En España, entre los años 2000 y 2008, la tasa de alumnado extranjero en las escuelas aumentó del 2% al 10%. El alumnado foráneo se concentró mayoritariamente en centros educativos de titularidad pública, provocando un desplazamiento de alumnos autóctonos de entornos socioeconómicos favorables a centros privados o concertados. Este cambio en las preferencias de matriculación podría erosionar el compromiso social con la educación pública y dificultar el proceso de integración de los recién llegados. 

La educación es un motor de crecimiento y desarrollo. La inversión en educación tiene no solo un retorno individual, sino que beneficia al conjunto de la sociedad. Los países con una población mejor formada son más productivos, tienen menores niveles de delincuencia y conflictividad y cuentan con una mayor participación ciudadana (Moretti, 2005). Asimismo, en la mayoría de los países se observa que los individuos con mayores niveles de formación tienen salarios más elevados. 

Son precisamente estos beneficios sociales los que justifican la inversión en educación pública. Además, un sistema educativo accesible y de calidad es una buena herramienta para luchar contra la desigualdad y favorecer la movilidad social (Fernández y Rogerson, 2003). Esta última característica del sistema educativo adquiere especial relevancia en el contexto actual, en el que los países con altos niveles de bienestar se convierten en receptores de importantes olas migratorias. 

Muchas familias toman la decisión de mudarse a otro país con la esperanza de que sus hijos reciban una mejor formación académica. Por ello es importante que el sistema educativo de los países receptores sea capaz de integrar a los recién llegados, ya que así se fomenta la integración y la cohesión social y con ello se reduce la conflictividad. Sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes a las aulas podría incentivar una fuga del alumnado nativo hacia centros de titularidad privada, lo que erosionaría el compromiso social con la educación pública de calidad (Coen-Pirani, 2011; Epple y Romano, 1996). 

Desde principios del siglo XXI, el sistema de educación obligatoria en España se divide en dos etapas: educación primaria, que abarca de los 6 a los 12 años; y educación secundaria, de los 12 a los 16 años. En nuestro país conviven dos tipos de centros educativos: los públicos, que acogen aproximadamente al 70% de la población escolarizada, y los privados (la mayoría concertados), que reciben al resto del alumnado. La escolarización en centros público es gratuita, mientras que los otros centros cobran una cuota de escolarización que varía significativamente entre ellos. Los centros privados y concertados suelen requerir desembolsos considerables por parte de las familias, normalmente asociados a actividades complementarias (OCU, 2012). 

En la primera década del siglo XXI España vivió uno de los mayores flujos migratorios a nivel mundial. Entre los años 2000 y 2008, en plena fase de expansión económica, la población en edad de trabajar nacida en el extranjero aumentó del 4% al 12%. Este incremento se trasladó también a las aulas de los centros de educación primaria y secundaria obligatoria, en las que el porcentaje de alumnado extranjero aumentó del 2% al 10% durante el mismo período, pasando de 97.549 a 525.481 alumnos (gráfico 1). 
 

A pesar de que el tamaño del sistema privado de educación en España, incluyendo las escuelas concertadas, es mayor que el de otros países desarrollados (por ejemplo, la tasa de matriculación en centros privados es del 14% entre los países de la UE-28, pero en España ronda el 30%), los inmigrantes se concentraron mayoritariamente en las aulas de los centros de titularidad pública.

Como muestra el gráfico 2, a finales de los noventa las tasas de alumnado extranjero entre los dos sistemas eran mínimas (2,6% en centros públicos y 1,4% en centros privados). En 2008 la presencia de estudiantes foráneos en los centros públicos ya había alcanzado el 14% del total, mientras que en los centros privados era menos de la mitad: 6,45%. Esta brecha se mantiene en la actualidad. 

Los datos sobre el número de alumnos extranjeros matriculados en los centros escolares reflejan de manera muy fiable la presencia de inmigrantes en el territorio. Tradicionalmente, los estudios utilizan datos del padrón para medir el tamaño de las olas migratorias. Sin embargo, estos últimos están sujetos a errores de medición y requieren depuración estadística por la dificultad de reflejar los cambios en tiempo real. En cambio, los datos de las matriculaciones escolares ofrecen una medición más precisa de la densidad regional de estudiantes extranjeros en las escuelas. El gráfico 3 recoge la evolución de las tasas de alumnado extranjero en centros de educación primaria y secundaria.

Además de la evolución general debida a la situación económica, se observa que, en un primer momento, esta tasa creció más deprisa en los centros de educación primaria, lo cual pone de manifiesto que los inmigrantes que llegaban a España eran mayoritariamente jóvenes y con hijos pequeños. Pocos años después, la tasa del alumnado extranjero en secundaria trazó la misma trayectoria. 

Diversos estudios han demostrado que muchas familias nativas responden a la llegada masiva de alumnos extranjeros matriculando a sus hijos en centros privados o cambiando el lugar de residencia para poder acce¬der a escuelas con menor concentración de inmigrantes. Esta reacción se conoce en la literatura como native-flight (Coen-Pirani, 2011; Cascio y Lewis, 2012). Para identificar a las familias que matriculan a sus hijos en centros privados o concertados y las que lo hacen en centros públicos se analizan las decisiones sobre gasto educativo de las familias utilizando los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares para el período 2000-2015. 

El gráfico 4 presenta la evolución de la tasa de matriculación del alumnado autóctono en centros privados y concertados, y muestra un considerable aumento en el período 2000-2008, coincidiendo con el incremento de la población inmigrante y también con un período de fuerte crecimiento en los ingresos de las familias. Es importante destacar que el aumento de las tasas de matriculación en centros privados se produjo primero en la educación primaria, en consonancia con el mayor impacto inicial de la inmigración en esta franja educativa (gráfico 3). 
 

La variación geográfica, entre las comunidades autónomas, de la concentración de alumnado extranjero en las aulas permite cuantificar su impacto en las decisiones de matriculación de las familias. Como muestra el gráfico 5, las tasas de crecimiento del alumnado no fueron homogéneas: de 1998 a 2018, el alumnado disminuyó en 4 comunidades (Asturias, Extremadura, Castilla y León, y Galicia), ya que la llegada de estudiantes extranjeros no fue suficiente para compensar la reducción de alumnos nativos. Por el contrario, el alumnado se mantuvo constante en Canarias y aumentó en el resto de los territorios. El gráfico también muestra un incremento dispar en la tasa de crecimiento del alumnado extranjero entre comunidades autónomas. Esta variación geográfica nos permite identificar el efecto de la inmigración en el sistema educativo, aislándolo del ciclo económico y otros factores. 

Combinando los datos de las variaciones geográficas en el alumnado extranjero y los datos sobre las decisiones de gasto educativo de las fa-milias, se calcula que de 2000 a 2007 la tasa de matriculación en centros privados y concertados aumentó en 12 puntos porcentuales entre las familias nativas de nivel socioeconómico más alto.

Sin embargo, no se observan cambios en el uso de la escuela pública entre las familias con menos recursos económicos. Esta asimetría en la respuesta hace referencia a la mayor capacidad de reacción de las familias acomodadas ante los cambios en el entorno escolar. 

Durante el período de 2008 a 2015, la crisis económica redujo los ingresos de las familias y frenó las llegadas de inmigrantes. Ambos factores contribuyeron a ralentizar las tasas de matriculación en centros privados. Se calcula que la caída del alumnado extranjero produjo una reducción de la tasa de matriculación en centros privados y concertados de educación primaria de 0,8 puntos porcentuales entre las familias de nivel socioeconómico alto, aunque la reducción para el total de las familias fue de casi el 1,5%. 

En el ámbito de la educación secundaria se observa un patrón similar. Durante el período de 2000 a 2007, la tasa de alumnos extranjeros aumentó en 8 puntos porcentuales, y las familias nativas de nivel socioeconómico alto respondieron incrementando en 11 puntos porcentuales la tasa de matriculación en centros privados y concertados. Sin embargo, durante el período de crisis económica y reducción de los flujos migratorios (entre 2008 y 2015), la tasa de matriculación en centros privados y concertados cayó 2 puntos porcentuales en el conjunto de familias. 

Estos resultados ponen de manifiesto que la concentración de inmigrantes en las aulas tiene un efecto importante en las decisiones educativas de las familias. Se ha calculado que la magnitud de este efecto es aproximadamente la mitad del que está asociado a cambios en el nivel de renta de las familias.  

El desplazamiento de las familias nativas hacia centros privados y concertados podría afectar a la calidad del sistema público de educación, ya que implica un menor interés social y político por financiarlo. Tanaka, Farré y Ortega (2018) analizan el impacto de la inmigración en la educación pública desde la óptica de la economía política. En este contexto, la presión impositiva y la asignación de fondos públicos que realizan los legisladores reflejan el uso de la educación pública por parte de quienes les han votado. La llegada de familias inmigrantes con ingresos inferiores a la media y con tasas de natalidad más elevadas puede llevar a una parte de los votantes nativos a matricular a sus hijos en centros privados y concertados, y a dejar de respaldar la inversión pública en educación. 
 

Los resultados anteriores indican que la llegada de alumnado extranje¬ro a las aulas durante la primera década del siglo xxi coincide con un desplazamiento hacia el sistema de educación privado entre las familias nativas con más recursos. Este desplazamiento podría haber desincentivado el incremento de la inversión pública en educación. 

La evolución a largo plazo del sistema público de educación depende en gran medida de la integración tanto económica como social de las familias inmigrantes. Si los niveles de renta, las preferencias por la educación pública y las tasas de natalidad de las familias inmigrantes convergen en las de los nativos, la calidad de la educación en las escuelas públicas y su uso entre las familias autóctonas se restablecerá. Sin embargo, cabe destacar que los procesos de asimilación social y económica no son automáticos y deben fomentarse activamente con políticas públicas adecuadas. Al mismo tiempo, el sistema educativo deberá tener un papel fundamental como motor de integración y ascenso social. 

En este contexto, es importante valorar el impacto que la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19 puede tener en el sistema educativo. Uno de los aspectos más destacables de la crisis actual es la caída del nivel de empleo. Según nuestras predicciones, el descenso del nivel de ingresos debido a la pérdida de ocupación llevará a muchas familias a abandonar los centros concertados o privados y a optar por escolarizar a sus hijos en centros públicos. A corto plazo esto puede generar congestión y afectar negativamente la calidad del sistema público de educación. Pero también es posible que aumente el apoyo social a que se destinen recursos a la educación pública, lo cual tendría efectos positivos a medio plazo en la calidad de la enseñanza pública. 
 

CASCIO, E.U., y E.G. LEWIS (2012): «Cracks in the melting pot: immigration, school choice, and segregation», American Economic Journal: Economic Policy, 4(3). 

COEN-PIRANI, D. (2011): «Immigration and spending on public education: California, 1970– 2000», Journal of Public Economics, 95(11-12). 

EPPLE, D., y R.E. ROMANO (1996): «Ends against the middle: determining public service provision when there are private alternatives», Journal of Public Economics, 62(3). 

FARRÉ, L., F. ORTEGA y R. TANAKA (2018): «Immigration and the public-private school choice», Labour Economics.

FERNÁNDEZ, R., y R. ROGERSON (2003): «Equity and resources: an analysis of education finance systems», Journal of Political Economy, 111(4). 

MORETTI, E. (2005): «Social returns to human capital», NBER Reporter: Research Summary.
 
OCU (2012): «La creciente factura escolar», OCU-Compra maestra, 373. 

TANAKA, R., L. FARRÉ y F. ORTEGA (2018): «Immigration, assimilation, and the future of public education», European Journal of Political Economy, 52