A principios del siglo XXI, los jueces de los juzgados de primera instancia en España concedían aproximadamente el 80 % de órdenes de protección solicitadas por víctimas de violencia de género, y solo algunos de los más de 1.000 jueces que veían estos casos otorgaban órdenes significativamente por encima o por debajo de este promedio. Así pues, en este ámbito del derecho las diferencias en las decisiones de los jueces (desigualdad judicial) eran raras. Sin embargo, en quince años esta desigualdad se ha duplicado.

El gran factor que ha modelado el cambio en la estructura de la justicia española en las dos últimas décadas es la constante feminización de la magistratura. Mientras en 1980 las mujeres solo representaban una minúscula parte del poder judicial, ahora representan más del 70 % de los jueces de los tribunales inferiores españoles. El crecimiento de la desigualdad judicial podría explicarse porque los jueces y las juezas juzgan de forma distinta, y las mujeres aprueban un porcentaje superior de órdenes de protección. Aun así, las cifras oficiales muestran que, durante este período, el porcentaje de aprobación de estas órdenes en España ha disminuido en cinco puntos.

Esta es la principal paradoja que pretende abordar el presente artículo: si los jueces y las juezas de los tribunales inferiores actúan de forma diferente, de qué manera lo hacen y cómo estas diferencias interactúan con los factores institucionales para modelar la desigualdad en España.

Existe un gran volumen de pruebas empíricas que muestran que los hechos y fundamentos de derecho de los casos son solo uno de los factores que influyen en las decisiones judiciales (Dyevre, 2010). Igual que los médicos, los bomberos o los pilotos, los jueces pueden ser considerados profesionales expertos en tomar decisiones, y estas decisiones dependen de determinados incentivos y restricciones (Epstein et al., 2013). Entre los incentivos se encuentran el amor genuino por el trabajo, la seguridad laboral, la promoción, el prestigio social o el fomento de intereses de grupo relacionados con la etnia, la clase o el género. Estos factores basados en la identidad son especialmente relevantes cuando se tratan casos en los que dichos factores destacan, situaciones en las que los jueces tienden a decidir en favor de los demandantes que coinciden con su propia identidad (Segal, 2000; Boyd et al., 2010; Boyd, 2016).

Así, a la hora de decidir sobre casos de violencia de género (VG), las acciones de los jueces están modeladas por dos factores distintos. En primer lugar, la ley española define la violencia de género  como “violencia dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres”, lo que significa que los tribunales distinguen la violencia de género de los casos generales de violencia doméstica. Por lo tanto, en los casos de VG, lo que está en juego queda bien definido en relación con el género: los demandantes siempre son mujeres que alegan su derecho a la seguridad, y los acusados siempre son hombres que alegan su derecho a moverse libremente; por tanto, el género podría funcionar como un mecanismo basado en la identidad que influye en las decisiones del juez.

En segundo lugar, respecto a los costes, las decisiones judiciales suelen estar restringidas por la incertidumbre que rodea al problema en cuestión y por los costes de información de tomar buenas decisiones. Como expertos, los jueces se convierten en mejores profesionales a la hora de tomar decisiones mediante la identificación de patrones de sucesos en las decisiones pasadas que pueden utilizarse como referencias para tomar futuras decisiones mejores y más eficaces (Vallbé, 2015). Así, a medida que aprenden de la experiencia, los jueces necesitan menos tiempo para recoger información sobre nuevos casos. Con todo, las decisiones de calidad requieren tiempo, y los jueces deben tomar gran número de decisiones rápidas, en parte porque normalmente deben atender varios casos a la vez, y cada uno requiere juicios rápidos y paralelos. Pero lo más importante es que, en los casos en los que están en juego los derechos fundamentales —la seguridad de las víctimas y la libertad de movimiento de los acusados—, la ley obliga a los tribunales a acelerar los procedimientos para evitar daños innecesarios a los derechos de los actores implicados. En este sentido, cuando los jueces deben atender un gran número de casos (es decir, una gran carga de trabajo), suelen recurrir a atajos cognitivos o heurísticos que les ayuden a tomar decisiones más rápidas y evitar costes de información (Gigerenzer y Engel, 2006; Vallbé et al., 2019). Aún más, llevar una gran cantidad de casos también hace que los jueces sean menos creativos al tomar decisiones (Epstein et al., 2013) y, como promedio, da lugar a peores resultados judiciales para los demandantes (Engel y Weinshall, 2020). En este sentido, mientras la experiencia ayuda a los jueces a ser mejores en la toma de decisiones, un exceso de casos perjudica gravemente la calidad de sus decisiones.

Para valorar los efectos de estos factores en los casos de violencia de pareja, hemos analizado las decisiones de tribunales inferiores sobre peticiones de órdenes de protección presentadas a los juzgados de guardia por víctimas de VG. Una orden de protección se considera normalmente como medida cautelar de un procedimiento contra un presunto maltratador de VG y ordena al demandado(maltratador presunto o confirmado) que se mantenga a una cierta distancia de la víctima. En España, las solicitudes de órdenes de protección suelen ser vistas por jueces de primera instancia, sea durante el horario ordinario o durante el serivio de juzgado de guardia. Si las solicitudes se presentan al juzgado dentro del horario ordinario, serán vistas por jueces que tienen competencia exclusiva para ver casos de VG. Si un caso de VG se presenta al tribunal fuera del horario laboral, un juez de guardia procesará el caso entrante y decidirá sobre la petición de orden de protección. Por naturaleza, las peticiones vistas por los juzgados de guardia se refieren a casos críticos y esto explica que, en España, en estos juzgados de guardia se aprueban un 10 puntos porcentuales más de órdenes de alejamiento que en juzgados ordinarios. Como los jueces de un mismo partido judicial están de guardia según un sistema de rotación aleatorio, nos centramos en los casos de VG vistos por juzgados de guardia, porque la asignación de casos de VG a los jueces de guardia es prácticamente aleatoria, lo cual es necesario a la hora de valorar efectos causales (Angrist y Pischke, 2014).

Nuestra base de datos contiene 44.335 decisiones sobre todas las órdenes de protección de casos de VG decididos por 1.063 juzgados de guardia de primera instancia e instrucción, durante el periodo comprendido entre 2011 y 2018. Esta base de datos es el resultado de procesar grandes cantidades de datos públicos oficiales ya existentes. Para cada decisión, disponemos de información sobre la ubicación del juzgado, la carga de trabajo del juzgado, el género del juez, el grado de experiencia del juez y si se dictó orden de alejamiento o no. Por una cuestión de protección de datos, no disponemos de información sobre los hechos de cada caso. Esto puede ser un reto para nuestro análisis porque determinadas circunstancias de los casos (p. ej., el alcance de la violencia física que se utiliza contra la víctima) pueden influir seriamente en las decisiones de los jueces. No obstante, el sistema de rotación aleatoria para asignar casos a los jueces de guardia significa precisamente que los casos se asignan a los jueces sin tener en cuenta los hechos y, por tanto, minimiza el peligro de un sesgo de selección.

Las peticiones de órdenes de protección fueron vistas por 1.528 jueces, de los que un 63 % eran mujeres y el 37 %, hombres. Como promedio, cada juez vio 13 peticiones al año, aunque el volumen de casos anuales varía significativamente según el juzgado. Además, el promedio de experiencia de nuestros jueces es de 12 años en magistratura, aunque la variación también es habitual en este sentido. Debido a su incorporación posterior en la magistratura, las juezas tienden a tener algo menos de experiencia y a afrontar un volumen de casos ligeramente inferior al de los jueces.

Los resultados que se presentan en el gráfico 1 muestran que cuando se solicitan órdenes de protección a juezas, la probabilidad de que se otorguen aumenta si se compara con la de los jueces. Aunque el efecto persiste incluso teniendo en cuenta la carga de trabajo y la experiencia profesional, este es mínimo.

Los datos presentados sugieren que el género por sí solo explica parcialmente las decisiones que se toman, porque su efecto está muy condicionado por los costes de información y por la incertidumbre. Por un lado, los resultados muestran que el número de casos que manejan los jueces es decisivo para las decisiones sobre los casos de VG. Teniendo en cuenta el género, la probabilidad de que los jueces con una baja carga de trabajo (5 casos de VG al año) aprueben una orden de protección es aproximadamente del 82% , mientras esta probabilidad disminuye al 74% cuando el volumen de casos es algo más alto (15 casos) y llega al 69% con un volumen elevado de casos (50 casos al año). Esto sugiere que, a medida que aumentan los costes de información, los jueces tienden a favorecer el derecho de los acusados a moverse libremente sobre el derecho de las víctimas a ser protegidas, y así, las víctimas de VG tienen menos probabilidad de que aprueben su solicitud.

En cambio, a medida que los jueces adquieren experiencia, el porcentaje de aprobación de órdenes de protección puede aumentar hasta 10 puntos. Sin embargo, el dato más interesante es que el efecto de la experiencia es más acusado en las juezas que en los jueces (gráfico 2): el modelo predice que la diferencia de porcentajes de aprobación en los jueces jóvenes y los mayores es de tan solo 4 puntos, mientras que la diferencia entre las juezas llega a los 15 puntos.

Finalmente, el distinto efecto de las restricciones sobre las decisiones de jueces y juezas también aparece cuando incluimos los tres principales factores estudiados en un único modelo. Nuestro objetivo aquí es comprobar si el diferente comportamiento de jueces y juezas en cuanto a la experiencia profesional también se observa con distintos grados de carga de trabajo, y el gráfico 3 muestra que no es así. La primera parte del gráfico muestra que cuando tanto jueces como juezas tienen pocos casos, el efecto de la experiencia es positivo en unos y otras. Sin embargo, las otras dos muestran que a medida que los jueces se enfrentan a un número de casos mayor, el efecto de la experiencia es marcadamente diferente en el caso de los jueces y las juezas hasta el punto de que solo es positivo en estas últimas.

El análisis empírico del comportamiento judicial en los casos de VG en España conduce a cuatro conclusiones principales. Primero, el género por sí solo no es suficiente para explicar las grandes diferencias entre jueces y juezas en sus decisiones sobre la VG. La segunda conclusión es que la carga de trabajo es un determinante importante del comportamiento judicial hasta el punto de que reduce de forma significativa la probabilidad de los jueces de aprobar órdenes de protección para proteger a las víctimas. Tercera, nuestros hallazgos muestran que, a medida que los jueces adquieren experiencia, tienden a aprobar órdenes de protección en una proporción mayor. Finalmente, también hemos observado que los efectos interactivos de la carga de trabajo y de la experiencia profesional dependen del género del juez. Los resultados indican que la experiencia profesional tiene efectos positivos en las juezas al margen de la carga de trabajo, pero cuando los jueces hombres tienen una carga de trabajomás elevada, los efectos positivos de la experiencia profesional desaparecen. Por lo tanto, cuando se trata de casos de VG, el género de los jueces es fundamental tanto para los jueces como para las juezas, e interactúa con otros factores.

Las principales fuentes judiciales de desigualdad para las víctimas de VG son endógenas y exógenas. Por un lado, el género del juez es importante cuando se trata de casos en los que están en juego los derechos fundamentales, y sistemáticamente las juezas están más dispuestas a proteger a las víctimas que los jueces. Este efecto se intensifica a medida que los jueces se vuelven expertos en tomar decisiones gracias a la experiencia adquirida. Por el otro, un factor exógeno como la carga de trabajo modela las condiciones bajo las que los jueces toman las decisiones hasta el punto de reducir sistemáticamente las probabilidades de que a las víctimas de VG se les concedan órdenes de protección. Como las decisiones judiciales desiguales sobre los casos de VG tienen consecuencias decisivas sobre la vida diaria de millones de mujeres en España, pueden tener un impacto en la legitimidad y la imparcialidad generales del sistema judicial.

Artículo basado en el proyecto dirigido por Joan-Josep Vallbé “The Political Economy of Gender and Inequality in the Spanish Judiciary”, que recibió una subvención del Observatorio social de la Fundación ”la Caixa” con el código LCF/PR/SR19/52540006, GENEQUAL.

ANGRIST, J. D. y J.-S. PISCHKE (2014): Mastering ‘Metrics: The Path from Cause to Effect, Princeton (NJ): Princeton University Press.

BOYD, CHRISTINA L. (2016): “Representation on the Courts? The Effects of Trial Jueces’ Sex and Race", Political Research Quarterly 69(4). 

BOYD, CHRISTINA, LEE EPSTEIN y ANDREW MARTIN (2010): “Untangling the Causal Effects of Sex on Judging.” American Journal of Political Science, 54.

DYEVRE, ARTHUR (2010): “Unifying the field of comparative judicial politics: towards a general theory of judicial behaviour.” European Political Science Review, 2(2).

ENGEL, CHRISTOPH y KEREN WEINSHALL (2020): “Manna from Heaven for Jueces: Jueces’ Reaction to a Quasi-Random Reduction in Caseload”, Journal of Empirical Legal Studies, 17(4).

EPSTEIN, LEE, WILLIAM M. LANDES y RICHARD A. Posner (2013): The Behavior of Federal Jueces: A Theoretical and Empirical Study of Rational Choice. Harvard University Press. 

GIGERENZER, G y E. ENGEL, eds. (2006): Heuristics and the Law. Cambridge, MA: The MIT Press.

SEGAL, JENNIFER A. (2000): “Representative Decision Making on the Federal Bench: Clinton’s District Court Appointees”, Political Research Quarterly, 53(1).

VALLBÉ, J-J. (2015): Frameworks for Modeling Cognition and Decisions in Institutional Environments. {A} Data-driven Approach. Nº 21 en “Law, Governance and Technology”, Springer.

VALLBÉ, J.-J., M. GONZÁLEZ-BEILFUSS Y BARAK Kalir (2019): “Across the Sloping Meadow Floor: An empirical analysis of pre-removal detention of deportable non-citizens”, Law & Society Review, 53(3).