La responsabilidad de proteger a otras personas es uno de los motores más importantes del comportamiento prosocial y cívico. El sentido de la responsabilidad, en el contexto actual de crisis por la covid-19, puede contribuir a prevenir y reparar algunas de las consecuencias negativas de la pandemia. Las autoridades políticas y sanitarias han insistido en la importancia de la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a cumplir las normas sanitarias, mantener el distanciamiento social o respetar las restricciones de movilidad. En paralelo, y como forma alternativa de hacer frente a las consecuencias de la pandemia, han emergido prácticas autogestionadas y espacios organizados de solidaridad comunitaria.

En este contexto, resulta relevante analizar distintas perspectivas del concepto de responsabilidad. Así, cabe, al menos, distinguir dos tipos de responsabilidad: una de tipo individual (sentirse una persona responsable de sí misma y de las personas allegadas) y una de tipo colectivo (sentirse responsable de la sociedad en general). En el estudio llevado a cabo, sobre el que se basa este artículo, se analizó cómo se manifestaban simultáneamente estas dos formas de responsabilidad y se exploró si de forma diferencial se asociaban a los siguientes aspectos: 1) prácticas preventivas de salud pública, como la higiene y el distanciamiento social; 2) solidaridad y conducta prosocial hacia las demás personas de la comunidad; 3) apoyo a las políticas restrictivas; 4) apoyo a las políticas de protección social, orientadas a amortiguar el impacto económico y social de la crisis, y 5) apoyo a la cooperación internacional.

El sentido de la responsabilidad de una persona depende de si prioriza sus intereses individuales (de su familia y de sus allegados) o los intereses colectivos (ya sean de la comunidad local o global). Los resultados del estudio llevado a cabo indican que ocho de cada diez personas residentes en España se sienten responsables de evitar que ellas mismas o sus seres queridos se contagien (el 82,2% está algo o completamente de acuerdo); menos de la mitad sienten la responsabilidad de prevenir que se contagien otros ciudadanos españoles (46%) y menos de cuatro de cada diez personas se sienten responsables de proteger a las demás personas del mundo (37,4%).

En el contexto de una pandemia causada por un virus altamente contagioso, la difusión y el cumplimiento de buenas prácticas en el ámbito de la salud pública son claves para reducir su transmisión. Llevar mascarilla, lavarse las manos y mantener una distancia interpersonal de dos metros son las conductas preventivas más aplicadas (con un seguimiento del 95,2%, el 80,3% y el 77,8%, respectivamente). La mayoría de las personas encuestadas usan, además, un desinfectante para limpiarse las manos (67,2%). Respecto al período de confinamiento, tres cuartas partes de las personas encuestadas afirman haber salido de casa solamente cuando era necesario (75,7%) y la gran mayoría evitó visitar a sus familiares y amistades (77,8%).

Un porcentaje menor de la ciudadanía participa activamente en la detención de la expansión del virus u ofrece ayuda a las personas que más lo necesitan. Según los datos recabados, cuatro de cada diez personas comparten información sobre medidas preventivas (40,7%), poco más de un tercio de las personas encuestadas ayudan a sus vecinos con sus compras (36,2%) y solo una minoría participa en redes organizadas de cuidados a la comunidad (12,3%).

Muchos países han impuesto distintas medidas para combatir la propagación de la covid-19 que afectan a las libertades individuales y colectivas. Entre estas medidas cabe citar el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios públicos, las restricciones de movilidad, el cierre de centros educativos o de grupos escolares, la suspensión de la actividad socioeconómica no esencial, la prohibición de reuniones masivas y eventos públicos, etc. Este tipo de medidas han sido un foco de debate, también en la sociedad española.          

En cuanto a las medidas de política interior, la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con mantener la obligación de llevar mascarilla, incluso en los espacios abiertos (82,8%); casi tres cuartas partes apoyan la limitación de la movilidad dentro del propio país (72,5%) y siete de cada diez personas aceptan el toque de queda nocturno (69,1%). Sin embargo, casi la mitad de las personas encuestadas están a favor de mantener abiertas todas las actividades comerciales (48%). 

Con respecto a las medidas de política exterior, se expresa mayoritariamente la necesidad de poner en cuarentena a las personas que vengan de países de riesgo (89,4%). Además, seis de cada diez personas están de acuerdo en restringir la entrada a España de personas inmigrantes (60,3%), mientras que cuatro de cada diez apoya la regularización de la situación administrativa de todas las personas inmigrantes ya residentes en el país en el momento en que irrumpió la pandemia (42,4%). En la misma línea, solo un 20% de la sociedad apoya la apertura de las fronteras al turismo internacional.

Numerosos países han introducido políticas sociales para paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Los datos obtenidos sugieren que la sociedad española expresa una gran demanda de este tipo de medidas. Así, se observa un apoyo mayoritario a la necesidad de proporcionar asistencia social a las personas mayores o dependientes (92,1%) y a las personas sin hogar (89,5%); también reciben un amplio respaldo acciones como ofrecer vales de comida a la población más necesitada (87,4%). Se priorizan, además, los subsidios para cubrir jornadas de trabajo reducidas por la pandemia (78,1%) u otros subsidios salariales, así como las ayudas para pagar el alquiler (77,9%). Cabe destacar que, aparte de estas acciones de protección social de carácter más inmediato, la ciudadanía está de acuerdo con otras medidas más estructurales, como la renta básica universal (64,2%) o una tributación mayor para las personas con ingresos más altos (64,6%).

Entre las posibles medidas para frenar la pandemia, la cooperación internacional cuenta con un gran apoyo por parte de la ciudadanía. Nueve de cada diez personas están de acuerdo con intercambiar información y experiencias con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el resto de países (89,6%), y también apoyan la cooperación global para acelerar el desarrollo de pruebas, tratamientos y vacunas (90,5%). En menor medida, aunque también mayoritariamente, las personas encuestadas se muestran de acuerdo con el apoyo financiero mutuo entre países (85,6%) y con la coordinación de las respuestas políticas entre los estados (80,1%).

La vacunación se ha convertido en un tema principal de debate social. En el momento en que se llevó a cabo el estudio, tres cuartas partes de las personas encuestadas estaban dispuestas a vacunarse en cuanto fuera posible (75,1%) y un porcentaje menor, pero significativo, no lo estaba (12,2%) o no tenía una opinión clara sobre el tema (12,7%). 

La sociedad española muestra, además, una actitud ambivalente respecto a cómo gestionar la administración de las vacunas a escala mundial. La mayor parte de las personas encuestadas albergan dudas sobre si se debe dar prioridad a la ciudadanía europea (39,2%), mientras que el resto de encuestados se divide entre ofrecer esta prioridad (30,8%) o no (30,1%). 
 

En el contexto de la actual pandemia, percibir que la conducta propia implica un riesgo para los demás puede motivar buenas prácticas de salud pública. Los análisis estadísticos del estudio llevado a cabo muestran que la responsabilidad individual (orientada a uno mismo o a los seres queridos) se asocia a conductas individuales preventivas (de higiene y distanciamiento social), así como a un mayor grado de acuerdo con las políticas de protección social, de cooperación global y con medidas restrictivas de política interna y externa (como la movilidad interna limitada o el control fronterizo). La responsabilidad colectiva (orientada tanto al resto de la sociedad española como a la comunidad global) se relaciona con la conducta prosocial de solidaridad comunitaria.

Del diseño del estudio llevado a cabo, sobre el que se basa este artículo, no se pueden inferir mecanismos de causa y efecto. Aun así, los hallazgos sugieren qué tipos de responsabilidad guían a las personas a la hora de hacer frente a la crisis de la covid-19. Los resultados apuntan a que la responsabilidad individual se relacionaría con una buena adhesión a las prácticas de salud pública, mientras que la responsabilidad colectiva podría ayudar a transitar de las acciones individuales a otras en las que la solidaridad y los cuidados comunitarios tengan un mayor peso en la respuesta a la pandemia.

Estas dos formas de responsabilidad podrían orientar los discursos de los políticos, periodistas y profesionales de la salud, entre otros, para promover prácticas preventivas y el apoyo a políticas orientadas a combatir de la forma más integral posible la pandemia de la covid-19. 
 

En enero del 2021 se realizó un estudio basado en una muestra representativa de la población española. Se encuestó a 2.004 personas de entre 18 y 65 años (52% de mujeres y 48% de hombres). Los datos se recogieron mediante un cuestionario en línea, que se puede consultar en la página del proyecto. Es importante destacar que, aunque la encuesta se llevó a cabo en enero del 2021, las preguntas acerca del grado de aplicación de ciertas conductas se referían a todo el período de pandemia.

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