En Europa, los efectos de la crisis económica, combinados con factores demográficos o de migración y una disminución de recursos, exigen nuevos modelos de desarrollo organizados en torno a una mayor democracia, una participación ciudadana más sólida y una mejor gobernanza basada en instituciones más abiertas, reactivas y transparentes. Lo mismo cabe decir con respecto al sector de la cultura, donde cada vez hay más organizaciones que llevan a cabo sistemas de participación, al tiempo que la gobernanza participativa del patrimonio cultural ocupa un lugar destacado en las políticas culturales europeas.

Al incorporar prácticas participativas, las instituciones culturales reconocen que los conocimientos de la ciudadanía local y de los usuarios no especializados son tan importantes como las competencias de los expertos, y admiten que el papel desempeñado por el público es fundamental. A la vez, sin embargo, deben adoptar nuevos modelos de gestión y organización, crear las condiciones necesarias para la financiación y sostenibilidad a largo plazo de las actividades participativas y, en última instancia, empoderar a las personas y ayudarlas a construir comunidades más fuertes.

El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que «Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten».

Ha transcurrido mucho tiempo desde que el derecho de todo individuo a participar en cualquier forma de vida cultural fue recogido en documentos oficiales de validez universal. No obstante, a juzgar por las publicaciones más recientes y algunos de las últimas normas adoptadas por la Unión Europea y el Consejo de Europa, parece que hoy el concepto de participación en las artes y la cultura es más relevante que nunca. En particular, ha surgido la idea de que la ciudadanía debe participar, no solo en actividades culturales, sino también en la propia gestión de la cultura y del patrimonio cultural, y que ello debería reportar una serie de beneficios.

Las conclusiones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en 2014 sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural, así como la comunicación de la Comisión Europea Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo, también de 2014, definen el patrimonio cultural como un recurso estratégico para una Europa sostenible, además de reconocer su dimensión social y subrayar la importancia de activar sinergias entre las distintas partes interesadas con miras a su conservación y valorización. Asimismo reconocen que es fundamental contar con unos sistemas de gobernanza transparentes y participativos, que den cabida a las personas a las que en definitiva pertenece dicho patrimonio cultural.

¿Por qué es tan importante esta cuestión? ¿Por qué es una de las prioridades del Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) de la Unión Europea? Y, ¿qué significan exactamente participación y gobernanza participativa del patrimonio cultural?

El término «participación» es un concepto genérico que engloba múltiples prácticas. Diversos autores han intentado sistematizarlo y han creado marcos teóricos para explicarlo. Al respecto cabe señalar, por ejemplo, el empleo de una escalera a modo de metáfora, de forma que cada uno de sus peldaños representa un nivel de participación distinto: desde el nivel cero, que equivale a «manipulación» (la participación solo es aparente), hasta el nivel ocho, que corresponde al «control por parte de la ciudadanía», según Arnstein (1969). Wilcox (1994) la define como el paso de «información» a «consulta», a «decidir juntos», a «actuar juntos» y a «respaldar los intereses independientes de la comunidad».

Estas categorías, situadas a lo largo de un continuo, representan distintas formas y grados de implicación de la ciudadanía en diversas actividades públicas y, por consiguiente, de participación.

Con respecto al sector cultural en concreto, Nina Simon (Simon, 2000) clasificó las prácticas participativas en cuatro tipos de categorías. Estas resultan útiles, no solo para los museos, sino también para un amplio abanico de contextos patrimoniales. En palabras de la autora, tales categorías comprenden:

Proyectos contributivos: se solicita a los visitantes que aporten objetos concretos y limitados y acciones e ideas a un proceso controlado institucionalmente.

Proyectos colaborativos: se invita a los visitantes a actuar como socios activos en la creación de proyectos institucionales impulsados por una institución y fundamentalmente controlados por esta.

Proyectos co-creativos: los miembros de una comunidad trabajan desde el principio con el personal institucional en la definición de los objetivos del proyecto y la generación del programa o exposición conforme a los intereses de dicha comunidad.

Proyectos alojados: la institución cede una parte de sus instalaciones y/o recursos para presentar programas desarrollados y ejecutados por el público.

Son muchos los proyectos que se inscriben en estas categorías: desde actividades co-creadas y co-comisionadas (por ejemplo, el Open Museum de Glasgow, en Escocia, lleva las colecciones a la comunidad, facilitando a las personas de zonas desfavorecidas los objetos y la experiencia necesaria para que puedan realizar sus propias exposiciones), hasta proyectos de renovación a cargo de comunidades, donde visitantes y voluntarios desempeñan las funciones de comisarios, diseñadores y creadores (como en el Museo Forssa, en el sur de Finlandia); desde iniciativas de colaboración en las que las personas participan en el proceso de identificar e interpretar los objetos, incorporando historias y puntos de vista distintos de los aportados por el propio museo (como el proyecto «Conversaciones Colectivas» que el Manchester Museum puso en marcha en 2004, disponible en YouTube), hasta iniciativas orientadas a empoderar a las comunidades, como el programa de formación del Museo al Aire Libre de Estonia, que capacita a los propietarios de construcciones rurales tradicionales para que puedan encargarse de su mantenimiento, contribuyendo a la conservación y preservación del patrimonio rural.

En el ámbito del patrimonio cultural, las prácticas participativas responden al deseo de democratizar la cultura y ampliar el acceso a los recursos culturales, pero también son fruto de una reducción de la financiación pública y de los servicios y apoyo prestados al patrimonio cultural, lo cual ha obligado a incrementar la participación de la población en su conservación y mantenimiento.

En algunos países, el papel desempeñado por iniciativas de carácter privado o voluntario en el cultivo de las artes y la cultura ha sido tan importante, o más, que el ejercido por el Gobierno, según atestiguan numerosas organizaciones no gubernamentales que intervienen activamente en la conservación de edificios históricos, como el National Trust del Reino Unido. En otros, el fenómeno no es tan notorio, si bien cabe señalar que, en términos generales, el voluntariado cultural está presente en toda Europa y que muchos museos —por ejemplo, en los Países Bajos— están gestionados en su totalidad por personal voluntario.

En Italia, desde la aplicación en 2001 del principio de subsidiariedad, se ha pasado de un modelo jerárquico y descendente a otro en el que la propia comunidad es la que se encarga de su entorno, de modo que los órganos públicos solo intervienen si dicha comunidad no realiza adecuadamente su labor. Según este principio, el patrimonio cultural y los asuntos relativos al paisaje deben tratarse en el ámbito más próximo a la población afectada. La ciudad de Bolonia, por ejemplo, propuso que fuera la propia comunidad la que cuidara de su entorno (si bien con el apoyo de las autoridades) y promovió un marco para el fomento de iniciativas independientes formuladas por la ciudadanía orientadas a regenerar, mantener y calificar zonas de la ciudad, convirtiendo esta colaboración en una práctica permanente de la política pública.

Por consiguiente, la referida proliferación de prácticas participativas en el ámbito cultural, reflejada en el número de publicaciones que abordan este fenómeno, puede interpretarse como un verdadero reconocimiento del valor que la contribución de los ciudadanos puede aportar a la gestión de los recursos del patrimonio cultural y como un impulso para fomentar la ciudadanía activa, pero también como una necesidad impuesta por restricciones financieras.

Existe otro factor más relevante que explica por qué participar en la protección y conservación del patrimonio cultural es adecuado y debería interpretarse como una evolución natural de la gestión descendente: el patrimonio cultural es un bien común. Cuando hablamos de patrimonio cultural, nos estamos refiriendo en realidad a algo que es de todos, por lo que deberíamos sentirnos responsables y activos con respecto al mismo.

En términos generales, por «bien común» se entiende un «bien» específico que es compartido por la totalidad —o la práctica totalidad— de los miembros de una comunidad dada y que redunda en su  beneficio. Los bienes comunes no pertenecen a un individuo en concreto: son bienes compartidos que benefician a todos. Lo mismo cabe decir con respecto al patrimonio cultural, que en última instancia pertenece a la humanidad y es confiado a museos e instituciones de patrimonio cultural para que las generaciones venideras puedan disfrutar de él. El agua, el aire y el medio ambiente, por ejemplo, son bienes comunes en un sentido global; en cambio, el centro histórico de una ciudad, un monumento, un museo local, un jardín público o un paisaje son bienes que benefician a una comunidad en particular y pueden desempeñar un papel decisivo en el desarrollo local, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de dicha comunidad y, en definitiva, a favorecer la integración, la cohesión social y un sentido de pertenencia.

La expresión «patrimonio cultural» se refiere a un concepto relativamente nuevo que surgió en las décadas de 1960 y 1970 y que guarda una estrecha relación con la «cultura», la «identidad» y la «memoria». El Consejo de Europa lo define del siguiente modo: «El patrimonio cultural es un conjunto de recursos heredados del pasado que las personas consideran, más allá de la propiedad, como un reflejo y una expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones, en continua evolución. Incluye todos los aspectos del entorno que resultan de la interacción en el tiempo entre las personas y los lugares» (Consejo de Europa, 2005).

Por su propia naturaleza, el patrimonio cultural es un concepto que con el tiempo ha ido ampliándose, por lo que ahora no solo incorpora aquello que de forma inmediata podríamos definir como dotado de un valor histórico o documental —obras de arte, colecciones, objetos, monumentos, ciudades, paisajes culturales—, sino también objetos de la vida cotidiana, la cultura material y, en los últimos tiempos, los recursos inmateriales —también denominados «patrimonio vivido»— como las tradiciones (orales), las prácticas sociales, los ritos, y los conocimientos y competencias tradicionales.

Las colecciones museísticas de importancia nacional pueden definirse de inmediato como relevantes para la humanidad, pero existen otras formas de patrimonio que mantienen un estrecho vínculo con una comunidad o un grupo de personas en concreto. El patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, adquiere la condición de patrimonio solo en la medida en que sea reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten.

La cuestión del valor es decisiva, puesto que la importancia que distintos individuos o partes interesadas conceden a los recursos del patrimonio es la fuerza motriz fundamental que determina su participación en labores de protección, valorización o gestión. Un objeto, el distrito de una ciudad o un paisaje adquieren la condición de patrimonio solo si son considerados bienes culturales por una comunidad.

El convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad (Convenio de Faro, 2005) define una «comunidad patrimonial» como aquella que se compone de «personas que otorgan valor a los aspectos específicos del patrimonio cultural y que, en el marco de la acción pública, lo desean mantener y transmitir a futuras generaciones».

No obstante, también existen otros tipos de comunidades: «comunidades fuente» o «comunidades de origen», que son aquellas de las que proceden las colecciones; «comunidades de usuarios», como visitantes; «comunidades interpretativas», que aluden a la contribución activa que las personas pueden aportar a la hora de interpretar un patrimonio; «comunidades de práctica» o «comunidades de interés»; y «comunidades virtuales» o «comunidades on-line», resultantes del uso generalizado de la Web 2.0, que ha generado nuevas formas de compromiso y participación.

Es importante señalar que en su definición de «comunidad patrimonial» el Convenio de Faro no se refiere al espacio o territorio, al estatus social ni a otros parámetros sociales. Si pensamos en las «comunidades virtuales», las unidades conceptuales de «comunidad» y «lugar» desaparecen. Hasta hace poco, el concepto de participación solía asociarse con una comunidad dada definida en términos espaciales; sin embargo, ya no tiene por qué ser necesariamente así.

La idea de unas «comunidades» que pierden connotaciones espaciales y geográficas está relacionada, en parte, con el creciente uso de los medios digitales, que brindan a las organizaciones patrimoniales nuevas oportunidades para implicar a un público más amplio y a distancia. Existen numerosos ejemplos de iniciativas innovadoras en esta área, en particular con respecto al crowdsourcing: la obtención de datos e información a partir de un público integrado por usuarios no especializados, aficionados o entusiastas del tema en cuestión.

En Dinamarca, el Museo de Historia Natural puso en marcha un atlas nacional on-line con el propósito de cartografiar la distribución de las mariposas, elegidas como un indicador general del estado de la naturaleza del país. Mediante una aplicación para dispositivos móviles, los miembros del público podían cargar observaciones georreferenciadas de estos insectos, que posteriormente se mostraban en un mapa interactivo y se incorporaban a una colección on-line de especies de mariposas.

De un modo similar, cuando en 2008 el Museo de Historia de la Ciudad de Leipzig, Alemania, elaboró un nuevo catálogo on-line, mostró las colecciones en su página web e incluyó un botón de respuesta que permitía a los visitantes virtuales enviar por correo electrónico cualquier información adicional que tuvieran sobre las piezas presentadas, lo cual amplió significativamente los conocimientos que el museo ya poseía sobre ellas.

La Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos también ha recurrido al crowdsourcing para crear una exhaustiva base de datos de los hallazgos y monumentos arqueológicos neerlandeses. Asimismo, el parque nacional Drentsche Aa, también en los Países Bajos, integra los conocimientos del personal científico y los aportados por entusiastas voluntarios en un atlas digital de paisajes que constituye la base para la planificación y gestión del territorio.

En todos los casos apuntados, las organizaciones patrimoniales obtienen información de distintas partes interesadas, y mantienen el derecho de validar los datos y ponerlos a disposición de distintos actores y del público en general por medio de bases de datos o de modelos de datos abiertos. Ello brinda a las instituciones patrimoniales la oportunidad de ejercer otra función: además de ser fuentes acreditadas sobre un tema específico, también son arquitectos y organizadores de nuevas redes de conocimientos participativas y compartidas que pueden desempeñar un papel activo en la formulación de políticas a escala territorial.

Los anteriores ejemplos ponen de relieve un mayor acceso y participación por parte del público, pero la gobernanza participativa es algo muy distinto. Se trata de un proceso mediante el cual se cede parte del poder y se adoptan nuevos modelos de gestión, de forma que la responsabilidad pasa a ser compartida y las decisiones son tomadas, no tanto por individuos, como por comunidades. En otras palabras, la gobernanza participativa puede definirse como una responsabilidad compartida en el proceso de toma de decisiones.

En el ámbito del patrimonio cultural no es fácil encontrar ejemplos de una verdadera gobernanza participativa. Salvo que la participación sea considerada un valor organizacional fundamental (Lynch, 2010), los proyectos participativos —incluso los más destacados— suelen reducirse a actividades esporádicas y rara vez se integran en el tejido institucional de la organización cultural.

No obstante, pueden citarse varios ejemplos de buenas prácticas, como el plan de remodelación del St Fagan’s Open Air Museum de Gales, donde el órgano rector consultó a más de ciento veinte organizaciones nacionales y regionales de base comunitaria para recabar ideas sobre cómo representar la identidad galesa en el nuevo museo y coproducir programas orientados a satisfacer las necesidades comunitarias identificadas por la propia comunidad.

En Finlandia, para la nueva Biblioteca Central de Helsinki, que se inaugurará en el año 2018, se solicitó la colaboración de la ciudadanía a través de una plataforma on-line y un presupuesto participativo con el fin de recabar, debatir y seleccionar sus ideas, para luego transformarlas en productos.

En el ámbito de las artes escénicas, el Reino Unido nos proporciona un magnífico ejemplo a través del York Theatre Royal, que cada año acoge el festival TakeOver, gestionado en su totalidad por personas menores de 26 años que planifican, programan y realizan todas las actividades.

A menudo, sin embargo, las experiencias de gobernanza participativa más fructíferas proceden de proyectos que surgieron como una iniciativa de carácter local y que solo posteriormente se vincularon a una institución. Es el caso del Teatro Sociale di Gualtieri, en una pequeña localidad italiana, donde un grupo de jóvenes se propusieron recuperar y restaurar, en un principio de forma totalmente autofinanciada, un edificio abandonado que en su día había albergado un teatro. Lo volvieron a abrir y le infundieron nueva vida, por lo que la Administración pública a la que el edificio pertenece se vio prácticamente «obligada» a formar parte de la iniciativa, celebrando un acuerdo formal con la asociación de los jóvenes y aportando financiación solo varios años después del inicio del proyecto.

De un modo similar, en 2006, un grupo de jóvenes napolitanos crearon una cooperativa y asumieron la gestión y labor interpretativa de una serie de catacumbas con miras a compartir el patrimonio local, pero también para impulsar el orgullo comunitario y crear empleo para los jóvenes.

También es el caso de Escocia, donde las asociaciones arqueológicas y comunidades locales que deseaban encargarse del mantenimiento de los lugares declarados patrimonio cultural de su zona lograron que la State Authority for Archaeology pusiera en marcha la iniciativa «Adopta un monumento», que establecía una colaboración triangular entre los organismos públicos, los propietarios particulares de los terrenos y las comunidades, permitiendo a estas últimas implicarse en el patrimonio local con arreglo a una serie de acuerdos estructurados, previamente aceptados y aprobados por todas las partes.

En definitiva, pues, no es necesario definir la gobernanza participativa como de tipo «ascendente» o «descendente», puesto que probablemente sea ambas cosas. Con independencia de que haya surgido como una iniciativa de base o de que esté controlada institucionalmente, se precisan ambas partes para garantizar el éxito de un proyecto y su sostenibilidad.

Los beneficios que comporta integrar enfoques participativos en la gestión de las organizaciones de patrimonio cultural son evidentes: si el público y los profesionales están implicados en la gestión de los recursos culturales, históricos y naturales, se puede generar un mayor sentido de propiedad colectiva en la comunidad, promover su bienestar y calidad de vida y facilitar la sostenibilidad de las organizaciones culturales que intervienen a largo plazo.

Ahora bien, un enfoque participativo requiere ajustes en la estructura de gobernanza y un cambio en la cultura organizacional de las instituciones implicadas, que deben estar dispuestas a renunciar a una parte de su autoridad y poder. También exige un espíritu y actitud que valoren en igual medida los derechos de información y comunicación de quienes toman las decisiones y de quienes se verán afectadas por ellas, y que establezcan que todos los que intervienen en un proceso participativo tienen derecho a determinar de qué modo se llevará a cabo dicha participación.

Se necesitan marcos jurídicos y mecanismos políticos para conseguir una gobernanza compartida, transparencia e información, además de educación y formación para todas las personas implicadas: políticos, gestores y comunidades. Los profesionales del patrimonio cultural, en particular, deben adquirir nuevas competencias que les permitan actuar como facilitadores e intermediarios en los procesos participativos. No obstante, el principal reto consiste en reflejar verdaderamente las necesidades e ideas de las personas involucradas, empoderándolas y ayudándolas a construir comunidades más fuertes.

Y, lógicamente, la transferencia de la competencia de toma de decisiones a las comunidades nunca debería utilizarse para encubrir una falta de financiación por parte del sector público. Son escasos los proyectos que encuentran su propio camino y logran autofinanciarse. A menudo, las organizaciones públicas deben financiar o co-financiar actividades participativas y crear las condiciones necesarias para atraer fondos adicionales, dado que los recursos para la financiación son esenciales, tanto si provienen del gobierno como de fundaciones, patronatos, donantes corporativos o particulares.

En los últimos tiempos han proliferado las publicaciones y debates sobre participación, pero no siempre han ido acompañados de un esfuerzo real para evaluar las realidades tras este fenómeno. Si bien es cierto que el número de iniciativas y de políticas que se autodefinen como participativas no deja de aumentar, deberíamos averiguar qué sucede entre bastidores y escuchar las voces de quienes participan —tanto en calidad de prestadores como de usuarios— para evaluar hasta qué punto un enfoque participativo ha cambiado la estructura organizativa y los procedimientos de gestión de las instituciones involucradas y, fundamentalmente, de qué forma ha incidido en la vida de las personas.

Margherita Sani

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali de la Región Emilia-Romaña (Italia)

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