Las personas mayores prefieren permanecer en sus casas cuando envejecen y valoran muy positivamente la autonomía que esta decisión supone para sus vidas, aunque implique vivir solos. Otras opciones como las residencias de mayores o la alternativa tradicional de convivir con alguno de los hijos son vistas por los mayores con más recelo. En las zonas rurales, el deseo de seguir viviendo en la casa familiar tiene un significado especialmente importante, ya que contribuye a mantener el valor simbólico que tiene para sus habitantes mantener una identidad común, compartida; un sentimiento de arraigo que es importante tanto desde el punto de vista individual, para el bienestar de cada persona mayor, como desde el punto de vista social y colectivo, puesto que la permanencia en los entornos rurales está contribuyendo a la supervivencia de estas zonas.

Por otra parte, cuando las necesidades de atención empiezan a aparecer y sobreviene la dependencia en menor o mayor grado, los mayores señalan a sus familiares directos como los cuidadores que ellos consideran ideales. En efecto, en España la familia sigue manteniendo un estatus de cuidador ideal incuestionado, un rol que se ejerce en virtud del sentido de la reciprocidad y afecto que se espera recibir por parte de los hijos, y que no guarda relación con las capacidades ni la formación que estos hijos tengan para cuidar (Moreno-Colom et al.,2016). Estas preferencias en la forma de ser cuidado se cumplen, puesto que las familias siguen asumiendo el cuidado a los mayores como una responsabilidad familiar.

Sin embargo, en las zonas rurales, este deseo combinado de las personas mayores por permanecer en sus casas y ser atendidas por sus familiares resulta en muchos casos inviable, ya que es prácticamente imposible confiar en que el cuidado a los mayores pueda ser proporcionado por sus familiares directos.

Por un lado, se trata de zonas más envejecidas, por lo que tienen más población que potencialmente necesita apoyo para realizar las actividades cotidianas. Por otro, son zonas que han experimentado la emigración constante de las generaciones más jóvenes, especialmente de las mujeres, que emigraron desde la segunda mitad del siglo pasado en mayor proporción que los hombres, lo que ha provocado el despoblamiento de estas zonas y un déficit de mujeres. Con frecuencia ocurre, por tanto, que las personas mayores no tienen a ningún familiar viviendo en sus municipios. En consecuencia, el modelo de cuidados familiar, femenino e informal se vuelve insostenible.

En España, las zonas rurales presentan un elevado índice de envejecimiento –alto porcentaje de población mayor de 65 años– y sobreenvejecimiento –alto porcentaje de mayores de 80– como consecuencia de la continuada emigración de sus poblaciones desde la segunda mitad del siglo XX. El éxodo el campo a la ciudad ha ido reduciendo el tamaño de los pequeños pueblos, especialmente de la población más joven, que, atraída por las posibilidades de desarrollo económico y personal que ofrecían las ciudades, ha elegido abandonar sus municipios de origen.

En términos demográficos, la primera consecuencia de este proceso continuado de emigración de la población joven es el envejecimiento poblacional, que es muy superior en las zonas rurales al del conjunto de España. Así, en los municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, casi el 25% de la población supera los 65 años, un porcentaje que asciende hasta casi el 40% en los municipios más pequeños, muy por encima del 19% que suponen en el conjunto del país.

Si nos centramos en el sobreenvejecimiento, la realidad de las zonas rurales nos alerta acerca de unas necesidades previsibles de atención que afectan a porcentajes de población muy llamativos. Los mayores de 80 años son más del 10% en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, mientras que los valores totales para España no llegan al 6%. La relación entre envejecimiento y entorno es, por tanto, evidente: cuanto más pequeño es el municipio, más grande es la proporción de población mayor que tiene, como se puede ver en el gráfico 2.

Las consecuencias de este envejecimiento no pueden ser infravaloradas, especialmente si se produce en zonas con una escasa dotación de servicios sociales. Si bien es cierto que el envejecimiento poblacional es el resultado de importantes éxitos sociales como el aumento de la esperanza de vida o la mejora de la calidad de vida a edades avanzadas, también es importante reconocer la evidente necesidad de atención que requieren las personas mayores y garantizar unos recursos suficientes para dar respuesta a dichas necesidades. 

El segundo efecto demográfico que ha tenido la emigración del campo a la ciudad es la masculinización de los entornos rurales. Estas zonas presentan una proporción mayor de hombres que de mujeres debido a que el éxodo rural se da en mujeres en mayor medida que en hombres. Las mujeres abandonan los pueblos a favor de las ciudades porque en ellas han encontrado desde hace décadas una oportunidad educativa, así como una oferta laboral alternativa a la habitual invisibilidad del trabajo doméstico ejercido tradicionalmente en las zonas rurales. Esta tendencia, que continúa en la actualidad, desequilibra fuertemente la estructura poblacional de las zonas rurales, habiendo una mayor presencia de hombres que de mujeres, como se muestra en el gráfico 3. 

Recordemos que hasta la segunda mitad del siglo XX la economía española era todavía mayoritariamente agrícola, un sistema productivo que relegaba a las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados, sin ofrecerles otras alternativas laborales. El crecimiento de las ciudades supuso el desarrollo del sector servicios, en el que las mujeres encontraron un potente nuevo nicho de mercado, lo que explica su masiva emigración a las ciudades. Esta emigración diferencial por sexos se ha dado en muchos países, pero es especialmente acusada en España, debido al retraso con el que se produjeron los procesos de urbanizacion e industrialización (Camarero y Sampedro, 2016).

La combinación de estos dos procesos demográficos (el envejecimiento poblacional y la masculinización) explica por qué la cuestión del cuidado y la atención a las personas mayores es tan compleja en las zonas rurales. Si tenemos en cuenta que tradicionalmente España ha tenido un modelo de cuidados basado en la familia y en particular en las mujeres, la insostenibilidad de ese modelo de cuidados se refleja de manera muy clara en la demografía de los entornos rurales. Sin familiares cerca, sin mujeres y con una gran parte de la población rural envejecida, las necesidades de cuidado deben ser resueltas mediante la incorporación al cuidado de nuevos actores. 

La demografía nos proporciona una foto clara de la llamada crisis del cuidado, alertándonos sobre la paradoja de que al mismo tiempo que aumenta la población mayor y, por tanto, crecen las necesidades de atención que dicho colectivo requiere, desciende el número de personas potencialmente disponibles para atenderlos. Por lo tanto, la pregunta es: ¿quién cuida a las personas mayores? En España, la respuesta a esta cuestión ha sido tradicionalmente inequívoca: la familia, y en concreto las mujeres, en un modelo de cuidados que se ha definido como informal y familista. En este modelo, el cuidado lo ejercen personas cercanas a la persona cuidada, y no conlleva remuneración alguna. Y así sigue siendo de forma mayoritaria, ya que el perfil del cuidador en España es claro: mayoritariamente femenino y de edad avanzada, ya sean esposas o hijas (Durán, 2006). Más del 80% de los cuidadores en nuestro país son familiares directos, de acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía y situaciones de Dependencia realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Son parientes de la persona cuidada y se trata en la mayor parte de los casos de cuidadoras, mujeres (Martínez Buján, 2014).

Son ellas quienes siguen atendiendo y cuidando, a pesar de haberse incorporado de forma masiva al mercado de trabajo y, por tanto, tener menos disponibilidad para dedicarse a estas tareas. Predomina, pues, el cuidado informal, femenino y familiarizado, en oposición al cuidado profesionalizado, ejercido por personas que han recibido formación específica en este campo laboral.

Este modelo cuenta con un elevadísimo grado de aceptación entre la población española y, a pesar de las dificultades, sigue aplicándose de forma generalizada. Si bien es cierto que existe una creciente valoración de la autonomía doméstica y que cada vez son más las personas que prefieren seguir viviendo en sus casas al envejecer, cuando sobreviene la dependencia se sigue confiando en la familia como el principal proveedor de cuidados. Esta preferencia está especialmente extendida en las zonas rurales: casi el 86% de las personas mayores de 65 años que viven en municipios con menos de 5.000 habitantes (los más envejecidos) manifiestan preferir ser cuidados únicamente por miembros de su familia, y son muy pocos, menos del 10%, quienes afirman que les gustaría ser atendidos por cuidadores externos. En las ciudades más grandes, con más de 100.000 habitantes, parece existir un mayor grado de aceptación del cuidado profesional, ya que más de un 30% de los mayores señala que le gustaría contar con el apoyo de cuidadores no familiares (como cuidadores únicos o como complemento al apoyo familiar) (Encuesta sobre Personas Mayores, IMSERSO, 2010).

El problema que plantea esta preferencia por el cuidado familiar y femenino es evidente: la incorporación de la mujer al mercado de trabajo limita su disponibilidad para cuidar. Así, seguir ejerciendo el cuidado de las personas mayores se vuelve imposible, o se realiza a costa de una importante sobrecarga para las cuidadoras.

La Ratio de Cuidadores y Cuidadoras Potenciales (RCP) permite medir la relación existente entre la generación potencialmente cuidadora (número de personas entre 45 y 69 años) y las personas que a priori se encuentran en una etapa en la que pueden necesitar cuidados (personas mayores de 70 años). Los datos son muy reveladores: en los municipios con menos de 5.000 habitantes apenas hay dos personas que potencialmente podrían cuidar a cada persona dependiente. Es una ratio muy baja que, en primer lugar, indica una ruptura del equilibrio demográfico entre generaciones y está imposibilitando asegurar el cuidado mediante mecanismos informales. Por otro lado, y desde el punto de vista de género, la presencia de mujeres potencialmente cuidadoras es tan baja en las zonas rurales que se hace necesaria la incorporación de nuevos actores. Apenas hay una mujer potencialmente cuidadora por cada persona mayor de 70 años, una disponibilidad claramente insuficiente. En el año 1950 había en España 2,5 mujeres por cada persona mayor.

La situación poblacional de las zonas rurales, por tanto, refleja la ruptura del equilibrio entre generaciones y por sexos, una situación que inevitablemente reclama cambios en la manera en la que se organiza la atención a las personas mayores que viven en las zonas rurales.

Las zonas rurales se están enfrentando a unas dificultades importantes para atender a las personas mayores, lo que provoca que nuevos actores se incorporen a estas tareas: el papel de las redes de vecindad es importante dentro del ámbito informal y la llegada de población migrante permite la contratación de cuidadores/as profesionales. Centrándonos en el ámbito familiar, que constituye el objetivo de este artículo, resulta pertinente llamar la atención sobre la necesaria incorporación de los hombres al cuidado en las zonas rurales, puesto que en muchos casos son los únicos familiares disponibles ante la ausencia de hijas en sus municipios. 

La figura del hombre cuidador en las zonas rurales está todavía poco explorada en nuestro país, ya que el tradicional protagonismo de las mujeres en el ámbito del cuidado explica que se haya priorizado conocer sus necesidades. Sin embargo, considerando el actual desequilibrio demográfico existente en las zonas rurales, tanto entre generaciones como entre sexos, parece evidente que la incorporación de los hombres al cuidado es una necesidad sobrevenida, impuesta por la demografía, y que requiere de investigaciones que de forma específica se centren en estos entornos.

En los últimos años se ha empezado a llamar la atención sobre la incorporación del hombre al cuidado desde dos posiciones: una, la mayoritaria, como cuidador de sus esposas cuando, a edades muy avanzadas, ellas entran en procesos de dependencia. Se trata de hombres que se incorporan a una actividad, la de cuidar, para la que no fueron educados y lo hacen a edades ya muy avanzadas (Abellán et al., 2017). La dificultad que esto supone es obvia, tanto desde el punto de vista del cuidado físico como del psicológico. La otra posición está relacionada con el concepto de «neomayorazgo», en referencia a los hijos solteros que se quedaron viviendo con sus padres y que, años después, cuando estos envejecen, pasan a ser sus cuidadores. En ambos casos la incorporación del hombre al cuidado es una realidad sobrevenida por la situación demográfica, pero deseable por la oportunidad que supone para transformar una brecha de género histórica que excluía a los hombres de las actividades del cuidado, tan necesarias para el sostenimiento de la vida de todos y todas.

La incorporación al cuidado de los hombres, hijos y esposos, en las zonas rurales, constituye una tendencia de cambio interesante que debe ser explorada y apoyada desde las instituciones públicas. Por un lado, puede devenir una estrategia de resiliencia que contribuye a hacer viable envejecer en las zonas rurales, una necesidad urgente ante el despoblamiento de estas zonas. Al mismo tiempo, puede contribuir a normalizar el cuidado como un acto de solidaridad intrafamiliar que afecta tanto a mujeres como a hombres en determinados momentos de la vida. Vivimos, por tanto, un momento de transición donde el envejecimiento de las zonas rurales puede constituirse en una oportunidad para responder al reto de los cuidados y la dependencia desde un prisma igualitario, entendiendo que tanto hombres como mujeres deben participar en esta actividad.

Esta asunción del cuidado por los hombres, los familiares directos, en las zonas rurales, debería ir acompañada de programas de formación y apoyo, ya que se trata de un grupo de población (los hombres de edad avanzada) cuyos miembros no han sido educados para cuidar y que presentan, por tanto, dificultades específicas en el desempeño de esta actividad. Pero, al mismo tiempo, no puede ser asumida como una alternativa al desarrollo de los servicios sociales profesionalizados por parte de las instituciones públicas. El hecho de que desde el punto de vista informal se estén produciendo estos cambios no debería ser utilizado como una excusa para posponer la inversión pública en servicios de cuidado formales. 

Las zonas rurales sufren una persistente infradotación de servicios públicos, que ejerce de factor expulsor de sus poblaciones. Garantizar el cuidado y atención a las personas mayores requiere superar esta tradicional infradotación pública.

El desarrollo de los servicios sociales y sanitarios de atención a domicilio constituye un mecanismo esencial para facilitar que las personas que así lo deseen puedan seguir viviendo en sus casas y puede constituirse en una herramienta fundamental para atender a las personas mayores en las zonas rurales.

El llamado Servicio de Ayuda a Domicilio permite combinar el interés de los mayores por seguir permaneciendo en sus casas con la garantía de ser atendidos cuando sobreviene la necesidad de apoyo y cuidado. Sin embargo, y a pesar de que fue diseñado como un servicio prioritario en la Ley de Dependencia, su desarrollo se ha visto afectado por los sucesivos recortes y reformas que ha sufrido la implementación de dicha Ley, por lo que es urgente una reevaluación del mismo. Estos servicios constituyen o deberían constituirse en el principal garante de que las personas serán atendidas cuando sobrevenga la dependencia, independientemente de dónde hayan decidido vivir.

Abellán García, A., A. Ayala García y R. Puyol Rodríguez (2017): «Un perfil de las personas mayores en España, 2017. Indicadores estadísticos básicos», Informes de Envejecimiento en Red, 15.

Camarero, L. (coord.) (2009): La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social, Barcelona: Obra Social ”la Caixa”.

Camarero, L., y R. Sampedro (2016): «Exploring female over-migration in rural Spain – Employment, care giving and mobility», en K. Wiest (ed.): Women and migration in rural Europe: labour markets, representations and policies, Basingstoke (Hampshire) y Nueva York: Palgrave-Macmillan.

Durán, M.A. (2006): «Dependientes y cuidadores: el desafío de los próximos años», Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 60.

Martínez Buján, R. (2014): «Los modelos territoriales de organización social del cuidado a personas mayores en hogares», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 145.

Moreno-Colom, S., C. Recio Cáceres, V. Borràs Català y T. Torns Martín (2016): «Significados e imaginarios de los cuidados de larga duración en España. Una aproximación cualitativa desde los discursos de las cuidadoras», Papeles del CEIC, 145.