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1En España, el gasto social público representa el 23% del PIB, uno de los niveles más bajos de Europa occidental. Además, está más centrado en prestaciones económicas contributivas (por ejemplo, pensiones y prestaciones por desempleo), que constituyen el 64% del gasto total, mientras que en la UE-27 esta proporción es del 52%.
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2En comparación con la mayoría de los miembros de la UE, en España una proporción mayor de prestaciones sociales en efectivo va a hogares con rentas elevadas en detrimento de los hogares con rentas más bajas. Mientras que en la UE la distribución de prestaciones entre los diferentes grupos de renta es bastante uniforme, en España los hogares del quintil con mayores ingresos reciben 1,6 veces más que los del quintil con menores ingresos.
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3España es uno de los países con mayores desigualdades de Europa occidental: se observan grandes diferencias en los ingresos procedentes del mercado, mientras que la redistribución fiscal y de prestaciones es insuficiente. Por ejemplo, en proporción a la renta media disponible, las prestaciones económicas que reciben niños, jóvenes y mujeres en España son significativamente inferiores a la media europea.
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4Asimismo, sería necesario acometer reformas estructurales para reducir la desigualdad, ya que los pequeños cambios en las políticas actuales no serán suficientes para incrementar de forma considerable la redistribución de ingresos en España.
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5Las políticas aplicadas para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19 han resultado eficaces para luchar contra la desigualdad económica a corto plazo. Pero es posible que los efectos regresivos de la crisis en el mercado laboral perduren a largo plazo si no se adoptan medidas subsiguientes adecuadas.

En España, las prestaciones sociales en efectivo favorecen a los hogares con rentas más elevadas.