Mediante el estado del bienestar los estados asumen la responsabilidad de proporcionar a sus ciudadanos unos servicios básicos accesibles para todos, independientemente de su renta y riqueza. A fin de garantizar estos servicios, existen una serie de mecanismos redistributivos, entre los cuales se encuentran las transferencias intergeneracionales. En términos estrictamente económicos, el ciclo vital de las personas puede dividirse en tres etapas: la infancia y primera juventud, la edad adulta y la jubilación. Debido a que los individuos solo generan recursos durante su edad adulta, cuando tienen capacidad de trabajar, se requieren mecanismos de reasignación de recursos para poder satisfacer sus necesidades durante la infancia y la jubilación. Para comprender este fenómeno se utiliza el concepto de déficit del ciclo de vida, que se refiere a la dependencia económica de las personas a lo largo de sus vidas. Las personas son económicamente dependientes cuando consumen más recursos de los que producen (medidos por la renta laboral), durante su infancia y su vejez. En cambio, a lo largo de la edad adulta, las personas producen más recursos de los que consumen. Los recursos de más que generan los adultos durante esta etapa se dedican a sufragar las transferencias para la población infantil y las personas mayores o bien al ahorro.

Actualmente, las pensiones constituyen el gasto social más destacado en casi todos los países occidentales, con la salvedad de los anglosajones. El sistema de pensiones garantiza el bienestar mínimo para la población de mayor edad. Pero ¿qué sucede con los niños y jóvenes que, como las personas mayores, no tienen capacidad para obtener recursos por sí mismos?

Pese a la diferencia entre países, generalmente el estado del bienestar distribuye recursos de forma asimétrica y está sesgado hacia las personas mayores. Mientras que el coste de garantizar los recursos necesarios para vivir durante la jubilación se socializa (mediante las transferencias públicas), el coste de la infancia es asumido por parte de las familias (transferencias privadas). Este sesgo monetario se acrecienta todavía más si se tienen en cuenta las transferencias de tiempo que las familias dedican al cuidado y la crianza de sus hijos. El gráfico 1 pone de manifiesto la asimetría de la intervención del sector privado y del sector público por edades, mientras que el gráfico 2 sintetiza la información mostrando el porcentaje de consumo de niños y mayores financiado por el Estado. 

Las estimaciones de las cuentas de transferencias generacionales (National Transfer Accounts, NTA) recogidas en el gráfico 2 muestran un resultado muy relevante: el estado del bienestar, conforme avanza, tiende a enfocarse de un modo creciente a la protección de las personas mayores, dejando a niños y jóvenes principalmente a cargo de sus familias (Patxot et al., 2012; Solé et al., 2020). Según los datos del gráfico, Corea del Sur tiene el estado del bienestar más equilibrado, ya que sus transferencias públicas financian el 28% del consumo tanto de la población infantil como de las personas mayores, aunque en este país el nivel de transferencias públicas es significativamente inferior al de los países europeos. En Suecia, por ejemplo, los mayores reciben transferencias que representan el 93% de su consumo, mientras que los niños solo reciben el 44% de estas. 

En el caso de España, en el gráfico se recoge también el impacto del ciclo económico. La desprotección de niños y jóvenes ─ya considerable─ se ha agravado tras la Gran Recesión: tal y como muestra el gráfico, a partir del 2008 las transferencias recibidas por la población infantil y juvenil se redujeron del 43% de su consumo, en el año 2008, al 35%, en el 2012. Por el contrario, las personas mayores han disfrutado de una mayor protección, pasando del 64% al 67% de su consumo entre los citados años. Esto se debe a que sus ingresos dependen, principalmente, de un sistema de pensiones relativamente estable.

El papel de las transferencias sociales en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos es incuestionable. Tal y como se evidencia en el gráfico 3, el riesgo de pobreza se reduce gracias al gasto social. La crisis económica iniciada en el 2008 puso de manifiesto el sesgo del estado del bienestar, especialmente orientado hacia los mayores de 65 años. Esto conllevó, y todavía tiene en la actualidad, graves consecuencias para algunos países como España. Organismos como la UNICEF y Save the Children destacan que los niños fueron las principales víctimas de la crisis, hasta el punto de que la crisis financiera se convirtió en una crisis para los niños. 

En el año 2015, el riesgo de pobreza en la Unión Europea después de las transferencias sociales era del 21% para los niños (menores de 18 años), frente al riesgo del 14% para las personas mayores (de más de 65 años). Las transferencias reducen el riesgo de pobreza en un 84% en el caso de los mayores, pero solo en un 42% en el de la población infantil.

El proceso de envejecimiento de la población es uno de los grandes retos que deberán afrontar todos los países avanzados, pero de un modo especialmente destacado España y Cataluña. Sus tasas de fecundidad han disminuido significativamente durante las últimas décadas y la esperanza de vida se sitúa entre las más altas del mundo. La fuerte crisis económica iniciada en el 2008 aumentó el riesgo de paro y condujo al estancamiento de los salarios. Asimismo, se han puesto de manifiesto las altas tasas de pobreza generadas por la desprotección de los niños, y se ha mostrado que las transferencias a niños y jóvenes son imprescindibles para garantizar el bienestar de la población y la propia sostenibilidad de los sistemas redistributivos. 

Como se ha visto en el gráfico anterior, que muestra el impacto del proceso de envejecimiento de la población, la tasa de dependencia de las personas mayores ha ido aumentando durante los últimos años, una tendencia al alza que se espera que continúe hasta el 2050 (el período de jubilación de los llamados baby boomers, los nacidos entre los años 1957 y 1977). Estas proyecciones demográficas conducen a prever un fuerte aumento de la necesidad de transferencias públicas a las personas mayores. No obstante, la población en edad de trabajar, que es la que aporta las cotizaciones y gran parte de los impuestos para sufragar las transferencias públicas, no crece al mismo ritmo. Esto generará un problema de financiación, ya que los ingresos de los trabajadores no serán suficientes para financiar las prestaciones de las personas dependientes. La sostenibilidad financiera del modelo vigente, por lo tanto, se reduce.

En cambio, conforme la población envejece, este modelo de pensiones recibe cada vez más apoyo político, y aumenta la resistencia a reformarlo, tal y como se ha visto en las recientes protestas de los colectivos pensionistas. Paradójicamente, mientras que la sostenibilidad financiera se reduce en relación con este aspecto, la sostenibilidad política crece. Adicionalmente, el problema de la sostenibilidad financiera se retroalimenta: en la medida en que el sesgo del estado del bienestar hacia las personas mayores supone un incentivo negativo para tener hijos, se refuerza el proceso de envejecimiento de la población.

Ante este contexto es necesaria una visión integral del estado del bienestar, que contemple las distintas etapas del ciclo de vida y persiga el equilibrio entre las transferencias hacia la población infantil y las destinadas a las personas mayores.   

Los resultados del trabajo sobre el que se basa este artículo son una primera aproximación a esta temática, que deben extenderse con una serie temporal de datos de transferencias intergeneracionales. Adicionalmente, para completar la visión del ciclo vital, deben complementarse estos datos con las estimaciones de las transferencias no monetarias efectuadas en el hogar.

MICHAILIDIS, G., C. PATXOT y M. SOLÉ (2019a): «Do pensions foster education? An empirical perspective», Applied Economics, 51(38): 4127-4150 [DOI: 10.1080/00036846.2019.1588949].

MICHAILIDIS, G. y C. PATXOT (2019b): «Political viability of public pensions and education. An empirical application», Applied Economics Letters: 26(3): 245-249.

PATXOT, C., E. RENTERÍA, M. SÁNCHEZ-ROMERO y G. SOUTO (2012): «Measuring the balance of government intervention on forward and backward family transfers using NTA estimates: the modified Lee arrows», International Tax and Public Finance, 19, 442-461 [DOI: 10.1007/s10797-012-9220-5].

Save the Children (2016): Child Poverty. What drives it and what it means to children across the world, Londres: Save the Children UK.

SOLÉ, M., G. SOUTO, E. RENTERÍA, G. PAPADOMICHELAKIS y C. PATXOT (2020): «Protecting the elderly and children in times of crisis: An analysis based on National Transfer Accounts», The Journal of the Economics of Ageing, 15.

UNICEF (2014): «Children of the Recession: The impact of the economic crisis on child well-being in rich countries», Innocenti Report Card, 12.