1. España se ha convertido en un país cada vez más desigual, donde cada vez hay más ricos, pero, también, más pobres. Esto genera unas dinámicas de polarización que conducen a una sociedad dual que avanza a dos velocidades. Una brecha multidimensional que, a partir de los diferentes indicadores analizados, podemos afirmar que existe, es amplia y tiene distintas implicaciones sociales, económicas e, incluso, políticas, por lo que no obedece simplemente a la mera ausencia de ingresos. 

2. La desigualdad en España es alta, supera a la media europea y, además, tiene un componente estructural. Altos niveles de inequidad de renta y de riqueza, así como serios problemas de igualdad de oportunidades, con un ascensor social que no funciona como debería, dan lugar a una transmisión intergeneracional de la pobreza o, lo que es lo mismo, a que la pobreza se convierta en hereditaria. 

3. La radiografía de la pobreza y la exclusión social en España evidencia un fuerte incremento de personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, que actualmente afecta al 26,1% de la población española, 1,2 millones de personas más que antes de la crisis. 

4. El sistema español presenta una desigualdad en la distribución de renta y riqueza (fundamentalmente por el mercado laboral y un tejido económico con baja productividad y reducido tamaño empresarial). Además, esta desigualdad no se reduce lo suficiente, sobre todo si comparamos con países del entorno europeo, tras la facturación de un modelo de redistribución y de protección social que no está siendo capaz de dar solución a los problemas actuales y deja excluidos a numerosos colectivos sociales. La capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad es menor que en otros países de la eurozona y, por otra parte, el sistema no siempre se dirige a quienes más lo necesitan. 

5. El crecimiento económico por sí mismo no será suficiente para cerrar esta brecha, por lo que es necesario revisar y actualizar los mecanismos existentes e incorporar otros nuevos. Del debate con  doce expertos en la materia se desprenden propuestas de solución concretas, como son la disminución de los gastos fiscales, la descarga de la tributación sobre las rentas del trabajo hacia las rentas del capital, un ingreso mínimo vital, el incremento de las prestaciones dirigidas a los deciles más bajos de la distribución y la mejora de las prestaciones por hijo a cargo, una política industrial moderna e innovadora con aumento de inversión en I+D+i hasta el 3% del PIB, una nueva ley de alquiler de vivienda y un mayor parque de vivienda social, la educación universal infantil o el incremento del gasto en dependencia, entre otras. 

6. Esta brecha nos convierte en una sociedad más vulnerable de cara a afrontar etapas menos positivas del ciclo económico en el futuro inmediato, pero, también, más vulnerable con vistas a abordar los grandes retos de futuro a medio y largo plazo. Cerrar esta brecha en el presente significa invertir en el futuro de la sociedad. 

Cifras clave

En España, la desigualdad es alta, supera a la media europea y, además, presenta un componente estructural. Del análisis de los principales indicadores de desigualdad, como son el índice de Gini, el cociente S80/S20, el indicador P90/P10 o el índice de Palma, se desprende que nuestro país sufre uno de los mayores niveles de desigualdad de renta en Europa. Se demuestra, además, que el crecimiento económico por sí solo no conlleva necesariamente una reducción en los niveles de desigualdad, ni un avance o un progreso en las políticas sociales. 

España se encuentra en el top ten de los países europeos más desiguales y entre los que más se ha incrementado la desigualdad, ya que, en los últimos diez años, el índice de Gini ha crecido 2,2 puntos porcentuales, lo que ha derivado en una sociedad donde los ingresos percibidos por el 20% de los españoles con mayores rentas son seis veces superiores a los alcanzados por el 20% de los españoles con las rentas más bajas. Esta realidad se explica, en gran parte, por las consecuencias de la pasada crisis financiera y económica, así como por las medidas y políticas que se ejecutaron para hacer frente a sus efectos. 

Los datos evidencian que la crisis afectó con mucha mayor intensidad a las clases con rentas más bajas, y durante la recuperación económica estos mismos colectivos de personas, más vulnerables, fueron los menos beneficiados. De acuerdo con la OCDE, entre los años 2007 y 2014, la renta media española cayó un 9% de promedio, pero si se analiza cómo se distribuyó esta caída entre los distintos estratos sociales, se puede comprobar que un 21% de la caída afectó directamente al 10% de la población con rentas más bajas, mientras que la recuperación económica comprendida entre los años 2013 y 2016 benefició, en mayor medida, a los colectivos con rentas más altas. Según datos de Oxfam Intermón, hasta 19 de cada 100 euros de crecimiento económico fueron a parar directamente a manos del 10% de los hogares con mayores rentas, que fue lo mismo que llegó al 30% de los hogares más pobres e, incluso, hasta cinco veces más de lo que acabó en manos del 10% de los hogares con menor renta de nuestro país. Por tanto, el crecimiento económico de los últimos años no está repartiendo sus frutos por igual. De lo anterior se deriva que el porcentaje de renta nacional en manos de las familias con ingresos más bajos es menor que en los años previos a la crisis, mientras que los hogares con mayores ingresos han incrementado su participación en la renta nacional. 

La desigualdad en términos de renta, en España, se relaciona directamente con la desigualdad existente en el mercado de trabajo. Tener un empleo, hoy en día, no es sinónimo de bienestar, dado que España presenta unos elevados niveles de precariedad, como reflejan la alta tasa de temporalidad (27,5%), el empleo a tiempo parcial involuntario (61,1%) o la duración de los contratos temporales (de estos, uno de cada tres dura menos de siete días). 

El incremento sostenido del PIB del que ha disfrutado nuestro país desde el año 2014 no se ha trasladado a los trabajadores. Tras la devaluación salarial de los pasados años, a pesar de cierto repunte de los sueldos en los últimos meses, se siguen sin recuperar las pérdidas experimentadas. 

La desigualdad de renta también puede analizarse a partir de los datos que proporciona la Agencia Tributaria. Los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2017, reflejan que 19,64 millones de españoles presentaron la declaración de la renta. De estos, 7,23 millones declararon percibir ingresos anuales superiores a 22.000 euros y 12,41 millones, inferiores a 21.000 euros brutos al año. Por tanto, el 63,18% de los contribuyentes españoles recibieron una retribución igual o inferior a 21.000 euros brutos y solo 9.344 contribuyentes declararon rentas superiores a los 600.000 euros anuales. 

En relación con la desigualdad de la riqueza, según el Laboratorio de la Desigualdad Global, España es el país en el que más ha crecido la riqueza personal en los últimos treinta años. Sin embargo, los datos evidencian que este crecimiento de riqueza personal se ha distribuido de manera desigual entre la población y tiende a concentrarse en una pequeña minoría. Así, según los datos del Global Wealth Report, el 2019 el 10% más rico concentraba más de la mitad de la riqueza y el 1% más rico superaba el valor de 1.800.000 euros de patrimonio medio, de forma que acumulaba una cuarta parte de la riqueza frente al 16,5% que atesoraba en el año 2008. En el otro extremo se situaba el 50% de la población más pobre, que el 2019 apenas concentraba el 7,7% de la riqueza disponible, por lo que su participación cae cuatro puntos respecto a los datos del 2008. 

Además, y debido a su efecto acumulativo, la desigualdad de riqueza en España es mayor que la de la renta. 

Pero no solo la desigualdad se refiere a la renta o a la riqueza. Hay un aspecto de la desigualdad, especialmente negativo, que merece atención por sus efectos sociales: la desigualdad de oportunidades. Según los datos de movilidad social de Eurostat, la mayor parte de las transiciones son descendentes, a la vez que la movilidad ascendente se ha visto dañada en la última década, concretamente pasando de significar el 41,3% de las transiciones en el 2007 al 29,5% de estas en el 2018. Como resultado de esta dinámica, se está produciendo un estrechamiento de la clase media en nuestro país. 

Las circunstancias económicas, sociales o educativas normalmente se transmiten entre los miembros del hogar; es lo que se denomina la «transmisión intergeneracional de la pobreza». El lugar de nacimiento (familia, nivel socioeconómico de los progenitores, servicios y prestaciones de la zona de residencia, etc.) condiciona, cada vez más, las circunstancias socioeconómicas del individuo si la igualdad de oportunidades no actúa como debiera. En este sentido, uno de los aspectos claves es la educación, y uno de los asuntos por resolver es la dualidad existente en el sistema educativo: el abandono temprano de la educación o la repetición de curso es mayor entre los estudiantes de hogares más pobres. 

Para continuar con el análisis, se ofrece una radiografía de la pobreza y la exclusión social en España, a fin de evidenciar el fuerte incremento de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Concretamente, al cierre del 2018, el 26,1% de la población española es decir, 12,2 millones de personas se encontraba en esta situación; esto supone 1,2 millones de personas más que antes de la crisis. España ocupa la quinta posición entre los países de la UE con mayor riesgo de pobreza o exclusión social. Entre los años 2008 y 2018 se observa un incremento de 2,3 puntos porcentuales en la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, que llegó a alcanzar un máximo de 29,2% en el 2014. 

La conclusión que se extrae vuelve a incidir en el hecho de que el crecimiento económico que ha disfrutado España desde el año 2014 no se ha trasladado a la ciudadanía: en España, 10 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del 60% de la mediana. Además, España tiene un serio problema de pobreza infantil, pues, en nuestro país, casi tres de cada diez menores de 16 años viven bajo el umbral de la pobreza (26,2%). 

Otro de los fenómenos analizado es el de los denominados «trabajadores pobres»: tener un empleo en España ya no es un mecanismo suficiente para salir de la pobreza, pues la precariedad del mercado laboral ha conducido a que el 13% de los trabajadores en nuestro país sean pobres y sufran grandes dificultades para llegar a fin de mes, satisfacer sus necesidades materiales y desarrollar sus proyectos vitales. Pero la pobreza incide también, directamente, sobre los desempleados, especialmente los de larga duración. 
 

Este análisis multidimensional, que no solo se centra en la ausencia material de ingresos, sino que abarca otras muchas situaciones de vulnerabilidad, como la carencia material y la dificultad en el acceso a bienes o servicios básicos, o la baja intensidad en el empleo, entre otros factores, se completa con un análisis del estado de la exclusión social en España, escenario que afecta a 8,5 millones de personas en nuestro país, según datos del VIII Informe FOESSA. 

De dicho estudio también se desprende que la recuperación económica ha posibilitado la mejora de una importante parte de la población, pero, a su vez, ha empeorado la situación de los más débiles. Resultado de ello es que más del 18% de la población se encuentre actualmente en situación de exclusión social severa o moderada, y que hasta 4,1 millones de personas estén en situación de exclusión social severa, perjudicadas por la vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema e incluso la invisibilidad para los partidos políticos. 

La existencia de esta brecha nos lleva a pensar en las diferentes medidas y políticas públicas necesarias para darle solución. En primer lugar, debemos partir de la base de que España presenta una desigualdad en la distribución de la renta que viene fundamentalmente explicada por el mercado laboral y un tejido productivo caracterizado por la baja productividad y el tamaño reducido de las empresas (un ejemplo concreto es cómo la pobreza laboral se concentra en las microempresas). 

Pero otro grave problema es el sistema redistributivo y de protección social. Los mecanismos tradicionales no están siendo capaces de dar solución a los problemas actuales y dejan excluidos a numerosos colectivos sociales. En España, el sistema redistributivo y de protección social posee una capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad menor que en otros países de la eurozona; además, el sistema no siempre se dirige a quienes más lo necesitan. 

El marco económico y social actual es diferente al que había en el momento en que se diseñaron los mecanismos de redistribución vigentes hoy en día. En definitiva, a pesar del crecimiento económico experimentado por nuestro país, la renta per cápita no se distribuye de forma equitativa, lo que evidencia un problema de productividad y de reparto de la renta. Así pues, en la medida en que el crecimiento económico por sí mismo no va a cerrar esta brecha, es necesario revisar los mecanismos de protección social existentes, poniendo el foco en los colectivos más vulnerables, y crear otros nuevos. 

A los fallos intrínsecos del propio mecanismo de redistribución, como son la falta de progresividad en el sistema y de recursos para el desarrollo de políticas redistributivas, se une la incapacidad de responder a nuevas realidades, como el desempleo de larga duración o la situación de pobreza en el trabajo. La primera pregunta que se puede plantear es si se están dedicando suficientes recursos a desarrollar políticas de protección social. España mantiene un porcentaje de ingresos y gastos públicos sobre el PIB inferior a la media europea, debido a que los ingresos se sitúan en el 38,9% del PIB español frente al 46% del PIB de la eurozona, mientras que los gastos en nuestro país suponen el 41,3% en contraste con el 46,8% de la eurozona. Por tanto, aún existiría cierto margen de mejora; un ejemplo muy claro son los pocos esfuerzos que España destina a protección social, un escaso 16,6% del PIB, por detrás de la media de la eurozona (20% del PIB) y de países como Grecia (19,4%), Francia (24,3%) o Italia (20,9%). 

Pero no se trata solamente de disponer de mayores recursos, sino que es aún más importante lograr que las actuaciones se centren en cubrir lagunas de nuestro sistema de protección, como en el caso de las prestaciones a las familias, y en mejorar su eficiencia y progresividad. En este sentido, uno de los problemas de las políticas sociales en nuestro país es su menor impacto para mitigar la desigualdad. En España las transferencias sociales reducen menos la desigualdad que en el resto de los países de la eurozona. España se sitúa en la media europea en términos de desigualdad de ingresos e incluso esta puede ser menor a la de otros países, como Francia, Grecia, Portugal o Alemania. Sin embargo, la desigualdad es mayor después de impuestos y transferencias, lo que evidencia la limitada actuación redistributiva del Estado y desemboca en una mayor desigualdad en el ingreso disponible de los hogares. 

La misma conclusión se extrae del efecto de las transferencias a la hora de reducir la pobreza.Así, en España, la diferencia entre las tasas de riesgo de pobreza antes y después de las transferencias sociales es menor que la diferencia media de los países de la eurozona. Es decir en nuestro país las transferencias reducen la desigualdad menos que en Europa: mientras que las transferencias sociales en España reducen, de promedio, un 24,4% la tasa de pobreza, en la eurozona las medidas sociales alcanzan un efecto reductor del 32,2%. 

Además, el sistema tributario español tampoco da respuesta a los problemas de pobreza y desigualdad actuales. No recauda lo suficiente en todos sus grandes impuestos, manteniendo una presión fiscal del 34,5%, muy por debajo del 41,4% de la eurozona, con lo que se estima que España sufre unas pérdidas de ingresos fiscales de entre 50.000 y 60.000 millones de euros anuales por su menor presión fiscal, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. No se debe olvidar, además, el grave problema de fraude fiscal y evasión de impuestos de nuestro país. Junto con ello, es fundamental poner el foco en la progresividad del sistema, ya que, como indica el Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles de Fedea, el tipo medio efectivo del 20% de los hogares más pobres es superior al de algunos tramos de hogares con más renta, debido al mayor peso que tienen la imposición indirecta y las cotizaciones sociales sobre la renta de dichos hogares. 

En conclusión, el marco económico y social actual es diferente al existente en el momento en que se diseñaron los mecanismos de redistribución vigentes hoy en día. Por este motivo, nos encontramos ante un nuevo contexto, en el que se están redefiniendo las tareas o funciones del Estado con la sociedad. La brecha entre ricos y pobres obliga a repensar el sistema redistributivo y la fiscalidad, que deben, por un lado, ser el reflejo de los principios y valores de una sociedad y, por otro, revisarse y actualizarse conforme esta avanza y cambia. 

Se requiere ser capaces de restituir la confianza, de sacar de la resignación ante la desigualdad a gran parte de la población, y de garantizar unas mínimas condiciones de vida digna ante un presente complicado y un futuro incierto. No es solo una exigencia por la justicia social, sino una necesidad para la convivencia, la credibilidad y el fortalecimiento de la democracia. 

Con el fin de encontrar nuevas propuestas de solución que vayan desde la propia revisión y actualización de los instrumentos vigentes hasta la inclusión de otros nuevos, se consultó y se organizó una sesión de grupo focal con expertos en la materia, quienes debatieron sobre esta grave brecha social y a los que, además, se les preguntó por las medidas que serían necesarias y positivas para solucionar el problema. Lo que sigue es una recopilación de las propuestas que emergieron en dicha sesión. 
 

Sistema redistributivo 

1. Reforma fiscal, que incluya: 
   - Un impuesto sobre sucesiones y donaciones armonizado a escala estatal. 
   - La supresión del exceso de deducciones, exenciones, etc., que hacen que el sistema sea muy complicado y recaude menos de lo debido. 
   - Una revisión de la fiscalidad de autónomos, en un contexto en el que el contrato laboral tradicional no está dando respuesta a todas las nuevas realidades que están surgiendo en el mercado laboral. 
   - Descarga de la tributación sobre las rentas del trabajo hacia las rentas del capital. Integración de parte del gravamen del capital en el IRPF. 
   - Consecución de niveles de presión fiscal similares a los de la eurozona. 

2. Sistema de renta mínima garantizada a través del establecimiento de un ingreso mínimo vital. Dicha medida debe diseñarse de manera que no implique el debilitamiento del gasto social, para evitar, con ello, pasar de un Estado social a un Estado mínimo asistencial. 

3. Compatibilidad de prestaciones sociales con el empleo hasta determinado nivel. 

4. Incremento de las prestaciones dirigidas a los deciles más bajos de la distribución, así como de las prestaciones no contributivas hasta un nivel de vida digna (por ejemplo, tomando como referencia el mínimo personal y familiar del IRPF). 

5. Ruptura de las barreras de accesibilidad a los mecanismos de protección, flexibilizando los mecanismos y procurando establecer sinergias entre ámbitos como el sanitario y el de las prestaciones monetarias de protección social. 

6. Incremento del gasto en el sistema de dependencia e impulso de las denominadas «políticas del cuidado», con una clara perspectiva de género. 

7. Revisión de los precios públicos. 

8. Inclusión de indicadores de pobreza y desigualdad en los Presupuestos Generales del Estado (cuadro macroeconómico e indicadores de medición de resultados), así como de objetivos redistributivos. 

9. IRPF obligatorio para toda la población en edad de trabajar, de forma que se integre en el sistema a los colectivos más desfavorecidos y se aplique adecuadamente el principio de generalidad. 

10. Revisión del sistema de pensiones que permita contar con un mayor nivel de recursos para destinar a otros ámbitos del gasto público. Un ámbito de actuación se encuentra en las cotizaciones y en figuras como las tarifas planas de los autónomos. 

Infancia, sistema educativo y vivienda 
 

1. Educación universal infantil, incluida la educación de 0 a 3 años, sostenida por un sistema de escuelas infantiles públicas. Esta medida es fundamental, además, para la igualdad de género. 

2. Mejora de las prestaciones por hijo a cargo, para avanzar hacia una renta básica universal para menores de edad. Esta medida debería ir acompañada de la correspondiente reforma en el IRPF. 

3. Políticas de «desfamiliarización» de costes (en el ámbito de los comedores, las actividades extraescolares, las ayudas a alumnos con dificultades de aprendizaje, etc.), que permitan luchar contra la segregación escolar. 

4. Incremento del gasto público destinado a la familia y la infancia en línea con la media de la eurozona. 

5. Ley de alquiler de vivienda que garantice el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos, especialmente a los jóvenes. Ampliación del parque de vivienda social. 

6. Incremento del gasto público en educación y sanidad, al menos, hasta alcanzar la media de la eurozona. 

Mercado laboral y empresa 

1. Simplificación de la gran diversidad de modalidades de contrato existentes y mayor protección del trabajador temporal frente al despido. 

2. Incremento de la protección del empleado, por encima del puesto de trabajo. Por ejemplo, frente a situaciones de despido (sobre todo, en empleos temporales). 

3. Inclusión de las empleadas domésticas en el régimen general de la Seguridad Social. 

4. Política industrial moderna e innovadora, que incremente la productividad de la economía española y el tamaño y la competitividad de las empresas. Para ello, se requiere un aumento de la inversión en I+D+i hasta el objetivo europeo del 3% del PIB, así como el incremento progresivo del peso de la industria en el PIB. 

5. Sostenibilidad empresarial. Impulso a estrategias de sostenibilidad empresarial que contemplen los ámbitos de buen gobierno, medioambiente y responsabilidad social, y que lleven al crecimiento del tamaño de las empresas y, con ello, a la protección del empleado. 

6. Lucha contra la fuerte rotación de las empresas, apoyando la viabilidad de los negocios desde su nacimiento. Impulso de hubs de innovación y de creación empresarial.