El aumento de las desigualdades de renta se ha convertido en los últimos años en uno de los principales asuntos de debate social. En España este debate es especialmente relevante porque se trata de uno de los países europeos donde más han aumentado las desigualdades, sobre todo tras la crisis económica de 2008. Las desigualdades económicas son consecuencia del funcionamiento de los mercados y de la actividad económica, por una parte, y de una distribución de la renta que favorece a unas personas y colectivos por encima de otros, por otra. La acción redistributiva del Estado puede alterar estas desigualdades mediante instrumentos como la política impositiva (de manera que quienes tienen mayor nivel de renta contribuyan proporcionalmente más) y el gasto público, beneficiando preferentemente a los colectivos más desfavorecidos.

Los cambios en la distribución de la renta son, por tanto, la combinación de lo que ocurre en la actividad mercantil y el efecto de determinadas políticas públicas. El mercado laboral desempeña un papel esencial por cuanto es allí donde se establecen las rentas primarias de la mayoría de la población. 

En este trabajo se analiza en qué medida los cambios en del mercado laboral han contribuido al aumento de las desigualdades en la última década. Para ello se utilizan las mejores fuentes estadísticas oficiales disponibles. Para los salarios, se ha acudido a la Encuesta Anual de Estructura Laboral; se trata de una fuente que se publica con bastante retraso, por lo que solo disponemos de los datos hasta el año 2016. Las otras fuentes utilizadas son las de la Contabilidad Nacional de España y la Encuesta de Población Activa. El período de estudio básico va de 2008 a 2016, que corresponde al período de la crisis y destrucción de empleo (2008-2013) y la primera fase de la recuperación (2014-2016). En los casos en los que existe información disponible para 2017, la hemos añadido para mostrar que la continuidad de la recuperación no ha cambiado las tendencias anteriores.

La crisis económica ha provocado una presión a la baja sobre los salarios por dos vías complementarias. Por una parte, el aumento del desempleo favorece siempre la moderación salarial, ya que implica un incremento de las personas que compiten por un puesto de trabajo. Por otra parte, las políticas de austeridad aplicadas a partir de 2010 han provocado una devaluación salarial, que ha sido causada por la reforma laboral de los años 2010 y 2012, cuyas medidas propiciaron la fragmentación de la negociación colectiva, una menor protección al empleo y el aumento de la discrecionalidad de las empresas en la fijación de salarios y las condiciones laborales (Pérez Amorós et al., 2016).

En la tabla 1 se combinan dos elementos. Uno es el peso que tienen las rentas salariales en el conjunto de la Renta Nacional Bruta, una medida que permite mostrar qué porcentaje de la renta se traduce en rentas salariales (siendo el resto fundamentalmente beneficios empresariales e ingresos de trabajadores autónomos). 

Habitualmente la distribución de la renta entre salarios y beneficios se mantiene bastante estable, por lo que los cambios relevantes habidos, como la caída de más de cuatro puntos en los 10 años representados en la tabla, son indicativos de transformaciones importantes en la distribución de la renta. Esta caída hubiera podido deberse a una transformación de la estructura laboral, en la que los asalariados representaran una proporción menor de la población ocupada (y, por tanto, más personas recibieran rentas no salariales), pero en la segunda columna de datos se constata que el peso de los asalariados en la población ocupada se ha mantenido estable a lo largo de ese mismo período, e incluso ha aumentado ligeramente en el último tramo considerado. Hay que advertir que estamos analizando la distribución primaria de la renta y que la población parada y la inactiva no se toman en consideración por cuanto sus rentas, cuando existen, provienen de los procesos redistributivos.

En el período 2008-2016, la caída del salario real se ha producido en todos los sectores de la actividad excepto en la minería y agua y saneamiento, dos sectores muy poco importantes en cuanto al volumen global de empleo. Sin embargo, esta reducción salarial no ha sido homogénea, sino que varía en cada sector dependiendo de los convenios colectivos y de los contratos laborales.

Hay que señalar, además, que se trata del salario medio del sector. Ello quiere decir que las oscilaciones observadas se deben tanto a las variaciones salariales como a los cambios en la composición del empleo. Por ejemplo, si en un sector se jubilan muchas personas con elevados sueldos y los nuevos trabajadores son contratados con salarios más bajos, el salario medio cae, o a la inversa, si los nuevos empleados reciben salarios más altos. Hemos de advertir que la Encuesta de Estructura Salarial, de la que se extraen los datos, no contiene información sobre los dos sectores que tradicionalmente tienen salarios más bajos y en los que prolifera el empleo informal: el agrario y el servicio doméstico.

Las caídas salariales más importantes se han producido en las actividades donde habitualmente predominan los bajos salarios (hostelería, servicios auxiliares, otros servicios) y en sectores que fueron los más afectados por los recortes públicos (como educación o sanidad y servicios sociales). La única excepción a este patrón es el sector financiero, cuyo fuerte ajuste salarial ha estado asociado a una importante destrucción de empleo centrada en los empleados de mayor edad, es decir, los que acumulaban ingresos relativamente elevados. Los aumentos de los salarios nominales (las cantidades absolutas que reciben los asalariados) reflejan las variaciones de salarios que se  han producido. El salario real se obtiene descontando de este aumento el crecimiento de los precios (IPC), y refleja la variación del poder de compra debida a los cambios en los salarios y los precios. A lo largo del período estudiado la reducción del poder de compra o incremento de la inflación ha sido del 14% (tabla 2).

El efecto conjunto de esta evolución diferencial de los salarios se ha traducido en un incremento de las desigualdades salariales. Para valorarlas emplearemos dos medidas, una de ellas es el coeficiente de Gini, que ofrece una medida sintética de la desigualdad. Sus valores se expresan entre 0 (inexistencia de desigualdad) y 100 (desigualdad máxima, un individuo obtendría el 100% de los salarios y el resto no obtendría ninguno). Este coeficiente muestra una inequívoca tendencia al crecimiento en la última década, e indica que las desigualdades salariales entre individuos han crecido (gráfico 1).

La segunda medida es el índice D9/D1, que consiste en comparar los salarios del 10% de la población que recibe mayores ingresos (D9) con el 10% de los que perciben salarios inferiores (D1). Las decilas (D) son los valores de la ganancia que, ordenados de menor a mayor, dividen el número de trabajadores en diez partes iguales, de manera que dentro de cada una están incluidos el 10% de los mismos.Este índice muestra la persistencia de un elevado grado de desigualdad salarial, aunque en este caso la tendencia al incremento de la desigualdad no es tan clara, quizá porque el ajuste del empleo en el sector financiero, como hemos comentado, ha recaído en los niveles salariales más altos. Es posible también que los resultados del índice D9/D1 estén afectados por la composición de la muestra de cada año (gráfico 1). En países más igualitarios, la proporción se acerca a 2.

Los bajos salarios se asocian a peores condiciones de empleo. En nuestro país, el empleo a tiempo parcial no deseado es una de las circunstancias que contribuyen a la precariedad salarial. Tras la crisis, el empleo a tiempo parcial ha crecido, pero este crecimiento se debe a que es la única opción disponible (gráfico 2), y no porque sea buscado voluntariamente.

Estos empleos a tiempo parcial ofrecen menos ingresos debido a que se trabajan menos horas y suelen concentrarse en los estratos más bajos de la jerarquía salarial. De hecho, en el análisis de la estructura salarial, las personas con empleo a tiempo parcial son mayoría en el 10% de los empleos peor retribuidos, situándose sus ingresos anuales por debajo del salario mínimo anual. 

Entre los empleados a tiempo parcial predominan las mujeres (gráfico 3) y su crecimiento está más relacionado con la existencia de procesos productivos que presentan puntas de actividad de corta duración en horarios específicos (por ejemplo, el catering escolar) que con la búsqueda de alternativas privadas de conciliación. 

Respecto al empleo temporal, la crisis económica supuso una gran reducción de contratos temporales, particularmente debida a la masiva destrucción de empleo en el sector de la construcción, en el que este tipo de empleos son especialmente abundantes. Tras la crisis, el empleo temporal ha vuelto a crecer y se sitúa en cotas cercanas a las de su inicio.

Los empleos temporales no solo están asociados a la inestabilidad laboral, sino también a los salarios más bajos. La razón es la misma que ya señalábamos en el caso de los empleos a tiempo parcial: la concentración de los empleos temporales en los niveles más bajos de las jerarquías laborales y el menor número de horas laborables impiden el acceso a complementos salariales diversos. 

En la tabla 3 vemos que, como media, los contratados temporalmente cobran un 25% menos que alguien con contrato permanente. Además, el recurso al empleo temporal está asociado a una forma de gestión laboral que trata de minimizar el uso de la fuerza de trabajo, lo que reduce el período de contratación (Banyuls y Recio, 2015). 

El recurso al empleo temporal es muy desigual según el sector de actividad. Responde en parte a cuestiones específicas como, por ejemplo, la elevada estacionalidad de la actividad turística o la agricultura. En el año 2017, el nivel de temporalidad oscilaba entre el 60,7% de la agricultura, el 40,9% de la construcción, el 38% de la hostelería, y el 7,6% del sector financiero, el 15% de energía, agua y saneamiento y el 17% de información y comunicaciones. En 2008 el empleo temporal representaba el 27,7% del empleo asalariado, algo que en parte se debía al enorme peso del empleo temporal en la construcción (en este sector alcanzaba el 45% y representaba por sí solo el 16,3% de todo el empleo temporal). En 2017, el porcentaje vuelve a situarse en el 26,7% a pesar de que la construcción está lejos de recuperar su peso anterior. La recuperación de la elevada temporalidad resulta contradictoria con uno de los objetivos con los que se justificaron las últimas reformas laborales: promover el empleo estable al dar más poder a las empresas para fijar condiciones de trabajo y salarios.

En resumen, la devaluación salarial se ha producido por la combinación de distintos elementos: la moderación salarial y el estancamiento de la negociación colectiva, el crecimiento de los empleos de más bajos salarios (temporales, a tiempo parcial), la mayor proporción de empleos en sectores de bajos salarios (hostelería) o la renovación de plantillas en las que los nuevos empleados cobran menos que los antiguos. 

Para interpretar correctamente estos cambios hay que tener en cuenta que la Encuesta de Estructura Salarial tiende a atenuar los cambios reales en los salarios, no solo porque, como se ha indicado, algunos sectores de bajos salarios no se incluyen en la encuesta, sino también porque es difícil que estén bien recogidos los salarios de la alta dirección. También es posible que los ingresos anuales de los trabajadores temporales estén sobrevalorados, ya que no se toma adecuada consideración del período de tiempo en el que están empleados. Según los datos que confecciona la Agencia Tributaria, casi un 30% de las personas que declaran haber percibido rentas salariales a lo largo del año no alcanzan ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional anual, algo que se explica porque muchas personas solo están empleadas en períodos de tiempo excesivamente cortos.

El incremento de las desigualdades salariares no se distribuye homogéneamente, sino que ha afectado de manera especial a algunos colectivos de trabajadores. Uno de ellos son las mujeres; el otro, los trabajadores extranjeros.

En cuanto a las desigualdades de género, son importantes y persistentes. Las mujeres están en una situación de inferioridad respecto a los hombres en prácticamente cualquier aspecto de las condiciones laborales que se tenga en cuenta: mayores índices de desempleo, de temporalidad, de empleo a tiempo parcial, mayor presencia en los niveles más bajos de la jerarquía laboral en sectores de profesiones asalariadas como la enseñanza y la sanidad. 

Una de las formas más simples de medir esta desigualdad es calcular la brecha salarial; es decir, la diferencia salarial media que existe entre el conjunto de hombres y el de mujeres. Este puede ser un buen indicador de desigualdad, aunque su interpretación está sujeta a diversas lecturas. La más restrictiva consiste en considerar que solo hay discriminación de género cuando un hombre y una mujer con iguales niveles educativos, tipo de contrato, sector de actividad y posición laboral cobran salarios diferentes. En este caso, la desigualdad se reduce a un nivel próximo al 10%.

La más extensiva considera que la diferencia total recoge mejor la desigualdad real porque la discriminación de género no solo incluye una discriminación salarial, sino también una asignación diferente de hombres y mujeres en empleos diferentes e incluso una subvaloración de los empleos tradicionalmente femeninos. Este último es el valor que recoge la brecha salarial.  

Así, las mujeres cobran menos que los hombres por un conjunto de razones diversas: ocupan muchos empleos a tiempo parcial; están sobrerrepresentadas en los sectores de bajos salarios; ocupan puestos inferiores en la jerarquía laboral; padecen discriminaciones en cuestiones de promoción; muchos de los empleos femeninos tienen un bajo reconocimiento social, etcétera. Además, y esto complica la situación, una buena parte de los puestos de trabajo que ocupan más frecuentemente mujeres se concentra en dos segmentos del mercado laboral: las profesiones asalariadas –especialmente en servicios públicos como la sanidad o la educación– y los empleos manuales de servicios.

La brecha salarial recoge todas estas circunstancias y, por tanto, no puede interpretarse de una manera simple. Por ejemplo, si crece el empleo en sectores profesionales preferentemente ocupados por mujeres, es posible que el tamaño de la brecha tienda a disminuir, aunque persistan discriminaciones por razones de género. Por tanto, una variación de unos pocos puntos en el valor de la brecha no puede tomarse sin más como una base sólida para interpretar que las desigualdades crecen o se reducen.

Como observamos en el gráfico 4, la brecha salarial de género se sitúa siempre por encima del 20%, un nivel suficientemente alto para indicar que estamos ante una desigualdad importante. Crece hasta 2013 y después se modera. Sin embargo, esta moderación podría reflejar más la recuperación del empleo (especialmente en sectores tradicionalmente feminizados) que un cambio significativo en las desigualdades de género.

Las desigualdades de género son importantes, pero no las únicas. Otras diferencias de salarios pueden también esconder discriminaciones que afectan a distintos grupos de personas. La nacionalidad es una de estas posibles causas, ya que habitualmente una gran parte de la población trabajadora de origen extranjero (con la notable excepción de los empleados de empresas multinacionales y profesionales de élite) suele concentrarse en las actividades menos retribuidas. Esto es así no solo porque son los últimos en llegar al mercado laboral y, debido a su precariedad económica y, en muchos casos, a su falta de cualificación, son más proclives a aceptar trabajos menos remunerados, sino también porque las políticas migratorias y otras relacionadas (por ejemplo, el reconocimiento de títulos profesionales) les abocan a mercados laborales marginales.

 Lo que podemos decir con la evidencia estadística disponible es que, efectivamente, esta brecha salarial asociada a la nacionalidad de origen existe y es especialmente importante para las personas procedentes de Latinoamérica y el resto del mundo (Asia y África). La brecha salarial con estos inmigrantes, y especialmente con los procedentes de Asia y África, ha tendido además a ampliarse con la crisis, una tendencia que es justo la contraria a la experimentada por los inmigrantes comunitarios (gráfico 5). 

La crisis ha supuesto un importante aumento de las desigualdades de renta y de la proporción de población que vive en riesgo de pobreza. Esta situación es el resultado de la combinación de un aumento del desempleo, los recortes en políticas sociales y una caída de las rentas salariales. 

En este trabajo nos hemos centrado en estudiar las desigualdades salariales y las condiciones laborales. En lugar de producirse una caída del conjunto de rentas salariales que habría afectado por igual a toda la población asalariada y mantenido estables las ya de por sí importantes desigualdades salariales, lo que constatamos, en cambio, es que estas desigualdades han aumentado, sobre todo porque lo que más ha empeorado son los salarios de los sectores que ya estaban en la parte inferior de la distribución salarial. 

Este empeoramiento ha sido causado por cambios en la legislación laboral y el crecimiento de los empleos temporales y a tiempo parcial.  Aunque este aumento de las desigualdades salariales tiene un impacto menor que el del resto de los factores citados, se suma a la situación y la agrava, muestra también la desigualdad por género y origen, y es en parte responsable del crecimiento de los «trabajadores pobres» un fenómeno relativamente nuevo en nuestro país. 

Las desigualdades se han convertido en una de las cuestiones centrales del debate económico y social de los últimos años (Piketty, 2014; Stiglitz, 2017; Milanovic, 2016; Grimshaw et al.,2017). Sus efectos influyen en aspectos tan diversos como la convivencia, la educación, la salud, etcétera. Y, sobre todo, la desigualdad extrema somete a una parte de la población a condiciones de vida intolerables. El hecho de que el propio funcionamiento del mercado laboral provoque que una parte de la población asalariada caiga en situaciones de pobreza y precariedad constituye un problema de una magnitud considerable, ya que tiene muchos efectos negativos colaterales, como el desaliento ante la búsqueda de empleo, el crecimiento de la economía informal e ilegal, o el incremento de la demanda de los servicios sociales.  

BANYULS, J., y A. RECIO (2015): «Gestión empresarial y dinámica laboral», Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía, 87.

GRIMSHAW, D., C. FAGAN, G. HEBSONE I. TAVORA (2017): Making work more equal. A new labour market segmentation approach, Manchester: Manchester University Press.

MILANOVIC, B. (2017): Desigualdad mundial: un nuevo enfoque para la era de la globalización, México: Fondo de Cultura Económica.

PÉREZ AMORÓS, F., E. ROJO TORRECILLA y H. YSÁS MOLINERO (2016): Balance de la reforma laboral, Albacete: Bomarzo. 

PIKETTY, T. (2014): El capital en el siglo XXI, Madrid: Fondo de Cultura Económica.

STIGLITZ, J. (2017): La gran brecha: qué hacer con las sociedades desiguales, Barcelona: Debolsillo.