A partir de la crisis iniciada en el año 2008, las condiciones laborales de los jóvenes menores de 30 años han empeorado respecto a las de generaciones anteriores cuando tenían su misma edad, especialmente desde la reforma laboral del 2012. Los salarios de los jóvenes de hoy en día se han reducido en mayor medida que los de sus antecesores, así como también ha disminuido su presencia en el mercado laboral, lo que ha originado un grave problema en la estabilidad de sus proyectos de vida. Concretamente, en el 2019, el porcentaje de personas menores de 30 años afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social sobre el total de afiliados se había reducido, respecto al año 2008, del 18,6% al 12,5%. Asimismo, el número de contratos por afiliado de los jóvenes menores de 30 años se vio incrementado, entre el 2008 y el 2019, de 2 a 3,3 contratos.

Desde el 2008, la tasa de paro entre la población menor de 30 años fue incrementándose, para alcanzar su valor máximo, el 42,4%, en el 2013. A partir de entonces, esta tasa se fue reduciendo hasta llegar al 23,8% del 2019, aunque este valor se sitúa todavía por encima de la cifra del 2008. Especialmente preocupante es la tasa de paro de los jóvenes con un nivel de estudios inferior al de la educación secundaria obligatoria, ya que en el 2019 se situó en el 34,3%. Otro elemento que caracteriza la precariedad juvenil es la elevada tasa de temporalidad de los contratos, que en el 2019 alcanzó el 56%, una cifra que sigue siendo más elevada que cuando se inició la anterior crisis, en el 2008. Es preocupante, además, el aumento del porcentaje de contratos con una jornada de trabajo a tiempo parcial involuntaria, que en el 2019 se situó en el 53,4%.

La educación superior suele facilitar el acceso a trabajos mejor remunerados y con mayores expectativas de mejoras laborales futuras. Sin embargo, en el 2018, el 50% de los titulados universitarios con empleo de entre 20 y 30 años no llegaban ni a ser mileuristas. La comparación de los datos de las muestras del 2012 y el 2018 indica que la duración media de los contratos de titulados universitarios se ha reducido, para alcanzar una media de diez meses en el 2018.

La brecha salarial por sexo se perpetúa a lo largo del tiempo, puesto que las mujeres siguen recibiendo salarios más bajos que los hombres. En el 2018, la diferencia salarial se situaba en el 17%. Entre los años 2008 y 2019, el número de contratos indefinidos formalizados por las mujeres menores de 30 años se redujo en un 22% y, al mismo tiempo, el peso de la contratación temporal de dicho colectivo sobre el total pasó del 88,4% al 91,5%. Por otra parte, a lo largo del periodo analizado, las mujeres jóvenes de nacionalidades no europeas percibieron salarios más bajos y sus contratos duraron menos que los de las mujeres españolas. En el 2018, el salario mediano de las mujeres menores de 30 años de nacionalidades no europeas fue un 29,3% inferior al de las mujeres de nacionalidad española y el 50% de ellas cotizaron menos de seis meses.   

La precariedad laboral juvenil se intensificó a partir de la crisis iniciada en el año 2008, especialmente con la aprobación de la reforma laboral iniciada en el 2012, que afectó tanto en el acceso al empleo como en las modalidades de contratación destinadas a los jóvenes. Se ha consolidado un modelo de ocupación juvenil basado en la temporalidad, la parcialidad involuntaria y los bajos salarios, que se agudiza entre las personas jóvenes de nacionalidad no europea, las que no han terminado los estudios secundarios y, en particular, las mujeres jóvenes.

Ante ello, se requeriría un nuevo marco de relaciones laborales que recupere el principio de estabilidad en el empleo, reduzca el uso de modelos de contratos temporales y vele por la calidad de las ofertas de trabajo. Asimismo, se plantea la necesidad de que las políticas de juventud impulsadas consideren la heterogeneidad del colectivo juvenil y ocupen un lugar central en el conjunto de las políticas públicas y en la consecución del estado del bienestar futuro de la sociedad.

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