El texto analiza las principales características del empleo en España y su evolución hasta finales de 2017. Los datos muestran las serias dificultades de la economía española para generar suficiente empleo, así como las causas por las que se mantiene en unas pautas dominantes de escaso valor añadido y de uso bajo o medio bajo de la tecnología. El empleo que se genera es mayoritariamente de baja calidad, con lo cual se acentúa la divergencia entre la economía española y la de los países que más se adentran en la sociedad del conocimiento. De ahí la doble necesidad, por una parte, de intervenciones que movilicen a actores y apoyen esfuerzos que impulsen otro modelo de crecimiento y de empleo; y por otra, de políticas sociales que hagan frente a los desajustes en el empleo.

Tras cuatro años de recuperación del empleo, desde finales de 2013, puede decirse que la economía española padece serias dificultades para generar: 1) empleo suficiente, 2) empleo profesional cualificado, y 3) empleo de calidad en cuanto a condiciones de trabajo. De lo primero dan cuenta las cifras de paro: de 3,8 millones a finales de 2017, la mitad en paro de larga duración (de más de un año) y más de un tercio de muy larga duración (más de dos años). A estas personas que están en paro aún cabría añadir las que desisten de buscar un empleo por considerar que no lo encontrarán, quienes han emigrado y quienes se hallan subempleadas o con empleos ocasionales y de horarios reducidos.

Así, con una tasa de empleo del 66% para la población de 20 a 64 años a finales de 2017, España se halla lejos de alcanzar el 74% establecido como objetivo en la Estrategia Europa 2020 (EC, 2017). Una tasa de empleo que es especialmente baja para los más jóvenes (el 52% para los de 20 a 29 años), signo de las dificultades que pasa esta población en sus procesos de inserción laboral.

En los últimos diez años, desde los inicios de la crisis, la economía española ha experimentado un cambio no desdeñable en su especialización productiva: se ha destruido empleo manual en la construcción y algo menos en la industria, excepto en la alimentaria y la fabricación de vehículos de motor, sustituido por el empleo en los servicios. La hostelería destaca por ser el sector que más empleo genera, si bien también crece en los servicios públicos (sanidad, educación) y en ciertos servicios profesionales. Entre estos últimos destacan tres, reducidos en función del volumen de empleo, pero que podrían sentar pautas para un futuro: programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; consultoría de gestión empresarial; y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.

En hostelería, cerca de la mitad del aumento del empleo corresponde a camareros y cocineros asalariados y ayudantes de cocina; en comercio, aumentan los vendedores en tiendas y almacenes. El hecho de que en ambos sectores el empleo creado se concentre en tareas mayormente poco cualificadas puede ser indicativo de una apuesta por las actividades basadas en ocupaciones poco profesionalizadas. Distinto es el caso de la educación, sector en el que, tras los fuertes recortes de años precedentes, aumenta el empleo de profesores y profesionales de la enseñanza. Asimismo, recuperan empleo la sanidad y la asistencia en establecimientos residenciales, una recuperación que en ambos casos se concentra en el sector privado.

A partir de finales de 2013 son pocos los sectores de actividad que siguen perdiendo empleo; sin embargo, merecen ser destacados tres por su significación: servicios financieros, ingeniería civil (obra pública) e investigación y desarrollo. En definitiva, puede decirse que el grueso del tejido económico del país sigue sustentándose en empleos de escaso valor añadido y escasa inversión en innovación, de pocos requerimientos profesionales y de baja calidad en cuanto a la ocupación (Banyuls et al., 2009).

Si se compara la distribución sectorial del empleo en España con la de los países del entorno (Alemania, Francia o Italia y el conjunto de la Eurozona) resaltan algunas diferencias significativas (tabla 1). De entrada, se constata que en España el empleo está muy sobredimensionado en hostelería, cuyo peso supera en más del doble al de Alemania, Francia o Italia (estos dos últimos países precisamente se caracterizan por el turismo). 

Que la ocupación en dicha actividad haya aumentado en España en un 26% en los últimos 4 años obliga a interrogarse sobre un posible exceso de especialización; una actividad que, por lo demás, se define por su gran estacionalidad. Por el contrario, España está lejos de alcanzar los niveles de Alemania o de la Eurozona en industria; de Francia o Italia en administración pública; y de Alemania, Francia o Italia en actividades sanitarias y servicios sociales. En definitiva, se constata el escaso desarrollo de las políticas de bienestar en nuestro país.

La caracterización precedente se confirma si se atiende a la composición del empleo según ocupaciones (tabla 2). En este aspecto, España destaca, en relación con los países de la Eurozona, por una menor presencia de técnicos y profesionales de apoyo, compensada con una mayor de trabajadores de servicios y vendedores, y de ocupaciones elementales a cargo de personal no cualificado.

En el mercado laboral español se ha consolidado un amplio espacio de empleo de escasa calidad o empleo precario, en los términos que lo define la OIT (2012). De ello da cuenta la elevada temporalidad, que afecta al 26,7% de los asalariados, la extensión del trabajo a tiempo parcial no deseado (afecta a cerca del 60% de quienes disponen de un horario reducido), o las elevadas cifras de contratos de trabajo registrados en los servicios públicos de empleo.

En el año 2017 se registró un total de 21,5 millones de contratos, siendo la población asalariada 15,9 millones. Como muestra la tabla 3, muchos de ellos son de muy breve duración (un 26% de hasta 7 días) o de duración desconocida (el 35%). Los datos de la EPA indican que poco menos de un 30% de quienes tienen un contrato temporal llevan más de dos años en la empresa, lo que induce a pensar en la existencia de un amplio uso injustificado de esa modalidad de contratación.

Asimismo, la Seguridad social, también para el año 2017, registra hasta 23,7 millones de altas en el régimen general y 23,1 millones de bajas, cifras muy superiores al número de trabajadores asalariados, que como se ha visto es de 15,9 millones a finales de ese mismo año. Estas cifras solo se explican en la medida en que existe una muy elevada rotación en el empleo. Esta intensidad de altas y de bajas son especialmente habituales en determinados sectores de actividad, entre ellos en varios de los que más crecen en empleo en estos últimos años, como la hostelería y el comercio, pero también actividades sanitarias o transporte y almacenamiento.

La importancia que adquiere la ocupación de corta duración remite a un núcleo considerable de personas en el mercado laboral que encadenan episodios de empleo que alternan con otros de desempleo. La vulnerabilidad es el rasgo que define a esta población, para la cual se desdibujan los límites entre empleo y paro. Y cuando las características señaladas se arrastran desde hace tiempo y se expanden a lo largo y ancho del territorio, no cabe más que concluir que se trata de un grave problema estructural, cuyos rasgos más visibles son la persistencia del desempleo y de la precariedad. Con evidentes repercusiones más allá del estricto mercado laboral, en relación con las desigualdades sociales, riesgo de pobreza y exclusión social.

De ahí que la tasa de riesgo de pobreza entre las personas con empleo en España haya pasado del 11,7% en 2013 al 14,1% en 2016 (en números absolutos de 2 a 2,6 millones de ocupados en riesgo de pobreza). La Agencia Tributaria eleva hasta 5,7 millones las personas con empleo que no alcanzaron a percibir el salario mínimo en el año 2015. En este colectivo se encuentran sobre todo los más jóvenes, aunque se extiende también a tramos de edades más avanzadas.

Este apartado se centra en el empleo de los jóvenes de 25 a 34 años, por ser indicativo de las oportunidades que el mercado de trabajo les ofrece en sus procesos de inserción laboral. Descartamos a los jóvenes de menos de 25 años, pues una gran parte de los mismos puede hallarse aún en sus primeras experiencias laborales.

De entrada, debe destacarse que la formación incide positivamente en las posibilidades de incorporación al mercado laboral en un doble aspecto: en las posibilidades de tener un empleo (gráfico 2) y, como se verá, en mejores empleos.

Si se observa en qué sectores de actividad están ocupados los jóvenes de 25 a 34 años, lo primero que resalta es que hasta un 30% lo está en comercio y hostelería; un 19% en administración pública, educación y actividades sanitarias; y un 13% en intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos y administrativos.

Por lo general, la formación abre las puertas a los jóvenes para acceder a ocupaciones más cualificadas. Sin embargo, apenas el 60% de los jóvenes con empleo que tiene estudios superiores trabaja como técnico y profesional o como director o gerente. De ahí que otro 40% de estos jóvenes cualificados esté subempleado en ocupaciones que no requieren estudios superiores (camareros, vendedores, administrativos, etc.); un subempleo profesional que no siempre, como muestran algunos estudios, es una situación transitoria para estos jóvenes. La economía del país, pues, parece incapaz de absorber dicho potencial de conocimientos.

La precariedad laboral afecta en modo especial a los jóvenes. A finales de 2017 el contrato de trabajo de un 40% de los jóvenes era temporal. Esta es una modalidad de contrato que en España apenas sirve para transitar hacia un empleo estable (ver EC, 2017: 80-81). La temporalidad varía poco según el nivel de estudios, por lo que mayores niveles de estudios no garantizan una mayor estabilidad contractual. Las estadísticas de contratación laboral confirman la situación descrita, pues solo a lo largo del año 2017 se registró un total de 6,6 millones de contratos de trabajo a jóvenes de 24 a 35 años, siendo los asalariados de esta franja de edad a finales de ese mismo año poco más de 3,4 millones. También el trabajo a tiempo parcial recae más en los jóvenes que en el conjunto de la población ocupada, y más en ellas que en ellos. Se trata de una modalidad de empleo que se concentra en determinadas actividades de servicios, muy en particular en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, actividades administrativas y servicios auxiliares y hostelería.

Que cerca de 900 mil jóvenes de 25 a 34 años estuviera en paro a finales de 2017, con una tasa de paro del 19,0% (17,8% los hombres y 20,2% las mujeres), muestra las serias dificultades con las que se enfrentan en su voluntad de incorporación al mercado laboral. Y cuando se consigue un empleo, este, como se ha visto, no suele ajustarse a las expectativas en cuanto a calidad, estabilidad y posibilidades de desarrollo profesional acorde con los estudios realizados. Ciertamente, los estudios importan, pero en España no garantizan el acceso a un buen empleo o una ocupación ajustada a los mismos.

El tejido económico en España ha experimentado cambios tras la crisis económica y financiera iniciada en 2008, siendo el más significativo el enorme declive del empleo en la construcción. Sin embargo, tras cuatro años de recuperación, una parte importante del tejido empresarial sigue sustentándose en actividades y empleos de escaso valor añadido, escasa inversión en innovación (como hostelería, comercio y servicios asistenciales), algunos de ellos sujetos a una elevada estacionalidad. La paradoja del modelo productivo español es que, pese a estas características, el empleo generado resulta insuficiente, pues así lo muestran las elevadas cifras de paro y otros indicadores, como la emigración, el subempleo o las personas que desisten de buscar trabajo.

Esta evolución, que en los aspectos apuntados distingue a España de otros países del entorno, solo parcialmente es compensada por un mayor empleo en los últimos años en servicios públicos (actividades sanitarias y educación) y en determinadas actividades profesionales (básicamente en servicios de asesoramiento y asistencia prestados a empresas).

El nivel de estudios de la población en España ha cambiado radicalmente desde hace ya unos años; no obstante, en el mundo laboral los cambios son mucho más modestos, lo que pone en evidencia el desajuste entre oferta y demanda ante las pocas exigencias profesionales de muchos de los puestos de trabajo, tanto los existentes como los nuevos. La economía española se fundamenta, pues, en una estructura empresarial que se muestra incapaz de absorber el potencial de conocimientos (estudios), sobre todo de los jóvenes, y que, por tanto, puede tener dificultades de adaptación ante el reto de la revolución digital.

Pero si el empleo que se genera es insuficiente, a ello hay que añadir que en una gran parte es de escasa calidad. Las elevadas tasas de temporalidad, el empleo a tiempo parcial no deseado, la inseguridad ocupacional y profesional o los bajos salarios son aspectos que permiten hablar de precariedad en el empleo. De ahí que pueda decirse que el modelo de crecimiento dominante en España redunde en un aumento de las desigualdades, cuyos rasgos más preocupantes son la persistencia en el desempleo, la vulnerabilidad o inseguridad en el empleo y el aumento de la tasa de pobreza también entre los ocupados.

Puede concluirse que se trata de una estructura productiva difícilmente sostenible, que requiere un cambio hacia una economía más sustentada en el conocimiento. Existe bastante consenso, además, en considerar que la revolución digital va a suponer un reto importante para el futuro del país, para las empresas, para el empleo y para el bienestar (Eurofound, 2017).

De ahí se desprende que son necesarias políticas dirigidas a revertir la situación actual de la economía española y de su mercado laboral, con estímulos que permitan avanzar hacia una sociedad del conocimiento y con cohesión social, que generen puestos de trabajo suficientes y de calidad. Con este fin se precisa, por una parte, la adopción de políticas laborales que mejoren la ocupación; también políticas sociales que hagan frente a los problemas derivados de las desigualdades sociales y de la pobreza; y, asimismo, políticas que anticipen los cambios con el fin de propiciar una transformación tecnológica que sea inclusiva, como apunta el Consejo Económico y Social de España, también en el terreno del empleo y de las relaciones laborales (CES 2017). Es indispensable en este sentido una firme apuesta por la innovación y el conocimiento en el conjunto del tejido económico empresarial, en línea con la declaración de los agentes sociales que apelan a un compromiso de Estado que contribuya a que España alcance el objetivo marcado por la Unión Europea de incrementar al menos hasta el 20% del peso de la industria en el conjunto del PIB en el año 2020.

En definitiva, el país debe optar entre una economía sustentada en actividades de escaso valor añadido, uso bajo o medio bajo de la tecnología y bajos salarios, o bien impulsar una transformación progresiva con la potenciación de actividades y ocupaciones más cualificadas, de mayor valor añadido, en principio menos expuestas a los impactos de la revolución digital y más acordes con una sociedad del conocimiento. Solo esta segunda opción permitirá competir en el nuevo contexto internacional, no por los bajos costes de servicios y productos, sino por su calidad. Si la primera opción produce un aumento de las desigualdades sociales, la segunda deberá redundar en la mejora del bienestar y en una mayor cohesión social.

Banyuls, J., F. Miguélez, A. Recio y E. Cano (2009): «The transformation of the employment system in Spain: towards a Mediterranean neoliberalism?», en G. Bosch, S. Lehndorff y J. Rubery (eds.), European employment in flux. A comparison of institutional change in nine European countries, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

CES (2017): La digitalización de la economía, Madrid: Consejo Económico y Social de España.

Eurofound (2017): Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession, Luxemburgo: Publications Office of the European Union.

Eurofound & International Labour Office (2017): Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Luxemburgo/Ginebra: Publications Office of the European Union/International Labour Office.

European Commission (2017): Employment and social developments in Europe. Annual Review 2017, Luxemburgo: Publications Office of the European Union.

Organización Internacional del Trabajo (2012): Del trabajo precario al trabajo decente: documento final del simposio de los trabajadores sobre políticas y reglamentación para luchar contra el empleo precario, Ginebra: OIT.