Los incendios se repiten periódicamente cada verano y afectan a decenas de miles de hectáreas anuales (8 millones entre 1961 y 2016), siendo un importante problema ambiental con graves efectos ecológicos, económicos y sociales. Aunque es un reto de alcance mundial, en una zona especialmente vulnerable como el Mediterráneo y en un escenario de cambio climático como el que nos encontramos, reviste especial gravedad.

Las soluciones no pasan por repoblar por un lado mientras los bosques arden por el otro, sino por realizar una planificación preventiva generadora de empleo en el medio rural. El sector forestal tiene una gran importancia socioeconómica por sus aprovechamientos de madera, leña, setas, corcho (del que España es el segundo productor del mundo), piñones, esparto, resinas o pastos, que son la base de la ganadería extensiva y un recurso fundamental para la soberanía alimentaria, además de ser clave para el ciclo hidrológico y la biodiversidad.

Los incendios son un grave problema ambiental, económico y social, que además despierta una alarma social todos los veranos en el conjunto del país. Aunque el fuego sea inherente a los ecosistemas forestales, es evidente que es necesario controlar su extensión, frecuencia e intensidad. Los 8 millones de hectáreas que en nuestro país han sido devastadas por el fuego entre 1961 y 2016 (España tiene 50 millones de hectáreas, de los cuales 27 son forestales) han provocado importantes daños sociales, como la pérdida de vidas o desplazamientos de la población; importantes efectos ecológicos por pérdida de biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero, erosión de suelo, efectos sobre el paisaje y alteraciones en el ciclo hidrológico; y por supuesto económicos, tanto por la valoración de los anteriores efectos descritos como por los gastos en extinción o el impacto en la producción de materias primas, bienes y servicios del sector forestal.

Esta gran superficie afectada, unida a las pérdidas económicas y de vidas humanas, ya indican la gran magnitud  del problema y la necesidad de revisar  la política forestal desarrollada, una política que ha tenido poco en cuenta los factores preventivos de los incendios, considerando el fuego como un imprevisto a pesar de que  se repite periódicamente año tras año. Cuando no se previene, se detecta tarde y los medios para la detección no son los suficientes, solo queda la extinción y la preparación para la previsible catástrofe de los próximos veranos. En una situación de sequías periódicas, de falta de políticas adecuadas y en un escenario de cambio climático, el futuro a medio plazo es más que preocupante. La gravedad de la catástrofe se puede visualizar, este año y aquí cerca. En 2017, en Portugal, un solo incendio en masas de eucaliptos y pino pinaster, muy similares a las de Galicia, ha ocasionado 64 muertos y 40 mil hectáreas quemadas.

La estrategia de prevenir los incendios, mitigar sus efectos y mantener los bosques con vida tiene repercusiones beneficiosas sobre la economía, contribuye a generar empleo estable en el sector forestal y promueve lo que se podría denominar “estrategia de empleo verde”, que incluye la valoración de la biodiversidad como base para una sociedad sana y una economía sostenible, en la línea de las estrategias promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los incendios forestales se producen con una fuerte irregularidad en España, tal como observamos en el gráfico 1, en el que se representan las superficies quemadas anuales y las acumuladas desde el año 1961 hasta el año 2016. En 1978, 1985, 1989 o 1994 ardieron más de 400.000 hectáreas. En los cercanos años 2000 y 2005 se superaron las 200.000, e incluso en 2012 se llegó a 226.000. Esta situación se podría volver a repetir en los proximos años si no se realiza una gestión sostenible de los ecosistemas forestales (Prieto, 1995).

Sabemos que seguirán ocurriendo incendios, pero no podemos saber la magnitud exacta de un año determinado. ¿Qué pasará este año? Debido a la sequía existente en gran parte del país, 2017 puede ser un año problemático. Hasta el 3 de Julio ya han ardido 56 mil hectáreas, mientras en el mismo periodo del año anterior ardieron 10.000. Se prevén al menos 10.000 incendios, de los cuales 20 superarán las 500 hectáreas, unos cuantos las 2.000 hectáreas e incluso alguno llegue las 10.000 hectáreas. La superficie afectada superará previsiblemente las 100 mil hectáreas.

El año 1994 fue, uno de los peores años, ya que ardieron más de 430 mil hectáreas, siendo también en el que se quemó más superficie arbolada: 250 mil hectáreas. En la Comunidad Valenciana ardió el 11% de su superficie forestal; en Murcia, el 5%; en Cataluña, el 3%. El caso de la Comunidad Valenciana fue terrible ya que en anteriores campañas también habían ardido superficies muy importantes. Ese año fallecieron 36 personas, 27 de ellos en actividades relacionadas con la extinción (pilotos, miembros de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, etc.).

El fuego recorre distintas partes de la geografía según los caprichos meteorológicos, aunque estos factores no explican totalmente el proceso. Hay años secos de grandes incendios y otros años de las mismas características en los que no se producen. Si bien años de grandes superficies quemadas vinieron precedidos por periodos secos como 1985-1988, 1991-1994, 1998-1999, otros periodos secos como 2004-2008 no supusieron grandes superficies quemadas. Aunque no hay una única respuesta a este hecho, todo indica que la concatenación de periodos secos y la falta de prevencion y detección en algunas zonas hace que los incendios alcancen magnitudes catastróficas.

Una variable fundamental para entender el problema es la evolución de los grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas de superficie quemada. Estos incendios, muy pocos en número, son los que implican mayor peligrosidad y alarma social, y son los que dan cuenta de las mayores pérdidas. Así pues, son muy pocos, entre 5 y 65, los que afectan a un porcentaje que puede llegar al 60% del total de superficie forestal quemada ese año.

Otra variable fundamental son los tipos de bosques y las especies que los componen. Se observa campaña tras campaña, desde hace 40 años,  que determinadas especies como pinos y eucaliptos tienen mayor probabilidad de arder que otras especies en relación a la superficie que ocupan. En Galicia, Asturias y norte de Portugal, pinos y eucaliptos son cultivos forestales, no autóctonos y plantados para la producción, y son precisamente zonas particularmente proclives a los incendios. De manera similar, en el País Vasco, donde tradicionalmente no hay incendios por su meteorología, las masas continuas de pino insigne plantado, si se dan ciertas circunstancias (sequías, vientos, etc.), presentan una elevada peligrosidad, que se puede traducir en grandes incendios sin control como los sucedidos en el año 1989. También en la Comunidad Valenciana, que como hemos visto ha sido especialmente afectada, se hicieron repoblaciones con especies que tienen elevada propensión a arder como el pino carrasco o el pino resinero, configurándose además en masas continuas de bosque, lo que hace los incendios más difíciles de controlar.

En números, la superficie arbolada más afectada por los incendios forestales en la década 2001-2010 ha sido de pino resinero, con un 26,97%, de eucalipto común, con un 13,89%, y de pino carrasco, con un 11,02%. En cambio, la encina, cuyas formaciones ocupan una mayor superficie, registra un porcentaje de superficie quemada mucho menor, del 7,59%.

La proporción de superficie quemada en grandes incendios por especie forestal (gráfico 3) confirma que los pinos y eucaliptos arden en mucha mayor proporción que otras especies. La presencia indiscriminada y continua de estas especies aumenta la frecuencia y extensión del fuego, como se observa también en otras latitudes, por ejemplo Chile en 2016 con el pino insigne, o los grandes incendios que asolan Portugal en 2017, que también son de eucaliptales y pinares.

Se puede concluir, por tanto, que uno de los factores para solucionar el problema de los incendios forestales es la modificación de la estructura y composición de la vegetación, conduciéndola hacia especies y formaciones que tengan menor propensión a quemarse. 

Otra variable fundamental para entender lo que está pasando son los incendios en espacios protegidos solo sobre el papel, una tendencia observada desde hace más de una década en múltiples zonas con figuras de protección, desde Galicia (Monte Pindo) hasta Mallorca (Andratx), por poner dos ejemplos. En 2017 ya se han sucedido varios grandes incendios, pero sin duda el más señalado ha sido el de Doñana, con sus 8.500 hectáreas quemadas de un total de 54.250, afectando al espacio protegido más emblemático del país y con graves efectos sobre la biodiversidad, incluso sobre la población del felino más amenazado del planeta. Todos ellos revelan una falta de planificación muy seria.

La comparación con otros países del Mediterráneo indica que todos están afectados por el fuego de una forma severa. Destaca el caso de España en términos absolutos y el de Portugal en términos relativos, con un 65% de superficie forestal afectada, la mayor de los países del sur de Europa.

Entre Portugal, España, Francia, Italia y Grecia, ardieron 16 millones de hectáreas en el periodo 1980-2015, lo que supone un 31% afectado del total forestal de estos paises. Esta es la magnitud del enorme desafio ante el que nos encontramos.

La diversidad forestal se relaciona con características climáticas, de uso, sociales y económicas. En este sentido, los sistemas forestales europeos, y en concreto los mediterráneos, han sido transformados durante miles de años por el ser humano, lo que contrasta, por ejemplo, con los Estados Unidos, donde la presión importante se ha dado solo durante los últimos 200 años y por ello la naturaleza está mucho menos intervenida por las personas.

Pero esta fuerte interaccion de las personas con el bosque mediterráneo se ha visto modificada de una forma brusca en tan solo tres generaciones. En aproximadamente unos 75 años estamos asistiendo a tendencias como la disminución de población rural, que tambien ha envejecido y cambiado sus hábitos,  especialmente en montañas y zonas forestales (Prieto, 2014). En nuestro país ha descendido de 4,9 millones en 1940 a 1,7 millones en  2010.

Por su parte, la recogida de leña ha descendido desde un factor 100 en 1960 (pasando por un valor mínimo de 14 en el año 2000) a un factor de 25 en 2010, (de 9.946 a 2.445 miles de toneladas). La recogida de resina ha pasado también de un factor 100 en 1966 a un factor 6 en el año 2000. Otros productos forestales, como corcho, castañas, piñones o esparto tambien han disminuido, lo que indica la infrautilización de productos del sector forestal (gráfico 5).

En cuanto a la ganadería extensiva, que controlaba el matorral y los pastos, sigue  desapareciendo de amplias zonas del territorio, especialmente en zonas de montaña, debido a la falta de rentabilidad y de ayudas. Por su parte, el abandono de zonas agrarias y de pastos dentro de masas forestales supone la desaparición de mosaicos, zonas agrícolas intercaladas que originaban discontinuidades, que ahora son zonas de matorrales continuas.

Finalmente, durante la dictadura y primeros años de la democracia se implementó una política forestal errónea basada en repoblaciones masivas de muy pocas especies, especialmente pinos y eucaliptos, de los que se plantaron 3 millones de hectáreas. Como hemos visto, estas especies presentan gran riesgo de arder, a lo que contribuye también que estas repoblaciones posteriormente no se cuidaron. Al mismo tiempo, se permitieron viviendas y urbanizaciones en los bosques, aumentando la presencia de población urbana y la peligrosidad del sistema.

Se declararon docenas de espacios protegidos, que suponen ya el 40% del total de la superficie forestal, pero no se planificaron ni se asignaron medios, planes y vigilancia para su mantenimiento. Gran parte de estos espacios protegidos, tanto por las Comunidades Autónomas como los de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, no tienen planes de ordenación y gestión. En algunos espacios protegidos se prohibió la gestión tradicional, que implicaba la recogida de leña, pastoreo, etc., actividades que contribuían a su mantenimiento y que eran la razón que los hacía atractivos. El incendio de Doñana en 2017 es sintomático de falta de detección, prevención y planificación en una de las zonas ecológicas mas interesantes de España.

Algunas de estas tendencias siguen en la actualidad. Por ejemplo, el valor añadido bruto del sector primario forestal (silvicultura y explotación forestal) y el de la industria de la madera, el corcho y el papel fue de 5.486 millones de euros en 2014, habiendo descendido un 7,8% respecto a 2013. Estas actividades ocuparon en 2016 a una media de 134.200 personas, un 2,6% menos que en 2015 (MAPAMA, 2017).

El conjunto de estos factores indica una falta de gestión y produce una gran acumulación de biomasa forestal inestable (leña, matorral, pastos sin utilizar...), dispuesta en muchas ocasiones de una forma continua que hace que los ecosistemas sean muy inestables y que ante cualquier chispa, rayo, descuido, negligencia o causa intencionada se desaten incendios que, además, son difíciles de extinguir. En apenas 60 años, se ha abandonado drásticamente un modelo de gestión tradicional y de aprovechamiento de los bosques que se mantenía desde hace más de 2000 años. El equilibrio hombre-ganado-sistemas forestales se rompió y el fuego es una manifestación de ello.

A esto se ha unido una política forestal y agraria poco inteligente, que no ha llevado a cabo los tratamientos silvícolas adecuados ni ha promovido la ordenación de las masas forestales. Tampoco se han favorecido las actuaciones necesarias para disminuir la carga vegetal inestable con, por ejemplo, ganadería extensiva o extrayendo la biomasa con modelos basados en criterios científicos (Prieto, 1995).

A la vez se descuidó la detección de incendios. Existen cientos de torres de vigilancia vacías o con horarios reducidos, y solo durante algunos meses. En algunas zonas los periodos de riesgo son diferentes y coinciden con meses de inactividad, cuando no hay nadie. En general, las patrullas de vigilancia que deberían estar recorriendo de una forma exhaustiva los bosques son muy escasas. Por otra parte, tampoco hay una prevención unida al manejo sostenible de los ecosistemas forestales. La precariedad de los contratos, la falta de formación especializada, la ausencia de ganado y de trabajos silvícolas, etc. origina un escenario con elevado riesgo de fuego; además, si este se inicia, la extinción es en muchos casos muy complicada, por no decir imposible.

En conjunto y a pesar de la dificultad de conseguir la información, se estima que el gasto en extinción supone un 64% del presupuesto destinado a la lucha contra incendios, el gasto en restauración un 13% y el de prevención un 23% (WWF, 2014). Así, los recursos públicos siguen dedicándose prioritariamente a la extinción, mientras se minimiza la detección y la prevención. Varios miles de bomberos y agentes forestales luchan cada año, en muchas ocasiones con grave riesgo de sus vidas, intentando controlar un fenómeno que muchas veces es incontrolable. Pero si no se inicia la extinción en los primeros minutos, la eficacia es muy limitada. Los fuegos de copas tienen alturas de  una docena de metros con una extensión de varios cientos de metros o incluso kilómetros. Si no llegan en los primeros segundos, los aviones, con sus cinco toneladas de agua, tienen una efectividad muy limitada. En definitiva, las políticas de desarrollo rural y la política forestal no tuvieron en cuenta el factor fuego, ni en su planificación ni en su ejecución.

La sociedad no ha sido consciente de los relevantes beneficios ambientales, económicos y sociales y de la importancia crucial que tienen para el futuro las infraestructuras verdes, y más en un contexto de cambio climático. Sin embargo, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) citados en el Diagnóstico del Sector Forestal Español (MAPAMA, 2014), los ciudadanos consideran los incendios uno de los mayores problemas ambientales en nuestro país. En concreto, los estudios Ecología y Medio Ambiente realizados por el CIS (1996, 2005 y 2007), consideran que los incendios son un problema ambiental muy importante, ya que los entrevistados lo sitúan entre las primeras opciones de respuesta (1996: 81% y 2005: 77%). Seguramente, si se repitieran este año se ratificarían los resultados. Además, la clasificación que realizan sobre los primeros problemas ambientales percibidos en su entorno más próximo, a nivel nacional y mundial, sitúa a la deforestación como una de las principales preocupaciones a escala global.

La solución pasa por una nueva política, que tiene que apostar por acciones concretas (Prieto, 2015) como fijar población y empleo en el sector forestal, integrando desarrollo rural y conservación de los ecosistemas. Se debe corregir el abandono rural de estos últimos 50 años, revitalizando el medio con una población que lo habite, aproveche los recursos agrícolas y ganaderos, y cuide los bosques. Se deben de volver a realizar mosaicos en los bosques, como se viene haciendo en un muy interesante trabajo que se está llevando a cabo en la Universidad de Extremadura. Se trata de dar una vida digna a la población que quiera vivir en este medio y, a través de una adecuada planificación, realizar una gestión diferenciada valle a valle y sierra a sierra, lo cual implica aumentar los exiguos presupuestos asignados. Recursos públicos que se destinan a infraestructuras grises (cemento) como grandes autopistas o rapidísimas vías de AVE hacen que no se  preste la atención debida a estas infraestructuras verdes, que son uno de los ejes centrales para el cambio de paradigma productivo, según indica la UE.

Por otra parte, se ha olvidado la actuación en los montes privados donde, en muchos casos, no se hace prevención. Para ello se ha de integrar el valor productivo, cultural y de servicios ambientales en la Contabilidad Nacional, permitiendo al sector forestal y ambiental recibir una parte de la riqueza que están generando. Se trata de inversiones que fijarían población y crearían empleo. La gestión y prevención activa todo el año y la vigilancia extrema en los periodos peligrosos permitirá ahorros en extinción. Las quemas controladas hechas por los servicios forestales, las trasformaciones de bosques jóvenes y densos en monte alto, y la creación de dehesas o de mosaicos se han mostrado como elementos eficaces en la prevención. La ganadería tradicional extensiva, siempre bajo supervisión, debe ser potenciada en la conservación y desbroce de espacios forestales.

La sociedad y los políticos deben valorar los ecosistemas forestales como recursos comunes, ya que producen madera, leña, carne de calidad, miel, etc., pero sobre todo garantizan servicios ecosistémicos fundamentales e imprescindibles como agua limpia, fijación de suelo, mejora del microclima, biodiversidad, etc. Se debe cambiar la sensibilidad hacia los ecosistemas forestales y reaprender a valorarlos, y debe haber una vinculación personal de la gente que vive en los espacios forestales asumiendo que es algo de todos que hay que conservar. La Ley de Montes de 20 de julio de 2015 desprotegió  las superficies incendiadas y quitó competencias a los agentes forestales, lo cual ha sido un error.

Se deben introducir los conceptos de cambio climático y biodiversidad en la gestión de los ecosistemas forestales, y cambiar la política forestal para los próximos cincuenta años. Un bosque tarda entre docenas y cientos de años en formarse y, sin embargo, su desaparición por incendios o talas se produce en tan solo unos minutos. Por ello es evidente que no podemos centrarnos solo en esos minutos para conservar algo tan importante para todos y a la vez tan frágil.

Centro de Investigaciones Sociológicas (1996, 2005, 2007): Ecología y Medio Ambiente I, II y III, estudios 2209, 2590, 2682.

Ecologistas en Acción (2016): Grandes incendios forestales en España 2012-2016. Relación entre los GIF y el tipo de vegetación forestal y propuestas para reducirlos.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014): Diagnóstico del sector forestal español, Análisis y Prospectiva - Serie Agrinfo - Desarrollo Rural y Serie Medio Ambiente, 8.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) (2017): Estadísticas de incendios forestales.

Ortuño Pérez, S.F. (2012): «Estructura económica del sector forestal en España», Quebracho. Santiago del Estero, 20(2).

Prieto, F. (2015): «#IncendiosForestales: soluciones», i-Ambiente. El portal del medioambiente, 02/07/2015.

Prieto, F. (2014): «50 años de incendios forestales», i-Ambiente. El portal del medioambiente, 06/08/2014.

Prieto, F. (1995): Los incendios forestales: aproximación a una propuesta preventiva, generadora de empleo, que actúe sobre sus causas y tendencias, Madrid: Departamento de Ecología y Medio Ambiente de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

San-Miguel-Ayanz, J., T. Durrant, R. Boca, G. Libertà, F. Boccacci, M. Di Leo, J. López Pérez, E. Schulte (2016): Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2015, Luxemburgo: Unión Europea.

WWF (2014): Los bosques después del fuego. Análisis de WWF sobre la necesidad de restaurar para reducir la vulnerabilidad de los bosques, Madrid: WWF/Adena.