Los resultados del análisis llevado a cabo muestran que, en 2009/10, la mayor flexibilidad de las universidades privadas permitió un mejor ajuste entre sus recursos (profesorado y estudiantes matriculados) y sus niveles de producción (en docencia e investigación). Sin embargo, la crisis ha provocado un ajuste y una mejora general de la eficiencia, más acusados en la universidad pública que en la privada. Tanto es así, que en 2013/14 el nivel de eficiencia de la pública ha sobrepasado al de la privada. No obstante, es posible que esta mejora de la eficiencia se haya hecho a costa de no poder garantizar la producción que emerge a más largo plazo, o podría haber implicado un menoscabo de la calidad.

La importancia del sector universitario en la sociedad es ampliamente reconocida en prácticamente todas las regiones del mundo, ya que forma a los profesionales del futuro en sus aulas, amplía las fronteras del conocimiento con sus investigaciones y difunde el conocimiento a través de su transferencia a la sociedad.

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a la creciente internacionalización de la economía, así como a la aparición de rankings globales de universidades, la competencia entre universidades (tanto públicas como privadas) se ha incrementado de manera notable, forzando a sus gestores a mejorar sus resultados para atraer a los mejores profesores, a los mejores alumnos y la mayor cuantía de fondos posibles. Esto ha propiciado que se revisen los métodos que miden el desempeño, en sus diversas actividades. En el caso de la universidad pública, dicha revisión ha ido acompañada de la introducción de prácticas desarrolladas en el sector privado, permitiendo la entrada de la llamada Nueva Gestión Pública (Barzelay, 2000).

Cuestionando la intervención pública en la economía de mercado y la burocracia que conlleva ya desde los años 80, este nuevo paradigma fomenta la introducción de criterios de gestión empresarial y orientación al consumidor en las instituciones públicas, así como la provisión de servicios tradicionalmente públicos por entidades privadas para incrementar la competencia. Su aplicación se tradujo, en la última década del siglo XX, en un incremento del número de universidades privadas, sin precedentes en algunos países, siendo muchas de ellas organizaciones con fines de lucro. Los sistemas universitarios europeos, hasta entonces constituidos principalmente por universidades públicas y en un contexto de crecimiento generalizado de sus sistemas de educación superior, no fueron una excepción en este sentido.

Este nuevo escenario ha derivado en un rápido crecimiento del sector privado universitario en Europa, en un contexto en el que los índices de eficiencia están ganando relevancia dada la creciente necesidad de “hacer más con menos”. Por ello, cada vez es más necesario estudiar los distintos procesos de gestión en universidades públicas y privadas, y sus niveles de eficiencia y productividad, un ámbito aún no estudiado en España y muy poco investigado en el extranjero. 

En los gráficos 1 y 2 se puede observar la evolución del número de universidades públicas y privadas en Europa y en España, respectivamente. Ambos gráficos muestran el ya mencionado fuerte incremento en el número de universidades privadas que tuvo lugar a partir de los años 90, con los datos publicados en el Registro de la Educación Terciaria Europea (ETER), una base de datos que recoge información de los países EU-28, del Área Económica Europea, Serbia y Turquía; y en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, para el caso español (MECD).

Cabe señalar que, en el caso europeo, la importancia de las universidades privadas varía mucho de unos países a otros, y sólo en Chipre, Polonia, Portugal, la República Checa y Serbia hay más universidades privadas que públicas. Además, estas universidades privadas suelen ser mucho más pequeñas que las públicas, por lo que su peso en los sistemas de educación superior es más reducido de lo que podría parecer a la luz de estos gráficos. Aunque, según los últimos datos del Registro europeo, en el curso 2014/15 casi un tercio (el 32,6%) de las universidades europeas eran privadas, éstas suponían sólo el 24,1% de los estudiantes matriculados en estudios superiores en Europa. El caso español no es muy diferente. Aunque las 33 universidades privadas suponen el 40% de las universidades españolas (83 en total), en el curso 2016/17 solo atendieron al 14% de los estudiantes universitarios, siendo instituciones esencialmente pequeñas (MECD, 2017).

El carácter público o privado de una institución determinará, en buena parte, sus objetivos y la orientación de sus visiones, misiones, estrategias y áreas de actividad, guiándose las instituciones privadas principalmente por criterios de mercado y las instituciones públicas por criterios más relacionados con la provisión de un servicio público a la sociedad. Esta diferente orientación da lugar necesariamente a diferentes sistemas de gestión (y por ende diferentes resultados), que además estarán también condicionados por las diferencias de regulación en materia de control y supervisión de las actividades y cuentas de las instituciones públicas y privadas.

En concreto, las universidades privadas cuentan con una mayor flexibilidad que les permite responder más rápida y eficientemente a los cambios en el mercado. Además, suelen centrarse en aquellas actividades más rentables, normalmente la docencia en áreas de conocimiento con bajos costes, evitando titulaciones con necesidades de materiales e instalaciones muy costosas, como las ingenierías o la medicina. Igualmente, las universidades privadas suelen presentar bajos niveles de actividad en investigación y en la transferencia de los resultados de dicha investigación para su uso por la sociedad (Casani et al., 2014).

En consecuencia, el debate sobre hasta qué punto el sector universitario privado responde mejor a las necesidades de la economía y la sociedad continúa vivo. Incluso quedarían en entredicho argumentos clásicos relacionados con sus mayores tasas de graduación (Moreno-Herrero, 2010) y con los menores niveles de desempleo y mayores salarios de sus antiguos alumnos (MECD y Conferencia de Consejos Sociales de Universidades, 2014) como consecuencia de una mejor respuesta a las necesidades de los estudiantes. Para algunas titulaciones no queda claro hasta qué punto esos resultados obedecen a las oportunidades ofrecidas por universidades privadas o dependen del elevado nivel socioeconómico de sus estudiantes (Angoitia y Rahona, 2007).

Las universidades públicas, por su parte, incluirán en sus procesos de decisión criterios relacionados con los beneficios sociales de su actividad (entre otros). Además, estas se suelen ver sometidas a una mayor rigidez como consecuencia de la mayor regulación, control y supervisión de sus actividades y cuentas públicas. En definitiva, las universidades privadas tienen teóricamente más flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante.

En el caso concreto del sistema universitario español, las universidades públicas y privadas actúan dentro de un único marco legal y tienen asignadas las mismas tareas fundamentales: docencia, investigación y transferencia del conocimiento. Sin embargo, las universidades públicas están constreñidas por una mayor regulación y por unos mecanismos de control más exigentes que los de las universidades privadas. Entre las diferencias que pueden influir en los resultados obtenidos por ambos tipos de universidades destacan las relacionadas con el profesorado, la oferta de titulaciones y la financiación.

En primer lugar, las universidades privadas españolas gozan de mayor flexibilidad en sus políticas de personal y contratación de profesorado, pues sus recursos humanos no incluyen funcionarios públicos y el tamaño de sus plantillas no está supeditado a ningún control público. Por el contrario, en el caso de las universidades públicas, aproximadamente el 45% de su profesorado es funcionario, no pueden atraer investigadores de gran prestigio con altos salarios y apenas pueden reconocer la productividad de los profesores, pues sus sueldos son fijados por los gobiernos nacional y autonómicos. La productividad docente se reconoce a través de quinquenios de docencia (y varía según las estrategias y retos docentes perseguidos por cada universidad); la investigadora, a través de los sexenios de investigación (y los criterios para su reconocimiento se establecen a nivel nacional, siendo los mismos en todas las universidades).

En segundo lugar, en relación con la oferta docente, ambos tipos de universidades deben acreditar sus titulaciones a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para que éstas tengan carácter oficial. Sin embargo, las universidades privadas españolas suelen centrar sus titulaciones en unas pocas áreas de conocimiento (ciencias sociales, empresariales, derecho y estudios de máster y otros posgrados), fijan los precios de matrícula libremente y pueden decidir el tiempo que sus académicos dedican semanalmente a actividades docentes.

En cuanto a las áreas de conocimiento, en el curso académico 2015/16 casi un 25% de los estudiantes matriculados en universidades privadas eran estudiantes de máster, y de estos alrededor del 75% estaba matriculado en titulaciones relacionadas con las ciencias sociales y jurídicas (gráfico 3). En el caso de las universidades públicas, sólo el 9% de los estudiantes cursaron estudios de máster y la mitad de estos estudiantes (50%) se matricularon en las áreas de las ciencias sociales y jurídicas (gráfico 3).

Por el contrario, las universidades públicas son normalmente generalistas (en el sentido de que ofrecen titulaciones pertenecientes a una amplia gama de áreas de conocimiento), sus precios de matrícula los determinan los gobiernos autonómicos y el marco legal vigente establece las horas de docencia anuales que debe impartir el profesorado universitario público, determinando indirectamente el tiempo relativo dedicado a docencia e investigación.

Por último, la financiación entre universidades públicas y privadas descansa en fuentes distintas. El grueso de los ingresos de las universidades públicas, alrededor de un 80%, proviene de los presupuestos públicos, los cuales se complementan con las matrículas sufragadas por los estudiantes en base a los precios públicos fijados por la Comunidad Autónoma correspondiente. Por el contrario, la principal fuente de financiación de las universidades privadas son precisamente las matrículas pagadas por los estudiantes (alrededor del 80%, pero con importantes variaciones entre universidades), seguida de determinados fondos de investigación (cátedras, proyectos, etc.) y otros fondos relacionados con el patrocinio y el mecenazgo.

No obstante, el origen de los fondos para investigación no es tan diferente, pues alrededor del 57% de los fondos de las universidades privadas proviene de entidades públicas (principalmente de los gobiernos autonómicos y central) y un 43% proviene de entidades privadas, mientras que para las universidades públicas alrededor del 75% de los fondos proviene de entidades públicas y el 25% de entidades privadas. Además, hay que tener en cuenta que, en relación con su actividad global, la actividad investigadora de las universidades privadas es generalmente residual, lo cual implica que el total de fondos de investigación es muy bajo (y depende mayoritariamente de financiación pública).

El reducido tamaño del sector privado universitario (especialmente en términos de estudiantes matriculados) y las dificultades de comparación que conllevan los diferentes criterios de gestión de universidades públicas y privadas, hacen que los estudios que comparan el desempeño de ambas sean escasos, sobre todo a causa de la escasez de datos disponibles sobre los sistemas universitarios en general y sobre las universidades privadas en particular. Por ello, los estudios que comparan ambos subsectores suelen centrarse en el análisis descriptivo de sus prácticas y en la comparación de su volumen de producción.

En este artículo se da un paso más, y se comparan sus niveles de eficiencia y de productividad a lo largo del tiempo. Los términos eficiencia y productividad están muy relacionados entre sí, pero miden fenómenos distintos. La productividad mide la relación entre la cantidad de recursos empleados y la cantidad de producción obtenida. Por ejemplo, una universidad con 10 profesores contratados en la que al año se gradúan 20 estudiantes, tendría una productividad de 2 graduados por profesor. Así, la productividad no valora si la relación entre recursos empleados y resultados obtenidos es adecuada o no, ni indica si existen posibilidades de mejora, pero sí permite establecer comparaciones entre universidades. La eficiencia evalúa la relación entre recursos utilizados y resultados alcanzados, pero en este caso sí se evalúa si las universidades producen los máximos resultados posibles o no dados los recursos de los que disponen. Por ejemplo, si la eficiencia nos indicara que para 10 profesores la producción óptima son 30 graduados al año, una universidad que contara en su plantilla con 10 profesores pero en la que sólo se graduaran al año 20 estudiantes sería ineficiente, indicando que podría aumentar sus resultados con el mismo consumo de recursos, o bien reducir los recursos utilizados manteniendo sus resultados. Además, en el cálculo de la eficiencia se pueden tener en cuenta varios tipos de recursos y de resultados a la vez a la hora de evaluar a las universidades.

A través de la eficiencia y la productividad, se puede comparar la capacidad de las universidades públicas y privadas para transformar sus recursos (profesorado y estudiantes matriculados) en resultados de docencia (graduados) e investigación (artículos científicos). En este caso la comparación se realiza para dos momentos del tiempo: los cursos académicos 2009/10 (una vez ya asentado el Proceso de Bolonia) y 2013/14 (el último año académico para el que están disponibles los datos en el momento del estudio). La tabla 1 muestra los datos de los recursos y resultados considerados para calcular la eficiencia y productividad de las universidades públicas y privadas en ambos momentos del tiempo, así como los resultados en términos de eficiencia y productividad. 

Hay pocos trabajos previos que comparen los niveles de eficiencia y productividad de universidades públicas y privadas, siendo todos ellos extranjeros. Tras las publicaciones iniciales en los ochenta para Estados Unidos (por ejemplo, Rhodes y Southwick, 1986), los trabajos más actuales se han llevado a cabo para países en vías de desarrollo, pues en dichos países el sector privado universitario está tomando una creciente importancia para así complementar sus generalmente exiguos sistemas de educación superior, dada la incapacidad de los gobiernos de responder a la demanda de estos servicios (Jamshidi et al., 2012). Los resultados de estos estudios son variados, y no existen indicaciones claras sobre la mayor o menor eficiencia y productividad de universidades públicas o privadas. En el presente artículo, se calcula primero la eficiencia de cada universidad, después se calcula la media de la eficiencia de las universidades públicas y privadas respectivamente, y por último se comparan dichos resultados medios.

En el curso académico 2009/10 las universidades privadas fueron más eficientes que las públicas, siendo también más productivas. No obstante, cabe aclarar que los niveles de eficiencia y productividad entre las universidades privadas eran muy heterogéneos, habiendo universidades con niveles de desempeño muy elevados y otras con niveles muy bajos. En cambio, las diferencias entre las universidades públicas eran menores.

En otras palabras, en 2009/10 la flexibilidad de las universidades privadas les permitía ajustar mejor sus recursos humanos y su producción en docencia e investigación, siendo más productivas y eficientes. No obstante, en 2010 la crisis financiera y económica se tradujo en una reducción del gasto público destinado a las universidades públicas. Además, en 2012 los precios de matrícula de las universidades públicas se incrementaron fuertemente. Así pues, dada la menor diferencia en los costes de estudiar en una institución pública o privada, desde ese año el número de estudiantes matriculados en universidades privadas se ha incrementado (un 22,20% entre 2010 y 2014, véase la tabla 1). Por otra parte, los recortes públicos supusieron bajas tasas de reposición de jubilaciones en universidades públicas, lo que entre otros factores conllevó una reducción de personal docente e investigador del 16,55%, mientras que las universidades privadas incrementaron sus números de matriculados, hecho que condujo parcialmente al aumento de su personal docente e investigador en un 12,41% (véase la tabla 1).

A pesar de la reducción de los recursos de las universidades públicas entre 2009/10 y 2013/14, sus niveles de producción se han mantenido, pues los estudiantes matriculados en el curso en el que incrementaron los precios de matrícula (2012/13) aún no se habían graduado en 2013/14, y la mayoría de la investigación en curso en 2010 todavía producía resultados de investigación en 2013/14. Es de esperar que estos resultados no se mantengan en el largo plazo.

En el curso académico 2009/10 las universidades más eficientes en España (todas ellas con el mismo nivel de eficiencia) eran la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Vigo, entre las universidades públicas; y entre las privadas, la IE Universidad, la Universidad de Navarra y la Universidad Pontificia de Salamanca (tabla 2).

De hecho, en el curso académico 2013/14 (último periodo de nuestro estudio), entre las universidades más eficientes sólo se mantienen aquellas universidades grandes con capacidad de compensar la reducción de recursos destinados a investigación con fondos internacionales, sobre todo de los programas marco europeos de investigación y desarrollo tecnológico: entre las universidades públicas, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra; y entre las privadas, la IE Universidad y la Universidad de Navarra (véase la tabla 2).

En el trascurso de estos cuatro años la situación de las universidades privadas frente a las públicas ha empeorado porque las universidades públicas han incrementado su productividad (tabla 1) superando la eficiencia de las universidades privadas.

Estos resultados son, no obstante, parciales. En España, en la última década, se ha producido un gran avance en la disposición de datos sobre el sistema universitario, pero de manera desequilibrada entre universidades públicas y privadas, siendo especialmente escasos los datos disponibles para estas últimas. Así, analizar los niveles de desempeño de las universidades privadas es todavía complicado por la falta de datos para este sector. De hecho, el gasto total anual de las universidades habría supuesto una mejor aproximación a los recursos con los que estas cuentan y tampoco se ha podido medir la cantidad de transferencia de conocimiento realizada por las universidades privadas.

Las recetas de la Nueva Gestión Pública y el fenómeno de los rankings globales están impulsando un estilo de gestión más emprendedor en la educación superior. Este nuevo escenario ha derivado en un rápido crecimiento del sector privado universitario en Europa (y en España), en un contexto en el que los índices de eficiencia están ganando relevancia dada la creciente necesidad de sacar el máximo partido a los recursos públicos.

El incremento de universidades privadas no ha dado lugar a un aumento de la transparencia del sector, pues los datos disponibles sobre las mismas siguen siendo muy limitados. Incluso la mayor competencia que debían introducir (en España y Europa) y su capacidad para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas españolas podría ponerse en duda, dado el todavía reducido tamaño del sector privado (en términos de estudiantes matriculados) y su actividad generalmente restringida a aquellos ámbitos docentes que implican poca inversión y resultan especialmente rentables.

Los resultados muestran que las universidades privadas ostentan una mayor flexibilidad y capacidad para ajustar sus niveles de producción y de eficiencia de manera autónoma, y que en los últimos años las universidades públicas han incrementado su eficiencia, en parte porque la reducción de la financiación pública ha llevado a las universidades públicas a obtener similares resultados (niveles de producción en docencia e investigación) con menos recursos gracias a la inercia que mantienen tanto la actividad docente como la investigadora incluso en un periodo de desaceleración de la inversión en el sector universitario.

Estos resultados preliminares deben ser valorados teniendo en cuenta varios factores. El primero es que las medidas de eficiencia y productividad constituyen sólo una de las dimensiones a evaluar de las universidades, siendo necesario complementar el estudio con investigaciones, al menos sobre la calidad de los resultados (por ejemplo, en términos de empleabilidad, internacionalización, desarrollo de competencias, etc.), antes de poder apoyar decisiones de políticas públicas. La segunda razón se basa en que los resultados sólo reflejarían los efectos de la crisis económica en el corto plazo. Cuando se publiquen datos más recientes, es de esperar que estas restricciones de financiación de las universidades públicas deriven también en una reducción de sus niveles de producción en el medio-largo plazo, pues podrán verse los efectos en el número de graduados y de publicaciones científicas de alto impacto.

En otras palabras, a pesar de los resultados descritos en este artículo, sólo podemos afirmar con seguridad que los recortes en el sector universitario público han tenido consecuencias positivas en el corto plazo y en términos de eficiencia y productividad, pues hay dimensiones importantes del desempeño universitario que quedan fuera del ámbito de este estudio por el largo plazo necesario para poder observar su evolución. Y, por último, se debe recordar la falta de información financiera y de datos de transferencia de conocimiento para las universidades privadas.

En definitiva, este estudio constituye una primera aproximación para la medición comparada de la productividad y la eficiencia de universidades públicas y privadas. Este tipo de estudios pueden ser en el futuro de gran utilidad para líderes y gestores universitarios, así como para responsables políticos. La flexibilidad de las universidades privadas les puede permitir aprovechar este tipo de análisis y traducirlo en iniciativas para incrementar su eficiencia y moverse en la dirección de aquellas universidades que tomen como referencia (benchmarking). Por otra parte, las universidades públicas son más dependientes de la financiación y políticas públicas, y podrían beneficiarse en el medio-largo plazo de políticas formuladas en base a la evidencia empírica proporcionada por este y otros estudios científicos sobre los sistemas universitarios en general, y sobre el español en particular.

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