La pandemia de la covid-19 ha causado una crisis sanitaria, económica y social de primera magnitud, pero también ha afectado profundamente a los sistemas políticos democráticos y a la relación que establecen los ciudadanos con el poder político. Los principales instrumentos de lucha contra el virus han supuesto una inédita restricción de algunas libertades fundamentales; esto es lo que ha sucedido en casos como los confinamientos domiciliarios o la prohibición de celebrar reuniones. Además, la necesidad de tomar numerosas decisiones, rápidas y complejas, ha favorecido procesos de centralización, concentración y tecnificación del poder. 

El objetivo fundamental del estudio sobre el que se basa este artículo es analizar cómo ha reaccionado la ciudadanía ante estos dilemas. La investigación llevada a cabo procura entender en qué medida el contexto de amenaza de la pandemia hace que los ciudadanos sean más tolerantes con determinados recortes de libertades y con un proceso de concentración y centralización del poder. Esta cuestión es relevante, ya que una mayor tolerancia ciudadana hacia las restricciones de derechos podría constituir una ventana de oportunidad para potenciales tentaciones de autoritarismo.

La investigación se basa en una encuesta («The Effects of the COVID-19 Outbreak on Democracy», COVIDEMO) en cinco oleadas, desde enero de 2020 a marzo de 2021. La encuesta se efectuó de forma periódica durante todo el año para poder observar en qué medida los cambios en las preferencias democráticas de la ciudadanía son estables o temporales.

Las políticas públicas aplicadas para luchar contra la propagación de la covid-19 en prácticamente todo el mundo han conllevado numerosas restricciones de libertades. Para conseguir el distanciamiento social, a menudo se ha recurrido a la coerción, con la amenaza de sanciones y la restricción de libertades. Ante esta situación, cabe preguntarse si esto resulta aceptable para la ciudadanía democrática. No obstante, se trata de un debate que guarda paralelismos con el que se produjo con el terrorismo internacional: tras los grandes atentados del 2001 en los Estados Unidos, se abordó la cuestión de en qué medida se está dispuesto a sacrificar las propias libertades a cambio de protección. Para procurar entender mejor esta cuestión, en la encuesta llevada a cabo se planteó el dilema entre la protección y la libertad a los entrevistados. El dilema se abordó en relación con distintas amenazas asignadas de modo aleatorio: el coronavirus, el terrorismo y el cambio climático. Esto permitió disponer de un punto de referencia para interpretar las respuestas relativas a la covid-19.

En el gráfico 1 se observa que los ciudadanos tienen una mayor disposición a sacrificar libertades fundamentales cuando se les pregunta acerca de la crisis de la covid-19, mientras que esta disposición es menor cuando deben responder sobre el cambio climático o el terrorismo internacional. Esto fue especialmente cierto en marzo del 2020, durante la primera ola de la pandemia. Entonces, el grado de acuerdo con la necesidad de sacrificar libertades era, de media, 8 en una escala de 10 puntos. No obstante, este grado de acuerdo se había reducido significativamente un año después, en marzo del 2021 (hasta una media de 6). Sin embargo, cabe destacar que en este momento los ciudadanos mantenían una mayor disposición a sacrificar libertades para luchar contra la covid-19 que para afrontar las otras amenazas globales. 

A fin de entender con mayor profundidad la disposición a limitar ciertas libertades fundamentales, la quinta ola de la encuesta incluía un experimento para evaluar el apoyo a dos medidas restrictivas de libertades que han estado muy presentes en el debate público: la limitación del derecho de manifestación y el rastreo de teléfonos móviles. Los datos muestran una gran aceptación de la limitación de manifestaciones, pero no así del seguimiento de móviles. 

El diseño de las preguntas de la encuesta permitía estudiar el papel de los expertos en salud pública como legitimadores de estas medidas. De forma aleatoria, a la mitad de los encuestados se les preguntó por su nivel de acuerdo con las medidas propuestas por expertos en salud pública. A la otra mitad se les plantearon exactamente las mismas medidas, pero en este caso propuestas por el Gobierno. En todos los casos, se advierte que los ciudadanos son más proclives a aceptar estas restricciones si son comunicadas por expertos en salud pública. 

La cuestión de los recortes de libertades no ha sido el único dilema democrático que ha planteado la pandemia de la covid-19. La gestión de una crisis de esta magnitud también tiene el potencial de alterar los equilibrios de poder que caracterizan a los sistemas democráticos. La división de poderes entre instituciones y niveles de gobierno (europeo, estatal, autonómico y local) puede percibirse como un obstáculo para responder de forma eficaz a una situación de crisis. De hecho, este fue el principal argumento para la imposición de un mando único estatal en el primer estado de alarma, en marzo del 2020. 

La encuesta incluía preguntas para evaluar en qué medida la ciudadanía apoyaba la concentración del poder bajo el argumento de luchar de modo más eficaz contra la pandemia. Por ello, se incluyó una pregunta sobre el grado de acuerdo con la necesidad de unión alrededor de un líder fuerte. Igual que en el caso de las libertades fundamentales, se preguntó a los encuestados sobre una de las mencionadas amenazas globales: la covid-19, el terrorismo internacional y el cambio climático. Como en el caso anterior, la amenaza sobre la que debían responder se asignó aleatoriamente, y se observa que los ciudadanos expresaban una mayor preferencia por un líder fuerte ante la amenaza de la covid-19 que cuando se les preguntaba por el cambio climático o por el terrorismo internacional. Esto fue especialmente cierto en la primera ola, en marzo del 2020, pero esta preferencia se mantuvo, aunque matizada, a lo largo de las cuatro olas de la pandemia. 

Como se ha indicado anteriormente, la pandemia generó en la ciudadanía una demanda muy importante de liderazgos fuertes, sobre todo en un primer momento. Para profundizar más en esta cuestión, se planteó un nuevo experimento en el marco de la encuesta de marzo del 2021. El experimento situó a los ciudadanos ante el dilema de optar por una gestión basada en un mando único con amplios poderes u otra que se basara en el diálogo en el seno del Parlamento y con los agentes sociales.

El dilema se planteó para distintas tareas asignadas aleatoriamente: la gestión de la crisis del coronavirus, de la crisis económica o de los asuntos públicos en general. Aunque en todos los casos la preferencia por una respuesta consensuada fue mayoritaria, la alusión a la crisis del coronavirus provocó que la diferencia fuera mucho menor: cerca de un 53% de los encuestados eligieron una gestión basada en los acuerdos y hasta un 47%, el mando único. En cambio, cuando se les preguntó sobre la crisis económica o la gestión, en general, de los asuntos públicos, la preferencia por un mando único descendió hasta el 36% y el 31%, respectivamente. Las preferencias de la ciudadanía sobre la gestión pública de la crisis del coronavirus todavía presentaban, un año después, importantes peculiaridades en comparación con la administración de otro tipo de aspectos.

Una dimensión adicional de los dilemas políticos que plantea la pandemia es la del reparto de poder entre los distintos niveles de gobierno. La pandemia es un problema global y, como tal, exige una fuerte coordinación entre países. Por otro lado, los poderes más cercanos al territorio tienen mejor información acerca del alcance de la pandemia, de sus capacidades de afrontarla y sobre los costes económicos y sociales de las medidas restrictivas. 

Para entender cómo los ciudadanos evaluaban esta disyuntiva, en la encuesta llevada a cabo se les preguntó acerca de sus preferencias: otorgar más poder al Gobierno central o bien a la Unión Europea en la gestión de la pandemia de la covid-19. Además, se compararon las respuestas con sus preferencias respecto a los otros dos retos globales (cambio climático y terrorismo), que conllevan problemas de coordinación y externalidades similares. Cada participante respondió sobre uno de los retos, asignado aleatoriamente. Los resultados muestran que, inicialmente, los ciudadanos se mostraron partidarios de otorgar mucho más poder al Gobierno central. Sin embargo, este efecto desapareció en cuestión de meses, posiblemente por la satisfacción con la gestión autonómica de la pandemia en España. En cambio, destaca la poca voluntad ciudadana de europeizar la gestión de la crisis de la 
covid-19, que contrasta marcadamente con la actitud frente a los otros retos que se plantean en la encuesta. No parece que la ciudadanía deposite muchas esperanzas en la Unión Europea para gestionar la actual crisis.

Finalmente, en el estudio llevado a cabo se analizó también otro de los dilemas democráticos que plantea la pandemia del coronavirus: la preferencia por una gestión tecnocrática o por otra de carácter político de los asuntos públicos. Este dilema es clave, puesto que, si la ciudadanía prefiere que gobiernen tecnócratas en lugar de políticos, y que los criterios que guíen su actuación sean puramente técnicos y no ideológicos, esto dificultaría la atribución de responsabilidades y la posibilidad de rendir cuentas. Asimismo, si la actuación de quienes gobiernan se basara en programas que eluden cualquier tipo de criterio ideológico, la necesidad de la democracia en sí misma quedaría en entredicho, ya que esto podría llevar a pensar que solo existen posibles respuestas técnicas ante los retos a los que se enfrenta la sociedad.

Para ver cómo habían cambiado las actitudes de los encuestados hacia la gestión técnica de lo público, se partió de una encuesta previa al estallido de la crisis de la covid-19. Concretamente, entre enero y marzo del 2020 se produjo un aumento significativo del apoyo a las soluciones tecnocráticas, tales como que el gobierno estuviera formado por técnicos y no por políticos, que la gestión se basara en criterios técnicos y no en programas políticos, así como la preferencia por votar a quienes hubieran gestionado bien los asuntos públicos a pesar de no compartir sus ideas. Sin duda, lo más significativo de estos datos es que, a diferencia de lo que sucede con otras actitudes de la ciudadanía, la tendencia desde el inicio de la pandemia se ha mantenido prácticamente inalterada en relación con el apoyo a las soluciones tecnocráticas. Esto confirmaría que las amenazas que estallan en un momento concreto pueden generar cambios duraderos en las preferencias de la sociedad.

El estudio sobre el que se basa este artículo ha seguido la evolución de las preferencias democráticas de la sociedad española durante el primer año de pandemia, a partir de la adaptación de una encuesta previa que habían realizado los autores antes de la crisis. En los datos se observa un fuerte efecto de la primera oleada de la pandemia, que llevó a la ciudadanía a aceptar importantes recortes de libertades y a apoyar la centralización del poder. También se ha documentado un marcado giro tecnocrático en la opinión pública. 

La evolución a lo largo del primer año muestra cierta tendencia a la normalización de las preferencias democráticas: a medida que pasaban los meses, la sociedad se mostraba menos dispuesta a aceptar recortes de libertades y cambios en los equilibrios de poder. Se podría pensar que se ha producido cierto aprendizaje sobre la posibilidad de una gestión democrática de la pandemia. Los únicos indicadores que se han estabilizado son los de las preferencias tecnocráticas: las preferencias por gobiernos técnicos se han reforzado significativamente este año.

Sin embargo, a pesar de cierta normalización, la pandemia sigue siendo un factor muy importante de apoyo a soluciones más autoritarias. La percepción de amenaza que experimenta la ciudadanía tiene efectos muy relevantes en sus preferencias democráticas. Este tipo de contextos pueden suponer ventanas de oportunidad para limitar libertades y concentrar el poder, pero también pueden constituir una buena razón para mantener en marcha una gestión de la salud pública basada en normas. Históricamente, distintos gobiernos con tendencias autoritarias han utilizado este tipo de contextos, asimilándolos a una amenaza externa, para alterar los equilibrios políticos y restringir derechos civiles. Sin embargo, en el caso de la crisis de la covid-19, la demanda de una gestión plenamente democrática de la pandemia es mayoritaria y se ha ido consolidando a medida que avanzaba la crisis.

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