En este nuevo informe sobre las necesidades sociales en España se analiza, por medio de un conjunto amplio de in­dicadores, la cobertura de aquellas necesidades relacionadas con la vivienda. Las principales fuentes utilizadas son la Encuesta de Condiciones de Vida, la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Estadísti­ca sobre vivienda y actuaciones urbanas del Ministe­rio de Fomento.

La satisfacción de las necesidades sociales ligadas a la vivienda figura en un lugar importante en cualquier valoración que se quiera hacer de los avances de una sociedad en términos de desarrollo social. La Consti­tución señala que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesa­rias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. En la práctica, sin embargo, son varios los hogares que tienen dificultades para que ese derecho se materialice de forma suficiente. Entre los principales retos pendientes de la sociedad española para una cobertura adecuada de las necesidades rela­cionadas con la vivienda existe consenso en destacar, sobre todo, tres: el acceso a la vivienda, el disfrute de unas condiciones adecuadas y la garantía de los recur­sos energéticos del hogar.

Para valorar los logros y los límites en cada uno de los re­tos descritos se utiliza un conjunto amplio de indicado-res, que incluye tanto algunos de los habitualmente uti­lizados en este ámbito, como otros nuevos que ofrecen una visión más ajustada de la satisfacción de estas ne­cesidades sociales. Estos nuevos indicadores permiten ahondar en aspectos importantes no siempre presentes en el análisis de estas problemáticas, como la sobrecar­ga de los gastos de vivienda, dando un importante pe­so a su valoración subjetiva, o la insuficiencia de las ren­tas del hogar para hacer frente a los gastos energéticos.

La utilización de un intervalo temporal amplio, con in­formación correspondiente a distintos momentos del tiempo, permite valorar cómo los cambios de ciclo económico –con datos para el período de bonanza an­terior a la crisis, durante el desarrollo de ésta y en la posterior fase de recuperación– han afectado a las ne­cesidades sociales relacionadas con la vivienda. Los indicadores analizados muestran que para muchas personas el coste de la vivienda es actualmente un pro­blema muy relevante, aunque también permiten iden­tificar que, en líneas generales, algunos de los proble­mas más graves relacionados con las condiciones de la vivienda afectan a una proporción relativamente pe­queña de la población española.

En el informe también se compara la situación de Es­paña con la de Europa mediante la selección de indica-dores representativos de cada uno de los tres retos. La información analizada revela que en algunos de esos retos la situación de la población española es más favo­rable que la de otros países de la UE con mayor renta, aunque se da una mayor incidencia de problemas co­mo el alto coste del alquiler de la vivienda en relación a la renta de los hogares o el empeoramiento de los pro­blemas de pobreza energética.

El informe presta atención a la respuesta de las políti­cas públicas a las necesidades sociales relacionadas con la vivienda. Se proponen distintos indicadores que resu­men la cobertura que de estas necesidades proporcio­na la intervención pública a través de distintos instru­mentos. La información recogida muestra la debilidad de las políticas públicas de vivienda en España y los pro­blemas para dar respuesta a un mercado de vivienda en alquiler más restringido y caro que en otros países.

Como en otros informes de esta colección sobre ne­cesidades sociales en España del Observatorio Social de la Caixa, el hecho de resumir la información a tra­vés de un sistema básico de indicadores, dejando que los datos hablen casi por sí solos y cualificando el rela­to con breves comentarios específicos que ayuden a la interpretación, constituye una novedad en el panora­ma de estudios sobre la realidad social. Le queda aho­ra al lector navegar en las páginas del informe, cons­truir su propio relato y confrontar lo que normalmente son opiniones e hipótesis con un conjunto novedoso y amplio de datos objetivos. 

1. El precio de la vivienda se incrementó considerablemente en España durante el período expansivo de los primeros años del siglo, lo cual hizo más difícil el acceso a este bien fundamental. La tendencia solo se invirtió con el inicio de la crisis, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero durante ese período disminuyeron también las rentas de muchas familias y se agudizó el problema de los desahucios.

2. El número de años necesarios para comprar una vivienda estándar, muy elevado hasta el año 2008, se rebajó durante los primeros años de la crisis y más tarde se estabilizó. En el caso del mercado de alquiler, en cambio, el esfuerzo económico de las familias ha aumentado en los últimos años. En conjunto, al menos uno de cada cinco ciudadanos gasta actualmente en vivienda (alquiler, hipoteca, intereses, etc.) más del 30% de los ingresos familiares.

3. La incidencia de los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca ha disminuido en los últimos años, una vez superada la crisis. Aunque la gran mayoría de las familias consigue hacer frente a estos pagos, más de la mitad de la población declara que el coste de la vivienda supone una carga pesada para sus hogares.

4. Muy pocas viviendas en España carecen de equipamientos básicos como inodoro o agua corriente, pero muchas tienen problemas vinculados a la falta de mantenimiento, a un mal diseño o a un tamaño inadecuado a las necesidades. El hacinamiento, aunque minoritario, puede tener consecuencias negativas para la salud y la integración social, sobre todo si se combina con otros problemas de la vivienda.

5. El aumento de las situaciones de pobreza energética en España fue un hecho durante la crisis. Las viviendas en las que hace frío en invierno o que no pueden pagar sus recibos de la luz y el gas apenas suponían un problema antes del año 2008; nueve años más tarde, estas situaciones presentan una incidencia significativamente más alta, pese a la mejora reciente. Se trata de un problema con múltiples causas: los bajos ingresos familiares, la baja eficiencia energética de las viviendas y el precio de la energía.

1. La situación de la población española respecto a la vivienda en comparación con la de otros países de la UE depende del indicador considerado. Las familias con problemas de hacinamiento son pocas en relación con el promedio europeo. En cambio, el coste de alquiler o la incidencia de los retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler son mayores en España que en otros países de la UE.

2. Casi uno de cada cinco ciudadanos vive en casas con algún problema de mantenimiento o falta de instalaciones, una proporción igual al promedio de la Unión Europea. Existen, sin embargo, grandes diferencias en este ámbito entre los países más ricos y los más pobres de la Unión.

3. La crisis económica ha hecho desaparecer la posición ventajosa que tenía nuestro país en términos de pobreza energética, aumentando el número de los hogares que tienen dificultades para pagar los recibos y no pueden caldear adecuadamente su vivienda cuando hace frío.

La vivienda es una de las necesidades sociales más importantes, esencial para poder llevar una vida digna. Su acceso debería estar garantizado en cualquier país desarrollado, tal como reconocen las principales cartas de derechos. Además de procurar el acceso de toda la población a una vivienda, esta debe tener unas condiciones adecuadas para poder vivir dignamente. Es necesario también que las familias puedan lograr un consumo energético básico para evitar el impacto negativo que la pobreza energética tiene en la salud de las personas y en el normal desarrollo de sus vidas.

Para muchas personas, el coste de la vivienda es un problema muy relevante, ya que han de destinar a este gasto una parte importante de lo que ganan y, en el caso de los jóvenes, constituye un freno para la emancipación del hogar familiar. Valga como prueba que el número de años que necesitaría un hogar para comprar una vivienda, suponiendo que destinara a ello el total de su renta disponible, permanece constante en torno a seis desde los momentos más álgidos de la crisis. Por otro lado, los indicadores permiten comprobar que, en líneas generales, algunos de los problemas más graves para la materialización de este derecho, como la carencia de baño en el interior de la vivienda o el hacinamiento, afectan solo a una pequeña proporción de la población española.

El precio de la vivienda se incrementó fuertemente en España durante el período expansivo de los primeros años del siglo, lo que hacía más difícil el acceso a este bien fundamental. La escalada de precios solo se detuvo a partir del año 2008, con el inicio de la crisis, pero la recesión supuso también un descenso de las rentas de los hogares, mayor dificultad para hacer frente a las deudas contraídas y un aumento de los casos de familias desahuciadas por impago del alquiler o la hipoteca.

Más de la quinta parte de los ciudadanos gasta en vivienda más de un 30% de lo que ganan. Este porcentaje permanece bastante estable desde el momento de mayor desaceleración del mercado inmobiliario. Ante este contexto, no es extraña la percepción extendida entre una proporción muy alta de ciudadanos de que el coste total de la vivienda supone una carga pesada para el hogar. En los últimos años ha aumentado, además, el coste de acceso a la vivienda en alquiler, una tendencia que perjudica especialmente a los jóvenes y a las familias inmigrantes.

Las necesidades correspondientes a las instalaciones sanitarias básicas de la vivienda están prácticamente cubiertas en su totalidad en los hogares españoles. Sin embargo, muchas viviendas (entre el 15 y el 20%) presentan deficiencias estructurales o un mantenimiento inadecuado. La incidencia de los problemas de hacinamiento tampoco parece especialmente grave, aunque en los casos en los que se combina con otras carencias de la vivienda, y en determinadas áreas, puede ocasionar complicaciones de salud e integración social.

Entre las necesidades sociales ligadas a la vivienda, una de las menos conocidas, pero de creciente calado en la opinión pública y en el debate político, es la relacionada con la pobreza energética. Aunque, en general, este tipo de pobreza tiene menor incidencia en los países con mayor renta por habitante, los indicadores utilizados para medir el alcance del problema revelan que afecta a un segmento no desdeñable de hogares españoles.

El problema adquirió especial protagonismo al inicio de la crisis, ya que los precios de la energía aumenta­ron drásticamente a la vez que se reducían las rentas familiares. La intensidad y la duración de la crisis hi­cieron que casi se duplicara el porcentaje de población afectada, mientras que en el resto de los países el in­dicador registró un comportamiento más estable. Esto hizo desaparecer la posición ventajosa que España te­nía en cuanto a la pobreza energética respecto al pro­medio europeo, medida según el nivel de dificultad para caldear adecuadamente la vivienda. España tam­bién destaca por la elevada sensibilidad del fenómeno a los cambios de ciclo económico.

El aumento de las situaciones de pobreza energética ha de ser reconocido y sus causas atajadas con políti­cas públicas más ambiciosas que las actuales. Para ello han de tenerse en cuenta los tres orígenes de la pobre­za energética: la baja renta familiar, la baja eficiencia energética de las viviendas y el precio elevado de la energía. La lucha contra la pobreza energética es im­portante por sus efectos negativos en términos econó­micos, sociales y de salud.

La situación de la población española respecto a las necesidades de espacio en la vivienda es, en términos comparados, más favorable que la de otros países de la UE con mayor renta, aunque esta valoración está muy condicionada por el indicador considerado. Las familias con problemas de hacinamiento son pocas en comparación al promedio europeo.

La mayor incidencia de algunos de los problemas descritos puede vincularse a la debilidad de las políticas públicas de vivienda en España. Entre otras medidas de intervención pública respecto al acceso a la vivienda, el gasto en ayudas directas en España es considerablemente inferior al de la UE-28 y, además, a diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los países europeos, disminuyó durante la crisis. Estas prestaciones las financian y desarrollan los gobiernos autonómicos, cuyo nivel de gasto ya era muy reducido antes de que empezara la crisis y con una capacidad presupuestaria muy mermada por la desaceleración de los ingresos tributarios y la necesidad de hacer frente a la creciente demanda de prestaciones de garantía de ingresos. No es extraño, dada esta baja inversión de recursos, que el efecto reductor de la pobreza de estas ayudas sea muy inferior en España al de la mayoría de los países europeos.

Hasta la generalización de los incentivos fiscales, a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, la vivienda protegida fue el principal instrumento de la política de acceso a la vivienda. Uno de los efectos duraderos del fomento del acceso a la propiedad a través de esta vía ha sido un mercado de vivienda en alquiler más restringido y caro que en otros países. La sobrecarga de los gastos de vivienda en los hogares españoles que viven en régimen de alquiler es una de las mayores de la Unión Europea, a pesar de la reducción de los precios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. No obstante, tal como sucede en otros países, la vivienda protegida puede ser un instrumento eficaz de universalización del derecho a una vivienda digna. Los datos, sin embargo, muestran una caída continuada de la vivienda protegida desde el inicio de la crisis hasta alcanzar niveles mínimos históricos en la actualidad.

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