Pablo Simón Cosano, Universidad Carlos III de Madrid;
El presente estudio trata sobre la cultura política de los españoles y la calidad de sus instituciones. La tesis central es que ambos elementos pueden dificultar que las demandas de redistribución se traduzcan en un pacto social efectivo. Por el lado de la cultura, se muestran la baja satisfacción de los españoles con el funcionamiento de la democracia, el importante peso de la justicia social en su concepción de esta, la mayor propensión a la protesta en comparación con otros países y su notable apoyo a la tecnocracia. Por el lado de la calidad institucional, se tratan la baja eficacia del Gobierno en perspectiva comparada, la escasa fortaleza de su legislativo para incidir en políticas públicas, la pobre percepción de independencia de la justicia y el funcionamiento de la descentralización, mejorable desde la perspectiva de la cooperación horizontal.
Puntos clave
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1La satisfacción con la democracia, la confianza en las instituciones y los agentes del sistema (gobierno, partidos políticos, parlamento, sistema legal y judicial) se desplomaron tras la Gran Recesión y, en el caso de España, apenas se han recuperado. En general, esto refuerza la preferencia de los ciudadanos por gobiernos de expertos.
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2La participación de los españoles en manifestaciones es elevada. En cambio, los niveles de participación política institucional y la implicación en asociaciones son bajos.
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3Aunque España es uno de los países donde más ciudadanos son partidarios de que las diferencias sociales sean pequeñas, la redistribución efectiva que hace el Estado es limitada desde una perspectiva comparada.
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4La importancia que otorgan los españoles a la justicia social resulta compatible con ideas centrales de la democracia liberal, como el control del poder mediante pesos y contrapesos o la democracia directa.
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5Con menos medios, capacidad técnica e independencia de sus trabajadores públicos, España se sitúa a la cola de los países del sur de Europa en términos de calidad de las instituciones encargadas de diseñar las políticas públicas.
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6El Parlamento español tiene una capacidad de nombramiento de cargos y control político del ejecutivo asimilable a la de los parlamentos de su entorno, pero pocos recursos y capacidad para influir directamente en las políticas públicas.
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7Los españoles perciben al sistema judicial como poco independiente de los poderes políticos y económicos, lo cual atribuyen principalmente a su sistema de gobernanza.
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8España se caracteriza por ser un país relativamente descentralizado, pero faltan instituciones de gobierno compartido y coordinación horizontal entre las comunidades autónomas.
Porcentaje de ciudadanos que dicen confiar en sus instituciones, 2001-2019
La confianza de los españoles en sus instituciones toca suelo en 2014 y se estabiliza en niveles bajos.
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