para evitar que el impuesto sea confiscatorio, esto es, que la suma de lo pagado por IRPF y patrimonio no supere un porcentaje de la renta que se consideraría excesivo. Ahora bien, el límite solo se lo aplican contribuyentes situados en el 2% de los hogares más ricos y su ahorro suele ser mayor cuanto mayor es su riqueza. Un 26% de los hogares más ricos (Top 1%) se benefician del límite, consiguiendo un ahorro promedio ligeramente superior a los 3,8 millones de euros, que, a nivel individual, puede llegar a ser cercano a los seis millones. La recaudación total que se deja de obtener por la aplicación del límite es de 2.682 millones de euros, casi un 73% de la recaudación potencial actual.

El ahorro obtenido en la cuota del impuesto también puede ser elevado como consecuencia de las exenciones por vivienda habitual y empresa familiar, en este caso expresado como bajada del tipo medio. En la vivienda (puntos azules) del gráfico, el ahorro aumenta hasta alcanzar su valor máximo para hogares entre 1,5 y 3 millones de euros de riqueza. A partir de este nivel tiende a reducirse, seguramente por el tope máximo exento de 300.000 euros. Para la empresa familiar (puntos magenta), la reducción crece con mayor claridad con la riqueza neta. En este caso, además, la normativa no prevé un importe máximo. La eliminación de las exenciones aumentaría también la recaudación en 1.352 millones de euros, casi un 37% de la recaudación potencial actual. Esto es, la importancia recaudatoria de ambas exenciones, si bien es considerable, resulta ser la mitad de la que se deriva de la aplicación del límite.

A la hora de analizar el impuesto resulta fundamental valorar de manera conjunta todos los elementos que lo integran porque la modificación de uno puede tener implicaciones en otros. Así, observamos que las exenciones, en especial la de la empresa familiar, son parcialmente sustitutivas del límite conjunto. Si se eliminaran las exenciones, el ahorro medio que conseguiría el 1% de los hogares más ricos gracias al límite pasaría de los 3,8 millones de euros a casi 7 millones, y el porcentaje de hogares beneficiados del 26% al 32%. Por tanto, una reforma que eliminase las exenciones para mejorar la progresividad del impuesto difícilmente conseguiría su objetivo si no se modifica también el límite conjunto. Es importante tener presente que este límite viene motivado por la exigencia constitucional de que el sistema fiscal no sea confiscatorio, pero posiblemente haya otras maneras más neutrales de instrumentarlo.

El efecto redistributivo del impuesto es muy reducido a corto plazo, pero su impacto es mucho mayor a largo plazo, lo que resulta coherente con el proceso de acumulación de riqueza que se da a lo largo del tiempo. Calculamos la variación media que experimentarían los percentiles de los hogares más ricos si el impuesto de acuerdo con su normativa actual se aplicara durante 85 años. Después de este largo período de tiempo determinamos el porcentaje de la riqueza total que ostenta cada percentil y comprobamos cómo únicamente cae en el 2% de los hogares más ricos (percentiles 99 y 100), pero sobre todo en el 1% mayor.

Simulamos los efectos de tres posibles reformas, bajo el supuesto de que la recaudación obtenida sea igual a la actual, pero con el fin de tener un impuesto más sencillo y menos susceptible a prácticas de elusión fiscal: sin exenciones ni límite conjunto (simulación 1); sin exenciones, pero con límite (simulación 2); con la exención de la vivienda habitual y el límite (simulación 3). El tipo impositivo se fija en el 1% y el mínimo exento es, respectivamente, 2.280.641, 1.198.809 y 1.096.170 euros. En las alternativas la base es más amplia (se grava toda la riqueza), por lo que se puede lograr la misma recaudación que con el impuesto actual aunque los mínimos exentos sean más elevados. En general, el efecto de las tres simulaciones en comparación con el impuesto actual sería bastante similar si nos fijamos en el índice de Gini (el Gini en el momento inicial es 0,6609). La eliminación del límite conjunto de renta y patrimonio provocaría que en la simulación 1 el porcentaje de riqueza en manos del 1% más rico disminuyera ligeramente.

En todos los casos queda demostrada la capacidad redistributiva potencial del impuesto, aunque los efectos no serían inmediatos. Por ejemplo, hemos de esperar un mínimo de 20 años para que la concentración de la riqueza neta en manos del 1% más rico disminuya 1 punto porcentual.

El actual impuesto sobre el patrimonio en España presenta importantes problemas, entre los que destacan unas normas de valoración deficientes y unos tratamientos especiales que entran en contradicción con el objetivo redistributivo del impuesto. Para intentar abordar estos problemas, habría que reformar la normativa. Las nuevas tecnologías —como por ejemplo las de tratamiento de big data— deberían permitir mejorar las estimaciones de los bienes inmuebles a valores de mercado respetando el principio de seguridad jurídica. Igualmente, la supresión de tratamientos especiales, como el de la empresa familiar, mejoraría la progresividad del impuesto, además de reducir las prácticas de elusión fiscal. Ahora bien, para ello también sería necesario modificar el límite conjunto de renta y patrimonio, cuestión más compleja pues se establece por la exigencia constitucional de que el sistema fiscal no sea confiscatorio.

En definitiva, un impuesto sobre el patrimonio mejor configurado podría dotar a nuestro país de un instrumento con una capacidad redistributiva notable a largo plazo. No obstante, habrá que debatir también si no hay otros instrumentos tributarios que resulten más apropiados para alcanzar esta redistribución, tales como el impuesto sobre sucesiones y donaciones o una mejor tributación del capital en el impuesto sobre la renta.