Cuando, en 1986, España y Portugal se incorporaron a la Comunidad Económica Europea, se encontraban muy por debajo de la media europea en materia de actividades científicas y de inversiones y recursos destinados a la investigación. En ambos países, los gastos internos en I+D (GERD, según sus siglas en inglés) como porcentaje del PIB eran inferiores a un tercio de la media europea. Desde entonces, tanto España como Portugal han mejorado de forma significativa su posición en investigación, a distintas velocidades y por distintos caminos, y han avanzado hacia la convergencia con la media de la UE. Sin embargo, la Gran Recesión que empezó en el 2008 ralentizó este proceso de convergencia.

En el año 2019, el déficit en materia de GERD todavía era significativo, si bien se había producido una cierta recuperación: Portugal se situaba en el 64% de la media de la EU-27 y España en el 57%. No obstante, si se toman en consideración los indicadores de recursos humanos, se constata que Portugal se halla en una situación mucho más favorable que España, puesto que el número de investigadores por cada mil trabajadores del país luso rebasa la media de la EU-27.

La evolución de España y Portugal debe analizarse en un contexto más amplio. En el año 2019, en la EU-27 había 1,85 millones de investigadores (en equivalente a jornada completa); Portugal se situaba ligeramente por encima de los 50.000 y en España había unos 144.000. Los dos países representan conjuntamente el 10,5% del total de investigadores de la EU-27 y su población equivale al 12,9% de la población total de la EU-27.

Desde el 2005, en la UE hay más investigadores por cada mil habitantes que en Estados Unidos, y esta ventaja no deja de crecer. En todo el mundo, el número de investigadores ha aumentado de forma significativa, pero el impulso principal proviene de los países asiáticos, y en especial de China, que en el 2014 superó a la EU-27. En el 2019, China acaparaba más de 2,1 millones de investigadores, mientras que los de Japón y Corea del Sur sumaban más de 1,1 millones.

En la península Ibérica, la percepción social y los medios de comunicación identifican el problema de la investigación y de los recursos humanos en ciencia y tecnología como algo permanente. De hecho, las autoridades políticas no han intentado abordar la situación con nuevos mensajes y políticas hasta hace muy poco. Con todo, las mejoras en épocas recientes en España y Portugal han sido insuficientes. Entre el 2008 y el 2019, la cifra de investigadores (en equivalente a jornada completa) en la EU-27 aumentó el 46%, pero en España y Portugal el incremento no fue proporcional. Por consiguiente, pese a las leves mejoras experimentadas por ambos países, la brecha ibérica ha aumentado, y la participación de España y Portugal en el total de investigadores de la EU-27 ha disminuido, en particular en el caso de España. En efecto, la contribución relativa de España y Portugal al conjunto de investigadores de la EU-27 es ahora menor que hace diez años. La cifra absoluta de investigadores en estos dos países no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis hasta hace poco, y en España el número de investigadores que trabajan en la Administración sigue estando por debajo de su máximo histórico. En cambio, Italia y Grecia -los otros dos países del sur de Europa de nuestro grupo comparativo de países- han aumentado su participación y sus cifras absolutas totales. 

Tanto en España como en Portugal, el principal desafío consiste en aumentar el número de investigadores que trabajan en el sector privado, dado que la I+D en la empresa impulsa la innovación. Los gastos del sector privado en I+D y la contratación de investigadores en el mundo de la empresa están interrelacionados y dependen de las estructuras industriales de cada país. En este sentido, España y Portugal se están quedando rezagados con respecto a sus socios europeos.

En Austria, Francia, Alemania y Finlandia, el porcentaje del personal investigador en el sector privado rebasa la media de la EU-27, que se sitúa en el 55% -es decir, el 55% del total de investigadores trabajan en el sector privado-, mientras que, en España y Portugal, la proporción de personal investigador empleado en el sector privado roza el 38% del total. En el país luso, los investigadores se concentran en el sector de la educación superior, mientras que en España un porcentaje significativo de ellos trabajan en la Administración.

Contar con un mayor número de investigadores en el sector privado no es algo meramente simbólico, puesto que mejora la capacidad de absorción de las empresas; es decir, su potencial para absorber las tecnologías y el conocimiento disponibles e incorporarlos a sus procesos de producción y comercialización con miras a aumentar la productividad. El desafío de incrementar el número de investigadores empleados en el sector privado resulta evidente al constatar que los gastos en I+D (BERD) como porcentaje del PIB en España y Portugal equivalen aproximadamente a la mitad de la media de la EU-27. Incluso la media de la EU-27, que representa el 1,46% del PIB, es muy inferior a la de los principales competidores de Europa, como Estados Unidos (2,05%) y Japón (2,60%).

Teniendo en cuenta la evolución de las condiciones de empleo en el mercado laboral académico, cabe esperar que la cifra futura de investigadores postdoctorales que opten por el sector académico sea inferior a la actual. Este cambio podría impulsar la creación de unas condiciones más favorables para la contratación de personal investigador en el sector privado, si bien las oportunidades para ello dependerán de cada campo de investigación.

Tradicionalmente, el sector público de la investigación se ha caracterizado por unas condiciones laborales más estables. Sin embargo, la creciente precariedad de los puestos de trabajo para investigadores postdoctorales en el mundo académico implica que las oportunidades fuera de este ámbito pueden brindar mejores perspectivas.

Un reciente informe de la OCDE sobre autores científicos destaca la precariedad que caracteriza a las carreras académicas en todo el mundo y la necesidad de diversificar tanto las oportunidades de formación como las laborales. En este sentido, la situación en España es mejor que en Portugal. Mientras que en España la mayoría de los autores principales disfrutaban de la estabilidad que les ofrecía un empleo indefinido, en Portugal más de la mitad tenían un contrato temporal, con la consiguiente inseguridad laboral que ello comporta.

La expresión «precariado investigador» (el término «precariado» es una combinación de las palabras «precario» y «proletariado») se ha acuñado para designar al amplio grupo de investigadores que en todo el mundo están sometidos a unas condiciones laborales precarias. Entre el 2014 y el 2019, el número de doctorados en los países de la OCDE aumentó el 25%. Muchos de ellos, sin embargo, deben hacer frente a un largo período postdoctoral en el ámbito académico, en el que encadenan becas y contratos temporales, a menudo de corta duración o a tiempo parcial. Las mujeres se ven afectadas por estas condiciones de forma mayor y muchas terminan por abandonar el mundo académico. 

La OCDE formula una serie de recomendaciones y opciones políticas para mejorar las condiciones laborales y el desarrollo profesional de los investigadores. España y Portugal han implementado políticas para abordar la precariedad de las carreras de investigación, en especial en las fases iniciales e intermedias, en consonancia con las recomendaciones de la OCDE, pero todavía existe un amplio margen de mejora.

Portugal ha desarrollado recientemente un marco jurídico para estimular el empleo científico y reducir la precariedad de los investigadores. Los nuevos Laboratorios Colaborativos (CoLAB) fomentan la contratación de investigadores en los sectores productivo, social y cultural. Portugal también ofrece beneficios fiscales a las empresas que contratan a doctorados y supervisa los resultados de las políticas en materia de empleo científico.

España ha creado el programa Ramón y Cajal para promover la contratación de investigadores en centros de investigación; el programa I3, que brinda incentivos económicos a las universidades y organismos públicos de investigación para la creación de puestos de trabajo permanentes para investigadores, y el programa Torres Quevedo, que ofrece incentivos para la contratación de doctorados en el sector privado. Además, se pondrá en marcha una nueva iniciativa que proporcionará contratos indefinidos a los trabajadores del sector público que hayan ocupado una plaza interina durante cierto tiempo. 

Fuente: adaptado de OCDE (2021b). 

Para comprender el impacto de la ciencia y la tecnología en la economía en general, se puede examinar la distribución del empleo en las actividades intensivas en conocimiento (KIA, según sus siglas en inglés); es decir, en aquellos sectores de actividad en los que al menos una tercera parte de los trabajadores han cursado estudios superiores. Tanto España como Portugal presentan una tasa de empleo en este tipo de actividades que se sitúa por debajo de la media de la EU-27 y de la media de casi todos los países similares. Ello indica que la demanda de trabajadores cualificados en los sectores KIA es menor que en la mayor parte del resto de Europa, al tiempo que refleja una brecha estructural. Esta también es muy significativa si se analiza el empleo en España y Portugal en los sectores manufactureros más intensivos en I+D –los sectores de alta tecnología y de tecnología media-alta–, muy por debajo de la media de la UE. 

En vista de la brecha estructural que sufren España y Portugal en la demanda de trabajadores de alta cualificación, es imprescindible que estos dos países impulsen nuevos desarrollos en los sectores intensivos en conocimiento. Ello aumentará la demanda de personal altamente cualificado, al tiempo que mejorará las cualificaciones de los trabajadores de las industrias tradicionales. 

En su Estrategia Europa 2020, la UE se fijó el objetivo de que el 40% de la población de 30 a 34 años hubiera cursado estudios superiores. Cuando se propuso este objetivo, en el 2010, Portugal presentaba un nivel significativamente inferior, pero España ya lo había alcanzado. Desde entonces, Portugal ha mejorado de forma notable (del 21,6%, en el 2011, al 39,6%, en el 2020), pero todavía está muy a la zaga de otros países. España ha avanzado más lentamente, pero se sitúa, con un 44,8%, por encima de la media de la EU-27. Si bien estas cifras indican la presencia de una fuerza de trabajo cada vez más cualificada, cabe destacar que la proporción de estudiantes universitarios matriculados en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, según sus siglas en inglés) es relativamente baja en ambos países, aunque Portugal aventaja ligeramente a España.

Aunque la educación superior constituye la base más amplia de la formación avanzada, tanto España como Portugal han invertido significativamente en la formación de doctorados.

Ello les ha permitido alcanzar un porcentaje de nuevos doctorados con relación a la población que se corresponde aproximadamente con la media de la EU 27, si bien aún dista mucho del de países como Alemania y Finlandia. Hay que destacar que, tanto en España como en Portugal, los estudiantes inician los programas de doctorado a una edad superior a la de la media de la EU-27, lo que significa que obtienen el título a edades más tardías y ello puede repercutir en el empleo. No obstante, los progresos de España y Portugal en la formación de doctorados abren oportunidades para el futuro.

La existencia de trabajadores cualificados es una condición esencial para apoyar el desarrollo de la investigación y poder generar el conocimiento que promueve la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar. España y Portugal, que partían de unas posiciones claramente desventajosas antes de incorporarse a la UE, han desarrollado sus recursos humanos de forma sistemática, pero este proceso ha sufrido algunos contratiempos con las recientes crisis económicas. La limitada implicación del sector privado en la investigación sigue siendo un desafío para ambos países, al igual que las precarias condiciones de trabajo de los investigadores y la falta de oportunidades laborales en el ámbito empresarial. 

La proporción de empleo en actividades intensivas en conocimiento se mantiene muy por debajo de la de países similares. Estas conclusiones revelan la importancia de reforzar las políticas centradas en la demanda para mejorar la base de conocimientos de la economía. Ello es especialmente importante si se considera de forma paralela a los datos de la formación superior, en la que España y Portugal han mejorado de forma significativa, llegándose a situar, en algunos casos, por encima de la media de la UE. Con todo, existe el riesgo de que los desequilibrios entre la oferta y la demanda de investigadores obliguen a los trabajadores de alta cualificación a emigrar si no logran encontrar oportunidades de desarrollo profesional en su país. Este fenómeno ya se produjo, en cierta medida, tras la crisis financiera mundial del 2008. Las políticas de recuperación tras la pandemia de covid-19, que también ha afectado al sistema de investigación e innovación, constituirán una excelente oportunidad para mejorar la demanda de recursos humanos en ciencia y tecnología. Estas políticas son fundamentales para garantizar que España y Portugal no deban enfrentarse continuamente a una fuga de cerebros y que, por el contrario, sus recursos humanos sean cada vez más una fuente de competitividad y bienestar.

Autores:
 

• Laura Cruz Castro, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Madrid, España.

• Luis Sanz Menéndez, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Madrid, España.

• Tiago Santos Pereira, Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coímbra, Portugal.

• Cláudia Sarrico, Escuela de Economía y Gestión (EEG), Universidad del Miño y Centro para la Investigación en Políticas de Educación Superior, Portugal.

CRUZ-CASTRO, L., y L. SANZ-MENÉNDEZ (2016): «The effects of the economic crisis on public research: Spanish budgetary policies and research organizations», en Technological Forecasting and Social Change, 113, parte B, 157-167.

OCDE (2021a): OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and Opportunity, OECD Publishing.  

OCDE (2021b): «Reducing the precarity of academic research careers», en OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 113, OECD Publishing.

SANZ-MENÉNDEZ, L., y L. CRUZ CASTRO (2017): «La investigación en España: las actitudes de empresas, Gobiernos y ciudadanos», en Dossier Investigación e innovación: ¿qué nos jugamos?, El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”.