En este artículo reflexionamos sobre los cambios habidos en la exclusión social en España entre 2007 y 2013. ¿Siguen manteniéndose los factores que antes de la crisis aumentaban el riesgo de estar en situaciones de exclusión social? ¿Qué dificultades han intensificado más claramente estas situaciones? Defenderemos que, si bien es conocido que las dificultades en el empleo se han disparado, las problemáticas en la vivienda o en la salud son claves para entender el aumento de la exclusión. Asimismo, veremos las causas de que determinados colectivos, como la población más joven, se encuentren actualmente en una situación de desventaja. Factores preventores como la inversión en educación mantienen hoy su incidencia, y otros, como el ser extranjero, siguen multiplicando el riesgo de estar en exclusión.

En los últimos años ha habido una evidente transformación de la naturaleza e intensidad de las necesidades sociales en el contexto español. Ha aumentado claramente el número de personas en situaciones de pobreza y exclusión a la vez que se ha hecho patente la importancia de nuevos perfiles de personas excluidas. Resulta claro que la coyuntura económica en el período de crisis ha contribuido a un endurecimiento de las condiciones de vida de un gran número de hogares en España y ha tenido un gran impacto en los colectivos más vulnerables, en los que muchas familias se enfrentan a grandes dificultades acumuladas para satisfacer sus necesidades más básicas. Analizaremos las modificaciones en la exclusión social en el contexto español en el período comprendido entre 2007 y 2013 prestando especial atención a las dificultades que más han intensificado dicho fenómeno y a su impacto diferencial por grupos sociales.

Pero ¿qué es la exclusión social? Son muchas las ideas que la opinión pública relaciona con la exclusión social, la inmensa mayoría de ellas quizá ligadas a la carencia de ingresos y a las situaciones de extrema necesidad. Sin embargo, al hablar de exclusión social es necesario añadir una perspectiva multidimensional diferenciada del foco en lo económico, característico del indicador de la pobreza. Así, por ejemplo, una mujer anciana que viva sola con una pensión “acomodada” puede no ser pobre pero sí encontrarse excluida por una hipotética situación de aislamiento social que se suma a otros elementos (dependencia, problemas en la vivienda, etcétera). En definitiva, la exclusión social y su medición no pueden circunscribirse a un ámbito exclusivo de la vida, pues se trata de la acumulación de dificultades observables en diferentes indicadores. Estas características dificultan su medición. Tanto es así que se ha venido evidenciando una carencia de herramientas para analizarla desde una perspectiva cuantitativa. 

Sin embargo, estudios como los de Rodríguez Cabrero et al. (2004) o Sanzo (2009) muestran los avances en las propuestas en el caso español. En el ámbito europeo y vinculado a los objetivos de la estrategia Europa 2020, ha tomado fuerza el indicador AROPE, que mide la población en riesgo de pobreza o exclusión social: la que se encuentra en riesgo de pobreza después de transferencias sociales, en situaciones de carencia material severa o viviendo en hogares con muy baja intensidad laboral. Sin embargo, poner el foco de atención únicamente en tres situaciones implica dejar de lado elementos clave para entender la exclusión social, entre otros, las relaciones sociales o el acceso a los servicios públicos.  

Con el fin de cubrir este hueco en la investigación social, el sistema de medición de la exclusión social utilizado en las encuestas FOESSA y en los informes de situación social de la citada fundación (Lorenzo, 2014; Laparra, 2014), a los que recurriremos en este análisis, concreta esa visión multidimensional de la exclusión social en tres ejes: el nivel económico (empleo, pobreza económica, privación), la participación social (aislamiento, falta de apoyos, conflictividad social, etc.) y el eje político (limitaciones en el acceso a los sistemas de protección social o a la ciudadanía política). La idea central del análisis se traduce en el Índice Sintético de Exclusión Social (ISES), creado a partir de 35 indicadores ligados a los tres ejes anteriormente citados (véase la tabla 1). Ello supone una importante apertura del foco de atención respecto del anteriormente mencionado indicador AROPE y hace más compleja la aproximación multidimensional a la exclusión social.

Este cálculo permite, además, detectar la acumulación de problemáticas y ubicar a las personas y los hogares en diferentes estratos, que van desde la exclusión social severa a la integración plena. Se considera que los hogares cuyo Índice Sintético de Exclusión es mayor que 4 se encuentran en situaciones de exclusión social severa, como se puede observar en la tabla 2. El sistema facilita también la obtención de tasas de exclusión social (% de población afectada), elemento clave para medir el impacto diferencial de la crisis. 

Es conocido que la crisis ha supuesto una importante pérdida de puestos de trabajo y consecuentemente se han disparado las tasas de desempleo. Sin embargo, el desempleo no siempre se traduce en situaciones de exclusión social. Sus efectos pueden verse compensados por el apoyo familiar y los mecanismos de protección públicos (Pérez-Eransus, 2010; Gallie y Paugam, 2000). Por ello es necesario el análisis de la concentración del desempleo en los hogares. Desde esta perspectiva podemos afirmar, como se observa en el gráfico 1, que se ha producido un grave aumento de los hogares cuyo sustentador principal está en paro y del desempleo total familiar, lo que pone de manifiesto, sin duda, una de las caras más crudas de la exclusión del empleo.

Estos datos explican en buena parte el evidente incremento de la exclusión del empleo entre los años 2007 y 2013 que se observa en el gráfico 2. No obstante, la lectura del gráfico nos muestra también un importante aumento de las dificultades en la vivienda y en la salud. De hecho, estos dos ámbitos, junto con el del empleo, son los que más claramente han intensificado el aumento de la exclusión social. 

En relación con la salud, valga de ejemplo el aumento de personas y de hogares que han dejado de comprar medicinas para seguir tratamientos o dietas por problemas económicos. Si en el año 2007 el 5,6% de los hogares españoles se encontraban en esta situación, en 2013 la cifra había ascendido hasta el 13,3%.

En contraste, el aislamiento social se ha reducido y la conflictividad social no ha experimentado un gran deterioro. Aunque, como han constatado Laparra y Pérez-Eransus (2012) entre otros, las redes familiares han venido mostrando síntomas de agotamiento con la prolongación de la crisis, parece también claro que los apoyos y los lazos cercanos se han reforzado como estrategia de supervivencia. Quizá esta cara, la del potencial del capital social, sea la faceta menos conocida de los efectos de la crisis.

Una vez analizada la evolución de los ejes fundamentales de la exclusión social cabe preguntarse cómo afecta este fenómeno a los diferentes grupos de personas. La exclusión social muestra un impacto diferencial. Es más, la crisis ha supuesto un cambio en la relación de determinados factores como la edad y la exclusión social.

El gráfico 3 explica la tasa de exclusión social para diferentes grupos de edad. A partir de la observación de que, en 2013, a menor edad, mayor es el riesgo de vivir en exclusión social, deberíamos reflexionar no solo sobre el riesgo de pérdida de capital humano que supone la concentración de la exclusión social en las generaciones más jóvenes, sino también sobre las consecuencias de la transmisión intergeneracional de la exclusión. 

Hay que señalar que esta situación resulta relativamente novedosa en el contexto español: en el período anterior a la crisis, las tasas de exclusión social mostraban una distribución muy diferente, siendo el porcentaje correspondiente a las personas mayores de 65 años del 20,2%, 4,4 puntos más alto que el correspondiente a la población más joven.

Durante estos años de crisis, la tasa de exclusión se ha duplicado entre los más jóvenes, mientras que las personas mayores, jubiladas en su mayor parte, son las que mejor han aguantado los embates de la crisis. El impacto del desempleo en las personas con trayectorias laborales cortas, sumado a los costes de acceso a la vivienda y a las limitaciones de la protección social frente al desempleo explican el aumento de las cifras entre la población más joven. 

Por otro lado, para entender la situación de la población de mayor edad debemos señalar que, en muchos casos, las pensiones de jubilación han sido la tabla de salvación de los hogares y un elemento de evidente protección ante los efectos exclusógenos del desempleo y la precariedad. Ello se suma a la extendida situación de la vivienda pagada en propiedad entre el colectivo de personas mayores, que ha sido, sin duda, un elemento de amortiguación de los efectos sociales de la crisis. 

La tasa de exclusión en función del nivel educativo mostrada en el gráfico 4 transmite una idea clara: la inversión en educación supone un factor preventivo ante el riesgo de sufrir situaciones de exclusión social. Son las personas con niveles educativos altos las que muestran unas menores tasas de exclusión social.

Asimismo, el gráfico evidencia claramente cómo las tasas crecen a medida que desciende el nivel educativo, datos que refuerzan la idea de la educación como elemento clave en la movilidad social ascendente, analizada por autores como Requena (2016).

En el año 2007 eran también las personas con niveles educativos bajos las que tenían unas tasas de exclusión mayores. Sin embargo, debido a las muchas limitaciones de nuestro modelo de integración, la llegada de la crisis intensificó las situaciones de dificultad de los colectivos vulnerables. Así, las situaciones de exclusión social severa se han multiplicado por 2,4 entre la población con los niveles educativos más bajos.

Las tasas de exclusión social recogidas entre la población extranjera resultan, sin duda, preocupantes y son consecuencia de la interacción de varios factores: el modelo de integración español anterior a la crisis estaba asentado en un mercado de trabajo con demanda de empleo en las posiciones bajas de la escala ocupacional. Ello se combinó con facilidades de acceso a sistemas universalistas como el sanitario, con la atención específica de los servicios sociales y con un proceso rápido de reagrupaciones familiares (Laparra y Zugasti, 2015). Sin embargo, como señalan Izquierdo y León (2008), era también un modelo de integración con una alta proporción de población inmigrante vulnerable, contratada temporalmente en tareas poco valoradas. Estos puestos han sido los primeros en ser destruidos. 

La crisis y sus consecuencias han puesto en cuestión los avances en cuanto a integración conseguidos en los años anteriores por la población extranjera. Ello queda reflejado en el gráfico 5, que muestra la incidencia de la exclusión social por nacionalidad.

El 52,7% de la población extranjera se encontraba en 2013 en situaciones de exclusión social. Esta tasa es más del doble de la correspondiente a la población española o de la Unión Europea-15, que se sitúa en el 22,4%. Es más, la comparación entre las encuestas de 2007, 2009 y 2013 indica que la cifra correspondiente a la población extranjera se ha multiplicado por 2,5, mientras que la correspondiente al resto de la población lo ha hecho por 1,4. 

Presentamos por último un análisis del impacto diferencial de la crisis según tipos de hogares: sustentados por mujeres, sustentados por hombres, monoparentales y con menores. Hemos incluido en el gráfico 6 la información relacionada con la evolución de las tasas de exclusión en cada una de estas situaciones.

Es necesario señalar que en el plano individual los datos reflejan una reducción de las diferencias entre hombres y mujeres en las tasas de exclusión. Así, en el año 2007, el 16,8% de las mujeres se encontraban excluidas, cifra 1,2 puntos mayor que la correspondiente a los varones. En contraste, en el año 2013, la tasa de exclusión de las mujeres se sitúa en el 25,2%, dato similar al de los varones (25%). Estos datos podrían indicar que la crisis ha impactado más en la población masculina; pero si observamos el gráfico 6, veremos que los hogares que están encabezados por mujeres muestran, a lo largo de todo el período analizado, unas tasas de exclusión social mayores que las registradas entre los hogares sustentados por varones. Es decir, los hogares encabezados por mujeres deben hacer frente a un riesgo más alto de vivir situaciones de exclusión.

Por otra parte, hay que destacar la situación de los hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres, y la de los hogares con menores. Estos tipos de hogares presentan unas tasas de exclusión social muy superiores a la media de los hogares españoles: 8,1 puntos superiores a la media para los hogares monoparentales y 10,3 puntos superiores a la media para los hogares con menores. Además, el empeoramiento de los hogares monoparentales es el mayor de entre todas las tipologías de hogares analizadas.

El análisis realizado recoge la evolución de la exclusión social en España entre 2007 y 2013, y refleja el importante riesgo de fractura social al que nos enfrentamos como consecuencia de una crisis que no solamente ha aumentado el número de personas en situaciones de exclusión social y de exclusión social severa, sino que ha tenido un impacto diferencial en nuestra sociedad. En primer lugar, el número de personas en diferentes situaciones de exclusión social ha pasado de 7,3 millones en 2007 a 11,7 millones en 2013. En segundo lugar, ha hecho más vulnerables a colectivos que partían de una situación de desventaja: la población extranjera o las personas de bajo nivel educativo. Aunque el mayor impacto de la exclusión social en estos colectivos no es una cuestión nueva ni derivada de la crisis, ahora la relación es más estrecha.

Paralelamente ha aumentado la brecha generacional. La exclusión social entre las personas más jóvenes ha crecido en mayor medida que en otros grupos de edad. Asimismo, se han puesto de manifiesto las dificultades a las que deben hacer frente los hogares monoparentales y los hogares con menores, entre otros.

Más allá del debate de la salida de la crisis, es necesaria una reflexión sobre la traslación del crecimiento económico a los grupos más vulnerables como elemento fundamental para favorecer la cohesión social. Invertir en este campo supone, sin duda, una cuestión de justicia social. Los que peor están deber ser los primeros en ser atendidos. La intensidad de las transformaciones requiere una adecuada respuesta de las políticas sociales que ponga el acento en las desigualdades que se han generado. 

Nerea Zugasti, Profesora del Departamento de Trabajo Social

Universidad Pública de Navarra

Gallie, D., y S. Paugam (2000): Welfare regimes and the experience of unemployment in Europe, Oxford: Oxford University Press.

Izquierdo, A., y S. León (2008): «La inmigración hacia dentro: argumentos sobre la necesidad de coordinación de las políticas de inmigración en un Estado multinivel», Política y Sociedad, 45(1).

Laparra, M. (coord.) (2014): «La fractura social se ensancha: la intensificación de los procesos de exclusión en España durante 7 años», en F. Lorenzo Gilsanz (coord.): VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, Madrid: Fundación FOESSA.

Laparra, M., y B. Pérez-Eransus (coords.) (2012): Crisis y fractura social en Europa: causas y efectos en España, Barcelona: Obra Social “la Caixa”.

Laparra, M., y N. Zugasti (2015): «La integración social de la población inmigrante: luces y sombras del modelo español», en C. Torres Albero (dir.): España 2015: situación social, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Lorenzo Gilsanz, F. (coord.) (2014): VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, Madrid: Fundación FOESSA.

Pérez-Eransus, B. (2010): «Articulación de los procesos de pobreza económica y exclusión social tras la crisis», en M. Laparra y B. Pérez-Eransus (coords.): El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España, Madrid: Fundación FOESSA.

Requena, M. (2016): «El ascensor social. ¿Hasta qué punto una mejor educación garantiza una mejor posición social?», Observatorio Social de “la Caixa”.

Rodríguez Cabrero, G., M. Pérez-Yruela y M. Trujillo (2004): Pobreza y exclusión social en el principado de Asturias, Madrid: Politeya.

Sanzo, L. (2009): 25 años de estudio de la pobreza en Euskadi (1984-2008), Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.