Los datos estadísticos de la Unión Europea sobre ingresos y condiciones de vida (EU-SILC) muestran que, en dos contextos económicos muy diferentes (2012, en plena crisis, y 2016, en la fase de recuperación), concentrar las transferencias sociales en la infancia es más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de la renta.

La reducción de la pobreza infantil constituye uno de los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades para conseguir mayores niveles de integración, cohesión y eficiencia económica, presente y futura. Las carencias que se sufren en la infancia tienen consecuencias que van más allá de esta etapa de la vida: los niños que crecen en hogares pobres muestran peores resultados académicos y, posteriormente, menores niveles de renta y peor salud que los niños que crecen en hogares sin estrecheces económicas. En última instancia, la pobreza infantil implica que la desigualdad se mantenga y resulta ineficiente económicamente para el conjunto de la sociedad.

Se considera que un niño está en riesgo de pobreza cuando vive en un hogar cuya renta, una vez tenidas en cuenta las transferencias sociales, está por debajo del 60% de la renta mediana del país. Utilizando este criterio, en el año 2017 el 28,3% de los menores españoles y el 20,7% de los portugueses se encontraban en riesgo de pobreza  (Eurostat, 2017). Para España, esta cifra supone un incremento de un punto porcentual respecto al año 2008, previo a la crisis económica. En contraste, en Portugal el riesgo de pobreza infantil ha descendido algo más de dos puntos respecto al registrado en 2008 (gráfico 1).

Aunque la evolución del riesgo de pobreza desde 2008 ha sido similar en ambos países, con un pico en 2014 seguido de una paulatina re­ducción hasta 2017, en el caso de España el crecimiento de la pobreza infantil durante la crisis fue más pronunciado y su posterior reducción está siendo menor.

El riesgo de pobreza infantil se ha vinculado al nivel de desempleo, ya que los menores viven predominantemente en hogares en los que los ingresos se obtienen del trabajo. Sin embargo, es destacable que, pese a la mejora en el empleo a consecuencia de la recuperación económica, el riesgo de pobreza infantil sigue por encima de los niveles previos a la crisis. Este hecho sugiere que, para entender el fenómeno de la pobreza infantil, más que la tasa de desempleo en sí misma, debemos tener en cuenta otros aspectos del mercado laboral, como el número de horas trabajadas o el salario medio.

En cualquier caso, una de las principales vías que tienen los Estados para aliviar las situaciones de pobreza en general y la infantil en parti­cular son las transferencias sociales.

Para entender el impacto de las transferencias sociales en la pobreza infantil es importante tener en cuenta tanto el total del gasto realizado como la distribución del gasto por tipo (cuyo destino sea la infancia, la jubilación, el desempleo, la supervivencia, la exclusión social, etc.) y su carácter más o menos condicionado al nivel de renta de los receptores.

En España, el gasto total en transferencias en metálico (desempleo, ju­bilación, supervivencia, enfermedad, invalidez, ayudas al estudio, ayuda por familia e hijos, exclusión social, ayuda para vivienda) se situó en 2016 por debajo de la media europea: 1,3 puntos porcentuales menos (gráfico 2); no obstante, la brecha respecto a la UE ha disminuido desde el año 2008, fundamentalmente como consecuencia del incremento en el gasto en prestaciones y subsidios por desempleo.

España y Portugal, ambos con un gasto en materia de familia e infan­cia muy inferior a la media europea, son dos de los países europeos que menos reducen la tasa de riesgo de pobreza infantil mediante las trans­ferencias (gráfico 3). Dichas reducciones fueron mayores en 2012 que en 2016, lo que refleja la especial importancia del efecto amortiguador de las transferencias durante la grave recesión experimentada por ambos países.

Los países europeos que más reducen el riesgo de pobreza infantil gracias a las transferencias sociales son Austria, Dinamarca, Suecia y Alemania. A diferencia de España y Portugal, se trata de países con elevados niveles de gasto social y con sistemas de protección a la infancia basados en transferencias universales. Este tipo de transferencias, como la prestación por hijo de Suecia, son un derecho subjetivo de toda la población por el hecho de tener un hijo o menor a cargo y se es beneficiario de ella independientemente de la renta individual o familiar. En general, las cuantías de estos sistemas universales suelen ser más generosas que las de los condicionados a la renta y, al beneficiarse de ellos una población más amplia, concitan un considerable apoyo social y, por tanto, tienen menos riesgo de sufrir recortes en épocas de austeridad.

En cualquier caso, el gasto de España y Portugal en materia de familia e infancia es muy inferior a la media europea. A pesar de un ligero re­punte tras los peores años de la crisis, en Portugal la inversión en este capítulo representa el 0,8% del PIB, con un ligero repunte tras los peores años de la crisis, apenas la mitad de inversión que la media europea. En cuanto a España, la inversión en este capítulo es aún menor: en torno al 0,5% del PIB, el porcentaje más bajo de la Unión Europea.

En términos relativos en cuanto al total de las transferencias, España se sitúa entre los cinco países europeos en los que las transferencias destinadas a la infancia suponen un menor porcentaje (gráfico 4): apenas el 3,3% del total en el año 2016, frente al 9% de la media europea. Como consecuencia de la crisis, el porcentaje de transferencias destinadas a las familias y la infancia respecto al total se redujo en 2012, repuntando posteriormente hacia 2016. En Portugal, el porcentaje fue del 4,5% tanto en 2012 como en 2016. Esto pone de manifiesto dos hechos: por una parte, que no se ha apostado por una robusta política de transferencias familiares y de infancia, ni en bonanza ni en tiempos de crisis. Por otra, que esas transferencias responden peor que otras a las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica, en particular las transferencias por desempleo. Es decir, mientras que las transferencias por desempleo se incrementan enormemente y de manera automática en momentos de crisis, no sucede lo mismo con las transferencias a la familia y la infancia, cuya respuesta a la coyuntura económica es mucho menor y tardía, al ser concedidas sobre la base de los ingresos del año anterior.

En este contexto de limitación de recursos, es muy importante saber a quién destinarlos y cómo es más eficaz invertirlos. En este sentido, Bár­cena-Martín et al. (2018) han evaluado el impacto de las transferencias familiares de manera más pormenorizada a partir de los datos sobre ingresos y condiciones de vida de la Unión Europea (EU-SILC). Su aná­lisis no deja lugar a dudas: concentrar las transferencias sociales en la infancia es más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de la renta.

Ambas orientaciones reducen la tasa de riesgo de pobreza infantil, pero las transferencias condicionadas a la renta lo hacen en menor medida. En concreto, si redistribuimos las transferencias sociales incrementando un punto porcentual el gasto en transferencias exclusivamente condicionadas a la renta, la probabilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza cae entre un 2 y un 2,3%. En cambio, si incrementamos ese mismo punto porcentual en el gasto destinado a la infancia, esa misma probabilidad disminuye entre un 5,7% y 6,5%, es decir, aproximadamente tres veces más. Estas diferencias se mantienen tanto en 2012 como en 2016.

No obstante, las variaciones temporales sí son importantes cuando se tiene en cuenta el empleo. Así, se observa que en 2012 el nivel de empleo de un país estaba en buena medida relacionado con el riesgo de pobreza infantil. En contraste, en 2016 la situación del empleo por sí misma deja de ser un aspecto explicativo fundamental de la pobreza infantil. Esta diferencia indica que, en contextos de precariedad laboral y altas cotas de temporalidad y trabajo a tiempo parcial como los que caracterizan a numerosos países europeos en la actualidad, el empleo en el hogar y la pobreza infantil no parecen mantener una fuerte correspondencia. Es decir, lo importante no es tanto si se trabaja o no, sino cuánto se trabaja y en qué condiciones.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta la limitación de este análi­sis al no considerar otras variables como las ayudas fiscales a través de ahorros impositivos a la infancia, que en el caso de España existen y de ellas se benefician especialmente las clases medias.

La pobreza infantil es un problema que, en países como España y Portu­gal, trasciende el ciclo económico. Las tasas de riesgo de pobreza infantil antes de la crisis económica eran altas en estos dos países, se agravaron durante la misma y aún hoy no se han alcanzado los niveles previos a la crisis. La evidencia sugiere que las transferencias centradas en la infancia constituyen una mejor opción de política pública para combatir la pobre­za infantil que las transferencias genéricas condicionadas a la renta.

BÁRCENA-MARTÍN, E., M.C. BLANCO-ARANA y S. PÉREZ-MORENO (2018): «Social transfers and child poverty in European countries: propoor targeting or pro-child targeting?», Journal of Social Policy, 47(4).

EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database.

EU-SILC longitudinal UDB (2012), versión agosto 2015, Bruselas: Eurostat.

EU-SILC longitudinal UDB (2016), versión noviembre 2018, Bruselas: Eurostat