Evaluar las políticas relacionadas con la inmigración es complejo, debido a la multitud de aspectos que abarcan y la diversidad de niveles de gobierno implicados. A nivel europeo, se han aprobado diversas directivas encaminadas a fijar mínimos en aspectos como, entre otros, la reunificación familiar, el estatuto de los residentes de larga duración o los traslados dentro de una misma empresa. Además, se aprobó en el año 2004 un conjunto de principios básicos comunes para la integración de los inmigrantes, que debían funcionar como marco general para el desarrollo de las políticas nacionales. En el primero de estos principios, se definía la integración como “un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los países europeos” (Documento del Consejo n°14615/04 de 19 de noviembre de 2004). En este contexto, se elaboró en España el Primer Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, al que siguió un segundo Plan para el período 2011-2014, lastrado por los recortes presupuestarios. En los últimos años, los esfuerzos para coordinar y dotar financieramente las políticas de integración perdieron protagonismo, en un período marcado por la crisis económica, la ralentización de los flujos de entrada y la menor prioridad concedida al problema por los gobiernos conservadores.

Un instrumento interesante para analizar las políticas nacionales de integración de la población inmigrante es el MIPEX (Migrant Integration Policy Index), que compara cada cuatro años el marco institucional y las medidas relacionadas con la integración en 38 países desarrollados, a través de un conjunto de indicadores organizados en ocho áreas fundamentales. La figura recoge los resultados obtenidos para España en la publicación más reciente, referidos al año 2014 (Huddleston et al. 2015). La puntuación del índice varía entre 0 y 100, representando 100 la situación más favorable.

A nivel global, España obtiene una calificación promedio de 60 puntos, que sitúan al país en el puesto número 11 de entre los 38 incluidos en la comparación. Las mejores posiciones en el ranking corresponden a Suecia, Portugal y Nueva Zelanda, con 70 o más puntos, y las peores a Chipre, Letonia y Turquía, con 35 puntos o menos. Por áreas, España presenta una situación favorable en las políticas relacionadas con la reunificación familiar, la obtención de la residencia permanente y la integración laboral. Por el contrario, obtiene resultados menos positivos en educación, acceso a la nacionalidad y políticas antidiscriminación.

Hay que subrayar que la puntuación obtenida en este índice depende fundamentalmente del marco jurídico existente, y no refleja su aplicación efectiva ni tampoco los resultados reales de los procesos de integración. En el área de mercado de trabajo, por ejemplo, se evalúan aspectos como el derecho a acceder a puestos de trabajo (público, privado y autoempleo) de los inmigrantes regulares, el acceso a los servicios públicos de empleo generales y focalizados, el acceso a la formación profesional, las normas para la convalidación de estudios, los derechos laborales y de seguridad social, o las condiciones de acceso a las ayudas de vivienda. Tener un buen resultado en este ámbito, como ocurre en España, supone que las leyes garantizan un acceso igualitario (o casi) a empleos, formación ocupacional y ayudas sociales, pero no garantiza que los resultados sean iguales en la práctica.

La adquisición del permiso de residencia permanente, la reunificación familiar y el acceso a la nacionalidad son áreas clave para la equiparación de derechos y obligaciones con los demás ciudadanos, y la regulación establecida en cada país puede facilitar u obstaculizar el acceso de los inmigrantes a la ciudadanía plena. La menor puntuación obtenida en el tercer ámbito por España se debe a la alta discrecionalidad del proceso de concesión de la nacionalidad y a las grandes diferencias existentes según el lugar de origen de los inmigrantes (el período de residencia general de diez años se ve reducido a dos en el caso de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o las personas de origen sefardí).

En salud y educación se valora no solo la igualdad legal en el acceso, sino también la existencia de programas específicos encaminados a cubrir las necesidades de los inmigrantes. España, al igual que otros países del sur de Europa de inmigración reciente, no ha adaptado por completo los sistemas educativo y sanitario a la creciente diversidad social. En el caso de la educación, donde la puntuación obtenida representa un claro “suspenso”, los peores resultados se obtienen en los indicadores relacionados con los métodos de valoración del aprendizaje previo en la educación obligatoria, las medidas de apoyo para la inserción en programas de formación profesional y a la educación superior, los programas de instrucción lingüística, la formación del profesorado para afrontar las necesidades específicas de los inmigrantes, las medidas para contrarrestar la segregación escolar y las encaminadas a incorporar a personas de origen extranjero como profesionales de la educación. En salud, los principales escollos provienen de las restricciones a la atención sanitaria para los inmigrantes “sin papeles” introducidas por el RD 16/2012, vigentes hasta 2018, y de la falta de programas de mediación cultural en la atención sanitaria.

En el área de participación política España obtiene una puntuación intermedia: aunque las libertades políticas básicas (derecho de asociación, pertenencia a partidos políticos, etc.) se protegen de forma adecuada, los derechos electorales son muy restrictivos y no se apoya suficientemente la existencia de organizaciones consultivas y de representación de los colectivos de inmigrantes. Por otra parte, España no ha desarrollado políticas anti-discriminación efectivas, lo que se traduce en una baja posición dentro del ranking de países (29 de 38) en esta dimensión.