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Sistema de vivienda y estado del bienestar. El caso español en el marco europeo

Jordi Bosch, Universitat Pompeu Fabra; Carme Trilla, Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona; Adaptación: Xavier Aguilar

Desde 1952 hasta hoy, en España se han edificado más de 6,8 millones de viviendas con alguna modalidad de protección. Esto supone el 26% del total del parque residencial (estimado en 25,5 millones de viviendas). Sin embargo, este parque de viviendas ha ido pasando a manos privadas y el sector público no ha podido dotarse de recursos residenciales protegidos para hacer frente a las necesidades de las sucesivas generaciones. Actualmente, la demanda potencial de vivienda social se calcula en 1,5 millones de hogares y, de acuerdo con las proyecciones demográficas, podría elevarse hasta los 2,6 millones en el año 2030.
Puntos clave
  • 1
       En España el 38,4% de las familias con rentas más bajas (primer quintil de renta) están en situación de sobreesfuerzo (hogares en los que el coste de la hipoteca o alquiler supone más del 40% de los ingresos totales). Entre los hogares del segundo quintil, esta tasa ya cae al 11%, mientras que para el total de la población la media se sitúa en el 19,8%.
  • 2
       Mirando específicamente el segmento del mercado de alquiler, la tasa de sobreesfuerzo de la población en general es del 42,1%, la más elevada de Europa.
  • 3
       En España existen unas 276.000 viviendas de alquiler social, lo que equivale al 1,5% del parque de viviendas. Históricamente, la acción pública ha priorizado el acceso a la propiedad mediante la vivienda protegida de compraventa.
  • 4
       En España la inversión en políticas de vivienda está en la parte baja de la comparativa europea: recibe tan solo el 0,9% del presupuesto total para asuntos sociales, lo que representa el 0,23% del PIB.
La vivienda como parte del gasto público
La vivienda como parte del gasto público

El gasto en protección social supone el 39,9% del gasto público total. Dentro de este apartado de los presupuestos, hay muy poco margen para el gasto en vivienda social, que representa tan solo un 0,1% del gasto público total. 

El bajo gasto social en vivienda provoca unos desajustes que sobrecargan otras prestaciones del Estado del bienestar, lo que a su vez afecta a las arcas del Estado. No disponer de una vivienda digna y apropiada por lo que respecta a condiciones físicas y económicas tiene un efecto negativo sobre la salud, el desarrollo educativo de los niños y las necesidades de asistencia y de servicios sociales de las personas más vulnerables de la vivienda.

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