El empleo de datos bancarios anonimizados y representativos del conjunto de la población permite comprobar que la crisis económica generada por la pandemia ha conllevado un fuerte aumento de la desigualdad. Hasta hace muy poco, este análisis inmediato no era factible ni en España ni en ningún otro país. Por lo general, las agencias estadísticas tardan varios años en producir datos sobre la distribución de los ingresos de la población. Con los datos bancarios se construyen métricas para realizar un seguimiento de la desigualdad salarial en tiempo real y para identificar, también en tiempo real, las transferencias del sector público y su impacto en la distribución de los ingresos. 

El índice de Gini, una de las medidas de la desigualdad más aceptadas, toma el valor de 0 para representar una igualdad perfecta y el valor de 100 para designar la desigualdad máxima (una persona tiene todos los ingresos y el resto de los individuos, ninguno). Este índice suele ser bastante estable a lo largo del tiempo, pero aumentó más de 10 puntos entre febrero y abril de 2020 antes de contabilizar las ayudas públicas, según la información aportada por más de tres millones de nóminas (Aspachs et al., 2022). Nunca habíamos observado variaciones de esta magnitud en un mismo país durante un periodo tan breve: en dos meses aumentó el 25%. Es un aumento histórico, pero cabe resaltar que fue sustancialmente inferior al que se produjo durante la crisis inmobiliaria y financiera de 2007-2013. A la sazón, por cada punto porcentual que retrocedió el PIB, el índice de Gini anterior a las acciones públicas (Gini-pre) aumentó el 0,9%. En cambio, durante la crisis actual, esta sensibilidad se ha reducido a la mitad: por cada punto de caída del PIB, el índice de Gini-pre ha aumentado el 0,4%. Después de las transferencias públicas, ha aumentado la mitad de lo que lo hizo entonces. Con todo, más allá de la variación en la sensibilidad de los índices de Gini respecto al PIB, es muy destacable que a partir del momento en que la economía se ha ido recuperando, la desigualdad se ha empezado a reducir.

Después de tener en cuenta los apoyos a las rentas del sector público —como las prestaciones por desempleo, o las que reciben los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)— el aumento en el nivel de desigualdad también es acusado, pero muy inferior. En abril de 2020, fue de 4 puntos respecto al nivel de febrero de ese mismo año, lo que significa un aumento del 10%. El incremento que registró el índice de Gini tras considerar las ayudas públicas en julio de 2020 fue de 1,3 puntos respecto al nivel prepandemia. Aún queda bastante camino por recorrer hasta alcanzar los niveles previos. 

La mejora de los índices de Gini es generalizada entre los distintos colectivos. Los índices correspondientes a los jóvenes y a las personas nacidas fuera de España aumentaron mucho más que para el resto de la población al inicio de la pandemia.

Sin embargo, desde que la actividad económica empezó a recuperarse, la situación de estos colectivos ha mejorado significativamente. En julio de 2021 ya no se apreciaban diferencias tan destacables en la variación por edades. Con respecto a los inmigrantes, los índices de Gini también han mejorado de forma notable, pese a mantenerse ligeramente por encima de los relativos a los españoles.

A pesar de que la tormenta provocada por la covid-19 aún no ha terminado, ya podemos analizar el impacto de la respuesta de las administraciones públicas ante la desigualdad salarial. Las transferencias públicas a los empleados en ERTE o a los desempleados amortiguaron la caída de los ingresos de muchos trabajadores; sin embargo, ¿hasta qué punto mitigaron el aumento de la desigualdad? 

En los meses más duros de la pandemia —abril y mayo de 2020—, las prestaciones por desempleo y, en especial, las transferencias a los trabajadores en ERTE atenuaron el 80% del incremento de la desigualdad salarial. En 2021, la crisis generada se ha moderado; con todo, entre abril y julio las transferencias públicas aún compensaban en torno al 56% del aumento de la desigualdad salarial. 

Todo ello ha supuesto un enorme esfuerzo para la Administración pública, y no solamente en términos monetarios. El incremento masivo de solicitudes de prestaciones ha sido muy difícil de gestionar, y a menudo se han alargado los tiempos de tramitación de los expedientes. Según nuestros resultados, además de un buen sistema de ayudas públicas, la eficiencia con la que estas se gestionan también es clave para reducir la desigualdad. Si, por ejemplo, en noviembre de 2020 la tramitación de los subsidios de desempleo hubiera sido un 5% más ágil en número de días, el índice de Gini se habría reducido 0,2 puntos. Asimismo, un 1% más de casos resueltos en menos de 15 días reduciría un 9,2% la diferencia de la desigualdad antes y después de las transferencias.

Dicho de otro modo, si en Cataluña y Madrid el número de días necesarios para tramitar una prestación de desempleo hubiera aumentado la mitad entre octubre y diciembre de 2020, el índice de Gini habría aumentado 0,9 puntos menos. No es una cifra elevada, pero debe recordarse que este efecto solo se refiere al retraso debido al tiempo de procesamiento, puesto que los individuos con derecho a percibir una prestación acaban cobrando los atrasos. Ello ilustra el impacto que puede tener una mayor eficiencia por parte de la Administración pública. Reducir el tiempo de procesamiento de los subsidios de desempleo mediante, por ejemplo, una mayor digitalización de los servicios públicos de empleo, tiene un impacto directo y elevado en el bienestar de las familias. 

Los debates sobre la desigualdad suelen centrarse en la dispersión en los niveles salariales y omiten que la desigualdad de los ingresos salariales depende también de la «intensidad» en el empleo; es decir, de si se está trabajando y con qué regularidad. El caso español es bastante paradigmático, con una alta tasa de temporalidad en el empleo (25,1%) y una proliferación de contratos laborales con una duración cada vez menor que incide considerablemente en la desigualdad. Durante la crisis financiera de 2007-2011, el fuerte aumento de la desigualdad en España obedeció en un 80% a la caída del empleo y en un 20% a una mayor dispersión salarial entre trabajadores (cálculos propios a partir de datos de la OCDE, 2015). Estas proporciones fueron prácticamente opuestas a las del promedio de la OCDE, donde solo el 18% del aumento en la desigualdad entre 2007 y 2011 se explicó por cambios en el empleo y el 82% obedeció a la mayor dispersión salarial entre trabajadores. 

¿Qué sucedió durante la pandemia en España? El empleo volvió a ser el principal factor responsable de los cambios en la desigualdad salarial. Entre febrero y abril de 2020, por ejemplo, casi el 90% del incremento en la desigualdad salarial (antes de las transferencias públicas) obedeció a la caída del empleo; el resto se debió a incrementos en la desigualdad salarial entre trabajadores. Así, para poder examinar los factores que determinan la evolución de la desigualdad, es necesario revisar las dinámicas del empleo, en particular las de los colectivos más afectados.

La probabilidad de continuar empleado durante el periodo duro de la pandemia, caracterizado por fuertes restricciones de movilidad, no fue igual para todos los trabajadores. Quienes antes de la pandemia percibían menos ingresos salariales fueron los que tuvieron una mayor probabilidad de no estar empleados en los meses siguientes. Concretamente, para los trabajadores en el quintil salarial más bajo, la probabilidad de estar empleados se redujo hasta en un 38% en mayo de 2020: una incidencia un 23% más elevada que para los trabajadores del quintil más alto. Estas diferencias se redujeron ligeramente en los meses siguientes, aunque los trabajadores en los quintiles salariales inferiores siguieron teniendo una mayor probabilidad de no estar empleados. 

Por edades, los jóvenes han sido el colectivo más afectado por la pandemia en el mercado laboral. En mayo de 2020, la probabilidad de que percibieran una nómina era un 18% menor que la de los trabajadores de mayor edad, y la recuperación en los meses siguientes solo fue parcial. La probabilidad de tener empleo también se redujo en mayor medida para los trabajadores nacidos en el extranjero. La brecha en la probabilidad de estar empleado era del 8% en abril de 2020 y, curiosamente, siguió aumentando con los meses, hasta situarse en el 11% en noviembre. La probabilidad de las mujeres de continuar empleadas en los primeros meses de la pandemia fue inferior a la de los hombres, con una brecha en la probabilidad de empleo que superó el 4% y no empezó a recuperarse hasta septiembre.

La pandemia ha provocado un rápido aumento de la desigualdad salarial en España, hasta alcanzar cifras sin precedentes. Sin embargo, los mecanismos de apoyo a las rentas implantados por la Administración pública han logrado reducir significativamente dicho impacto.

Los trabajadores con menos ingresos, los jóvenes, los inmigrantes y las mujeres han sido los más impactados en el mercado laboral. La recuperación del empleo aún no es total, en especial para los colectivos más vulnerables. Por ello, el incremento de la desigualdad respecto al nivel prepandemia aún es considerable y el empleo, como factor esencial, volverá a ser la principal palanca para corregirla. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores para que nadie se quede atrás, así como incrementar su intensidad en el empleo, son las herramientas clave para que el aumento en la desigualdad no se convierta en una cicatriz permanente de la pandemia. 

ASPACHS, DURANTE, GARCÍA-MONTALVO, GRAZIANO, MESTRES y REYNAL-QUEROL (previsto 2022). «Real-Time Inequality and the Welfare State in Motion: Evidence from COVID-19 in Spain», Economic Policy.

OCDE (2015): In It Together. Why Less Inequality Benefits All. París: OECD Publishing.