El sistema residencial y de acceso a la vivienda en España se está transformando a consecuencia del efecto acumulativo del período del boom de la propiedad y de su crisis posterior. Tradicionalmente, España era considerado un país con una baja movilidad domiciliaria y una elevada seguridad residencial, entendida como la tranquilidad de tener una vivienda estable. Comparado con otros países occidentales, en los años ochenta la proporción de grupos de personas en busca de un nuevo domicilio, compartiendo vivienda y algunos gastos comunes (lo que se suele denominar hogares), era muy baja. Esta seguridad estaba directamente relacionada con el momento álgido del modelo de la propiedad como forma preferida de tenencia de vivienda. Pero la cadena causal que explicaba la baja movilidad y la mayor seguridad residencial a partir del predominio de la propiedad se está rompiendo. Este cambio se debe a un acceso creciente a la vivienda a través del alquiler en lugar de la compra. Es lo que algunos autores consideran el fin de la vivienda en propiedad para las masas. 

Por otra parte, en el contexto español el mayor peso del alquiler está asociado a un incremento de la inseguridad residencial de los hogares, es decir, al miedo a perder la vivienda. En España el alquiler es la forma de tenencia de vivienda menos segura tanto desde un punto de vista económico como contractual y jurídico. Se caracteriza por una fuerte heterogeneidad sociodemográfica, ya que no todos los grupos sociales optan en la misma medida por el alquiler. Los inmigrantes, los más jóvenes, las familias monoparentales y los grupos con menos recursos económicos son los que tradicionalmente han tendido más hacia el alquiler. No obstante, el alquiler de mercado, en el actual contexto español de falta de regulación y protección social de la vivienda, es el que provoca más fragilidad e inseguridad, a pesar de ser la oferta de vivienda más accesible para los colectivos vulnerables.

La transformación del sistema residencial español se caracteriza por un significativo incremento del alquiler entre los jóvenes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad económica. Así, el número de hogares jóvenes que vivían en propiedad pasó solo en cuatro años (2013-2017) de más del 60% al 50%, mientras que los que vivían en régimen de alquiler pasaron del 31,6% al 43,2%. Es habitual que los jóvenes lideren el cambio de comportamiento de tenencia residencial, que a largo plazo modifica las relaciones entre población y vivienda (Myers y Lee, 2016). En 2015, en España el 15,6% del total de los hogares vivían de alquiler, mientras que entre los jóvenes esta proporción llegaba casi al 40%. Esta tendencia se está afianzando. Entre los jóvenes la propiedad está dejando de ser la opción mayoritaria de tenencia de vivienda y el alquiler ya no es percibido como una mera solución coyuntural a la crisis.
 

La aceleración en la expansión del alquiler en los últimos años, sin embargo, no solo tiene que ver con el aumento de esta opción entre los jóvenes. Entre 2013 y 2017, el alquiler pasó de ser la opción de vivienda del 11,4% al 13,8% del conjunto de la población. En España la opción del alquiler está inversamente relacionada con la disponibilidad de recursos económicos y sociales para acceder a la propiedad. El alquiler ha sido la forma mayoritaria de acceso al mercado de la vivienda para los inmigrantes, se concentra en entornos urbanos y disminuye con la edad, ya que tradicionalmente se considera una estrategia paralela a la opción definitiva, que sería la propiedad. No ser español de origen, vivir en grandes ciudades, vivir en un hogar muy joven, tener pocos ingresos y residir en Cataluña o Madrid es el perfil típico de una persona que vive en régimen de alquiler. Por otra parte, ser español de origen, vivir en zonas rurales o en ciudades pequeñas, tener más de 30 años, tener pareja e hijos, disponer de ingresos suficientes y vivir fuera de Cataluña o Madrid es el perfil más habitual del propietario.

Con el incremento de los alquileres, ¿ha cambiado el perfil de los inquilinos? Si el alquiler hubiera aumentado entre los grupos sociodemográficos que tradicionalmente tenían un acceso más fácil a la propiedad y no optaban por esta forma, diríamos que la tendencia hacia el alquiler se habría extendido. En cambio, no ha sucedido así, sino que es en los propios colectivos que ya tendían al alquiler en los que más se ha acentuado esta opción. El análisis de los datos nos muestra cómo se mantiene el perfil del arrendatario y cómo la expansión del alquiler está protagonizada, sobre todo, por aquellos grupos con más problemas de acceso a la vivienda. Esto conlleva una tendencia hacia la polarización en la que el alquiler sería la alternativa con menor seguridad.

Así, sufrir pobreza o exclusión social (medida con el indicador AROPE, que son las siglas en inglés de At Risk of Poverty and/or Exclusion) está fuertemente relacionado con la tenencia de la vivienda en alquiler. El análisis comparativo de las cifras globales del alquiler nos muestra cómo esta relación se ha intensificado más en el caso de España que en el conjunto de los países europeos. En 2016, en España el 45% de las personas en riesgo de pobreza o exclusión vivían en régimen de alquiler, mientras que entre los que no tenían dicho riesgo el porcentaje no llegaba al 20%. En cambio, en Europa estas cifras son del 40% y el 25%, respectivamente.

Con el incremento del número de personas que viven de alquiler también ha aumentado la inseguridad residencial. La inseguridad residencial es un indicador subjetivo que refleja el miedo de las familias a tener que hacer un cambio forzoso de vivienda o a quedarse sin hogar. Mientras que el aumento de desahucios por no hacer frente a los pagos de la hipoteca o del alquiler es la cara visible de la inseguridad, puede considerarse que el incremento de este indicador subjetivo es su cara invisible.

La inseguridad residencial, al ser subjetiva, tiene que ver con el sentimiento de miedo a quedarse sin casa, que es también miedo a caer en la exclusión. La inseguridad residencial implica que las personas no pueden planificar sus vidas con cierta antelación porque su estancia en la vivienda se ve amenazada por factores financieros, por una tenencia no estable o porque el lugar en el que residen no se adecua a las normas convencionales o culturales. Esta sensación negativa en relación con la vivienda puede influir en otras esferas de la vida, tales como los proyectos de tener o ampliar la familia, el mantenimiento de redes familiares y sociales, la inserción laboral, etcétera.
 

Con la crisis, la inseguridad residencial en España se ha convertido en un fenómeno bastante frecuente, no circunscrito a familias en situación de extrema fragilidad económica o social. En 2011, el 7% de los hogares españoles creían que era probable o muy probable que tuvieran que cambiar de vivienda por motivos económicos, bastantes más que en 2007, cuando así lo creían el 5,4%. Comparada con Europa, la situación de España es relativamente desfavorable. De los países de la Unión Europea, España es el sexto país con más percepción de inseguridad residencial, con niveles muy superiores a los de Alemania, Suecia, Austria, los Países Bajos o Luxemburgo, donde el porcentaje de inseguridad se sitúa entre el 2 y el 3%.

La percepción de inseguridad no afecta del mismo modo a todos los hogares. Los hogares económicamente más frágiles sienten una mayor inseguridad, y el aumento en España de grupos vulnerables en situación de precariedad ha potenciado esta inseguridad residencial (Martínez García, 2014). 

Las variables sociodemográficas más determinantes por lo que respecta a la sensación de inseguridad en la vivienda son la forma de tenencia, la situación laboral y el origen migratorio. El tipo de hogar y la edad también determinan la percepción de miedo a no poder permanecer en la vivienda debido a problemas económicos. 

Vivir en régimen de alquiler de mercado está asociado a un riesgo de movilidad forzosa mucho mayor (18%) que vivir en propiedad con hipoteca (8%). Estos porcentajes son mucho más elevados que los correspondientes a otros países europeos (11% y 4%, respectivamente). La percepción de inseguridad es también muy sensible a la situación laboral, en especial por lo que respecta al desempleo. En todos los países europeos el paro es una de las dimensiones que mejor explica los distintos niveles de inseguridad, una situación que en España se intensifica (con un porcentaje del 16% frente al 10% de la media europea).
 

Asimismo, ser inmigrante dificulta el acceso a la vivienda e incrementa la sensación de inseguridad residencial. En Europa la inseguridad residencial de las personas nacidas en otro país triplica la inseguridad de los ciudadanos autóctonos. En España estas diferencias se exacerban: los inmigrantes no comunitarios multiplican por seis (hasta un 30%) el nivel de inseguridad residencial que tienen los autóctonos, mientras que los residentes de otros países de la UE lo multiplican por cinco. Ser inmigrante es un factor clave que explica la inseguridad residencial en España, más aún que en el resto de Europa.

La inseguridad es máxima entre los hogares jóvenes y, en cambio, es menor en los hogares más maduros, ya que en España la inseguridad residencial no está asociada con la vejez. Los hogares jóvenes españoles viven el riesgo residencial con bastante más frecuencia que sus homólogos de otros países (más del 12% frente al 8% de la media europea), mientras que las personas mayores presentan unos niveles equivalentes (entre el 2 y el 3%). El tipo de hogar más seguro es la pareja (con un riesgo de inseguridad del 6% si tienen hijos y un 4% si no tienen), mientras que en los hogares monoparentales, habitualmente de una mujer sola con o sin hijos, este riesgo es mucho mayor (14%), tanto respecto a los otros tipos de hogar como respecto a la media de los hogares monoparentales europeos (9%).
 

La combinación entre precariedad económica y falta de estabilidad residencial implica una mayor sensación de inseguridad en los hogares vulnerables. Esta sensación subjetiva se corresponde con un mayor riesgo de tener que abandonar el hogar involuntariamente por razones económicas. Es decir, la percepción subjetiva de inseguridad se corresponde con los datos objetivos de movilidad residencial forzosa. La oferta más disponible para que estos hogares accedan al parque de viviendas es el alquiler, la opción más frágil.

En España el alquiler es la forma de tenencia que supone un mayor riesgo de movilidad forzosa. El 18% de los hogares que viven en alquiler de mercado en España corren el riesgo de tener que abandonar su vivienda por problemas económicos. De hecho, este riesgo es aún mayor si se considera el conjunto de países del sur de Europa (España, Portugal, Italia, Grecia, Chipre y Malta). En cambio, en el conjunto de la Unión Europea este riesgo es menor: el 12%. El riesgo de movilidad forzosa también es elevado entre los hogares que viven en alquiler social, probablemente porque este parque de viviendas está destinado a los hogares más vulnerables.
 

El mayor riesgo de movilidad forzosa no deseada nos ofrece un nuevo panorama: el de la inseguridad sociodemográfica de los hogares (Beck, 1998), un escenario cada vez más común, especialmente entre los grupos con menos recursos económicos y sociales. La mezcla entre un incremento de hogares vulnerables y un mercado de alquiler con déficit de regulación y de protección pública tiene como consecuencia el incremento de la inestabilidad residencial. La inseguridad sociodemográfica de los sistemas residenciales integra tanto la dimensión objetiva (riesgo de movilidad forzosa) como la dimensión subjetiva (inseguridad residencial).

Sufrir pobreza o exclusión social (medida a partir del indicador AROPE) está relacionado también con una mayor inseguridad residencial. Entre las personas en riesgo de pobreza o exclusión, desde 2011 a 2016, la probabilidad de sufrir inseguridad residencial se ha incrementado más del 50% (del 34,4% en 2011 al 52,3% en 2016). Al mismo tiempo, la inseguridad también se ha incrementado muy significativamente para el resto de población española que no está en riesgo de pobreza o exclusión (del 20,7% ha pasado al 33,2%).

En España, el alto nivel de inseguridad residencial, definida como la falta de confianza en poder seguir viviendo en la misma vivienda a corto plazo, es el resultado de una mezcla de factores. En primer lugar existe un mayor riesgo general, comparado con Europa, de percibir inseguridad. Además, la inseguridad residencial es más intensa y afecta negativamente a los grupos más vulnerables. Y, por último, estos grupos sociodemográficos, que sufren más precariedad social y económica, tienen un mayor peso relativo en la población que en otros países europeos.
 

La mayor inseguridad residencial en España se explica en gran medida porque el riesgo individual de perder la casa por motivos económicos es más elevado que en otros países. Hay que atribuir el origen de este riesgo a causas externas al hogar, relacionadas con el contexto económico y con el marco institucional, legal y político, es decir, con elementos estructurales del sistema residencial español. En efecto, la crisis económica indujo a un aumento de la inseguridad respecto a 2007, pero el marco normativo agravó el miedo a perder la casa, con procedimientos semiautomáticos de desahucio, denunciados por las instituciones de la Unión Europea (Pérez- Lanzac, 2014). Además, en España, al igual que sucede en otros países del sur de Europa, son prácticamente inexistentes las políticas de vivienda social centradas en la protección de los residentes.

Junto a estos problemas del sistema residencial, en el contexto español ha ido aumentando el riesgo de sufrir precariedad económica y vulnerabilidad social. En este sentido, aunque las políticas de empleo no intervienen directamente en los problemas de la vivienda, este tipo de sistemas de regulación pública actúan también sobre la seguridad residencial. 

En España, la mayor inseguridad residencial se concentra en la vivienda de alquiler. Los colectivos que más acceden al alquiler, los jóvenes y otros colectivos económicamente vulnerables son los que sufren más el temor a quedarse sin casa o a la movilidad forzosa. Esta inseguridad es transversal y afecta a otros ámbitos de la vida, tales como la salud, las relaciones sociales o la planificación vital.

Las políticas de vivienda no solo deberían garantizar el acceso a la vivienda, sino también facilitar la estabilidad de las personas en su hogar, impidiendo la movilidad forzosa e incrementando la seguridad residencial.

Este artículo está basado en:

MÓDENES, J.A. (2017): «La inseguridad residencial por problemas económicos en España comparada con el entorno europeo», Papers: Revista de Sociología, 102(4).

MÓDENES, J.A., y A. Botelho Azevedo (2017): «Más alquiler, ¿también más inseguridad residencial? Nuevas tendencias en los hogares jóvenes españoles tras la crisis», Revista de Estudios de Juventud, 116.

MÓDENES, J.A., y J. LÓPEZ-COLÁS (2017): «El fin de la propiedad de masas en España: rasgos emergentes del alquiler en el nuevo sistema residencial», International Conference on Regional Science, Sevilla, 15-17 de noviembre.

Otras referencias:

BECK, U. (1998): La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Barcelona: Paidós. Martínez García, J.S. (2014): «¿Cómo afecta la crisis a las clases sociales?», Político, 20.

MYERS, D., y H. LEE (2016): «Cohort momentum and future homeownership: the outlook to 2050», Cityscape, 18(1).

PÉREZ-LANZAC, C. (2014): «El tribunal de la UE también considera abusiva la reforma de la ley hipotecaria», El País, 17 julio.