Para entender el impacto de las transferencias sociales en la pobreza infantil es importante tener en cuenta tanto el total del gasto realizado como la distribución del gasto por tipo (cuyo destino sea la infancia, la jubilación, el desempleo, la supervivencia, la exclusión social, etc.) y su carácter más o menos condicionado al nivel de renta de los receptores.
En España, el gasto total en transferencias en metálico (desempleo, jubilación, supervivencia, enfermedad, invalidez, ayudas al estudio, ayuda por familia e hijos, exclusión social, ayuda para vivienda) se situó en 2016 por debajo de la media europea: 1,3 puntos porcentuales menos (gráfico 2); no obstante, la brecha respecto a la UE ha disminuido desde el año 2008, fundamentalmente como consecuencia del incremento en el gasto en prestaciones y subsidios por desempleo.
España y Portugal, ambos con un gasto en materia de familia e infancia muy inferior a la media europea, son dos de los países europeos que menos reducen la tasa de riesgo de pobreza infantil mediante las transferencias (gráfico 3). Dichas reducciones fueron mayores en 2012 que en 2016, lo que refleja la especial importancia del efecto amortiguador de las transferencias durante la grave recesión experimentada por ambos países.
Los países europeos que más reducen el riesgo de pobreza infantil gracias a las transferencias sociales son Austria, Dinamarca, Suecia y Alemania. A diferencia de España y Portugal, se trata de países con elevados niveles de gasto social y con sistemas de protección a la infancia basados en transferencias universales. Este tipo de transferencias, como la prestación por hijo de Suecia, son un derecho subjetivo de toda la población por el hecho de tener un hijo o menor a cargo y se es beneficiario de ella independientemente de la renta individual o familiar. En general, las cuantías de estos sistemas universales suelen ser más generosas que las de los condicionados a la renta y, al beneficiarse de ellos una población más amplia, concitan un considerable apoyo social y, por tanto, tienen menos riesgo de sufrir recortes en épocas de austeridad.


En cualquier caso, el gasto de España y Portugal en materia de familia e infancia es muy inferior a la media europea. A pesar de un ligero repunte tras los peores años de la crisis, en Portugal la inversión en este capítulo representa el 0,8% del PIB, con un ligero repunte tras los peores años de la crisis, apenas la mitad de inversión que la media europea. En cuanto a España, la inversión en este capítulo es aún menor: en torno al 0,5% del PIB, el porcentaje más bajo de la Unión Europea.